Thursday, September 15, 2016

El aniversario de la Carta Democrática de la OEA y su deuda con Venezuela

By: María Teresa Romero

(Pan Caliente) Carta Democrática
De modo que una contundente mayoría de venezolanos seguimos esperando que los miembros de la OEA decidan algo sobre la situación nacional que padecemos y que cada día se deteriora más. (Pan Caliente)
La conmemoración el pasado 11 de septiembre de los 15 años de la Carta Democrática Interamericana (CDI) de la Organización de Estados Americanos, mecanismo jurídico de avanzada cuya trayectoria ha sido positiva en muchos sentidos, lamentablemente coincide con la paralización de su aplicación al gobierno de Venezuela.
Conforme con su capítulo 20 y después de numerosas vicisitudes, finalmente el pasado 30 de mayo el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, invocó a esta especie de Carta Magna del hemisferio, llamando a una reunión urgente sobre Venezuela, y presentando para su evaluación un informe detallado y contundente sobre la terrible situación de nuestro sistema democrático.



Este paso sin precedentes que se dio en contra de la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro, produjo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización, en junio pasado, pero esa importante cita cerró sin que los países miembros adoptaran medidas concretas para atender la crisis venezolana.
La CDI continúa activada, es cierto; pero no ha habido una aplicación real en el caso venezolano. Aparte de pronunciamientos unilaterales, la mayoría de los gobiernos que por voluntad propia firmaron y se comprometieron con la CDI, aún no se disponen a reunirse en el marco de la organización para una apreciación y pronunciación colectiva sobre las violaciones crecientemente graves del gobierno venezolano a la Constitución Nacional y a la Constitución de toda la región.
De modo que una contundente mayoría de venezolanos seguimos esperando que los miembros de la OEA decidan algo sobre la situación nacional que padecemos y que cada día se deteriora más.

Luego de tres meses de haberse presentado, el informe Almagro ya se quedó corto; ha sido sobrepasado por la cantidad de desmanes que ha cometido el gobierno desde junio a la actualidad, no sólo contra la dirigencia opositora agrupada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), sino contra la mayoría de la sociedad civil que con protestas y marchas pacíficas manifiesta diariamente contra sus acciones radicales y por la realización urgente, este mismo 2016, del referéndum revocatorio (RR) presidencial solicitado por la oposición desde hace meses.
Baste mencionar, entre muchísimos ejemplos, la arremetida represiva que el régimen madurista viene ejerciendo contra quienes se oponen a su gobierno, en particular contra líderes de la MUD, periodistas y estudiantes desde la denominada “Toma de Caracas” del pasado 1° de septiembre, a la que acudieron más de un millón de venezolanos para protestar en forma pacífica, pero firme, contra la gestión y el proceder gubernamental, así como para exigir su derecho constitucional de un RR de su mandato.
¿Por qué no se terminan de pronunciar los gobiernos de la región en colectivo?, ¿Qué tanto esperan para cumplir con la obligación de reunirse y tomar decisiones respecto al caso venezolano, lo cual sí hicieron de forma inmediata ante el caso hondureño del 2009 cuando el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya?
¿Será que esperan que el gobierno de Maduro y el Consejo Nacional Electoral a su disposición terminen de bloquear el RR para este año? ¿O será que en la OEA, pese a la visible deriva dictatorial y militarista del régimen tienen aún miedo o compromisos crematísticos que les impiden identificar las serias alteraciones al orden constitucional venezolano y hacer valer el derecho a la democracia que tienen sus ciudadanos?
No se sabe a ciencia cierta la causa de esta especie de paralización de los miembros de la OEA, aunque no la de su Secretario General que viene actuando apegado a lo dispuesto en la Carta y quien a propósito de su decimoquinto aniversario recordó muy diplomáticamente a los miembros de la OEA que, tras haber activado la CDI para Venezuela:
“He dejado abierto el proceso de evaluación colectiva. Quedan pendientes los próximos pasos”, y que “la CDI nos dice que las libertades fundamentales, los derechos humanos y la democracia no existen sólo cuando es conveniente. Nos recuerda que si existen violaciones a esos derechos, es nuestra obligación señalarlas. Y nos indica que si estamos comprometidos con la protección de los principios y la práctica de la democracia en el continente, debemos estar dispuestos a actuar”. (http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/11/actualidad/1473611608_069771.html)
Sería un grave error para ellos mismos como gobiernos supuestamente democráticos y para la mermada credibilidad y prestigio de la OEA, que sus miembros no se pronunciaran como les toca y no hicieran nada –más allá de apoyar el infructuoso diálogo que dicen llevar los ex presidentes Rodríguez Zapatero de España, Torrijos de Costa Rica y Fernández de República Dominicana– para ayudar a recomponer la institucionalidad democrática en Venezuela.
Junto a este pronunciamiento para el caso particular de nuestro país, los miembros de la OEA deberían de una vez por todas hacer una revisión y actualización de la CDI porque a pesar de sus adelantos jurídicos, aún tiene deficiencias y no estipula claramente qué hacer, cómo responder, ante aquellos gobiernos que si bien han llegado al poder a través de las urnas, es decir tienen legitimidad de origen, en su ejercicio gubernamental se convierten en autocracias disfrazadas de democracia.
La OEA y su Carta Democrática deben adecuarse al momento político que vive la región y sus miembros deben hacer un nuevo contrato democrático en el que se inserte la obligatoriedad de las decisiones. Además que la CDI defina claramente los alcances de los principios de promoción y defensa democrática y el de la no intervención, y que incluya a la Sociedad Civil y a las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) como entes denunciadores ante la Secretaría General del ente cuando se constaten alteraciones al orden democrático e institucional en América Latina.
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