por Louisa Reynolds, desde Guatemala
El viernes pasado, la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, se presentó a declarar a la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, donde fue imputada como la supuesta cabecilla de una estructura que saqueó las arcas de un estado que ocupa el quinto lugar de desnutrición infantil a nivel mundial. A Baldetti se le acusa de lavado de dinero, cohecho activo y pasivo, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Un total de 53 personas han sido imputadas en el llamado "caso cooptación del estado", una lista en la cual figuran el ex presidente Otto Pérez Molina, varios integrantes de su gabinete, grandes empresarios, banqueros y financistas del Partido Patriota que llevó a Pérez Molina y a Baldetti al poder en 2011.
El "caso cooptación del estado" es parte de un complejo entramado de corrupción que comenzó a develarse el 16 de abril de 2015, cuando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada por Naciones Unidas en 2006 para desmantelar a los grupos de crimen organizado en el país y fortalecer las instancias del sector judicial, promovió el arresto de 21 funcionarios y ex funcionarios acusados de integrar una gigantesca red de defraudación aduanera conocida como "La Línea" que mermaba al fisco mediante el ajuste irregular de los aranceles de importación y la simulación de ingreso de mercancías. Los investigadores calculan que unos 1.500 contendores de mercancías ingresaron al país sin pagar impuestos y que "La Línea" defraudó en más de USD 3,7 millones al estado.
"La Línea", según la CICIG, era una estructura jerarquizada donde el nivel más bajo de la pirámide eran los tramitadores aduaneros y técnicos administrativos encargados de la inspección aleatoria de contenedores. En el segundo nivel se encontraba el secretario privado de Baldetti, Juan Carlos Monzón, y en la cúspide se encotraban Baldetti y el propio Pérez Molina, quienes guardan prisión por su involucramiento en ese y otros dos casos de corrupción. Un total de 50 personas han sido detenidas por su supuesto involucramiento en el caso "La Línea".
El 16 de abril, día en que el Ministerio Público (MP) giró la órden de captura contra los presuntos cabecillas de la "La Línea", los investigadores acudieron a la oficina de Canchas Deportivas, una empresa propiedad de Monzón. No lograron capturarlo, ya que se encontraba en Corea del Sur, donde acompañaba a Baldetti, quien recibía un doctorado honoris causa de la Universidad Católica de Daegu. Pero hallaron cheques, boletas de depósitos y escrituras de creación de empresas de cartón que demostraban que "La Línea" no era más que la punta del iceberg, uno de los muchos negocios mediante los cuales el gobierno patriota saqueó al estado de Guatemala durante sus cuatro años en el poder.
Monzón se dio a la fuga durante el viaje a Corea del Sur y, tras permanecer prófugo durante 172 días, se entregó a la justicia el 5 de octubre de 2015 y funge como colaborador eficaz del MP.
Financiamiento ilícito y recompensas millonarias
La información hallada en los documentos, computadoras y discos duros que fueron incautados en la oficina de Monzón fueron como las piezas de un gigantesco rompecabezas que los fiscales del MP fueron uniendo para demostrar la existencia de una red criminal que incluía a grandes empresas, medios de comunicación y constructoras que financiaron de manera ilícita al PP.
Durante las audiencias que se llevaron a cabo esta semana, el MP demostró que los canales de televisión 3 y 7 donaron más de USD 2.2 millones que el PP utilizó para la compra de vehículos entre 2008 y 2011. Según los investigadores, tras su llegada al poder en 2012, el gobierno de Pérez Molina otorgó contratos de publicidad a estos medios por más de US$26.2 millones.
Con las demás empresas señaladas se repite el mismo patrón de financiamiento ilícito (las donaciones nunca se declararon ante el Tribunal Supremo Electoral en cumplimiento con la ley) y recompensas millonarias.
Entre los 53 acusados también figura Ana Graciela López Gálvez, exgerente de las gasolineras Blue Oil, empresa que entregó a Monzón cheques por un valor total de US$115 mil que financiarían la campaña del PP a cambio de facturas quincenales de empresas de cartón por servicios que no fueron prestados, las cuales fueron utilizadas por Blue Oil para defraudar al fisco.
De igual manera, Conasa, una de las empresas constructoras más grandes del país, entregó US$261 mil a un entramado de empresas fachada a cambio de servicios no prestados. Los fondos fueron utilizados para financiar la campaña del PP. Durante la administración de Pérez Molina (2012-2015), Conasa recibió contratos por un monto total de US$72 millones.
Otras empresas señaladas incluyen la aseguradora GyT y la telefónica Claro, la cual pertenece a la empresa mexicana América Móvil, cuyo accionista mayoritario es el magnate Carlos Slim.
A Fernando Peña, presidente de Banrural, el tercer banco que más fondos recibe del estado en deuda interna, se le acusa de haber recibido y ocultado US$2.6 millones captados por la red del PP, para comprar las acciones del diario Siglo 21, cuyo director, Estuardo Salvador González Álvarez, alias Eco, es uno de los imputados en el caso "La Línea" y también funge como colaborador eficaz del MP.
Los 16 acusados de crear las empresas de cartón que fueron utilizadas para simular la prestación de bienes y servicios han sido denominados por el MP como los "Lavadores", grupo que incluye al ex ministro de Agricultura Edín Barrientos y al ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, quien también enfrenta otro proceso por su participación en otro caso de corrupción conocido como "el caso IGSS Pisa". A este grupo se le acusa de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho pasivo y falsedad material. Todos eran personas de confianza de Baldetti y de Pérez Molina, o fueron referidos al binomio presidencial por Monzón.
El Estado se convirtió en un negocio. Pérez Molina y Baldetti lideraron un emporio criminal
Además de los documentos hallados en la oficina de Monzón, los investigadores cuentan con los testimonios de unas cien personas contratadas para fungir como socios o representantes ilegales de las empresas de cartón creadas por el PP. Muchos de ellos fueron contratados por Daniel Pellecer Siliézar, el chofer de Baldetti.
Durante las audiencias, también ha salido a luz cómo Baldetti supuestamente coordinó el cobro de comisiones a los contratistas de diversas dependencias del Estado, entre ellas el Registro de Información Catastral, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Fondo Nacional de Desarrollo, la Portuaria Quetzal, los aeropuertos y el Ministerio de Cultura y Deportes. Baldetti supuestamente les asignó a Monzón y a Pérez Molina la tarea de negociar y cobrar las comisiones.
"El Estado se convirtió en un negocio", denunció el titular de la CICIG, Iván Velásquez, quien describió la red liderada por Baldetti y Pérez Molina como "un emporio criminal". Este "emporio", según el MP, recibió un total de USD 37,9 millones por el cobro de comisiones a contratistas, fondos que se repartieron entre Pérez Molina, Baldetti, Monzón y otros.
Cuando el caso "La Línea" salió a luz en abril de 2015, la mayoría de los señalados eran funcionarios y exfuncionarios, además de un pequeño grupo de importadores asiáticos. En el caso "cooptación del estado", por el contrario, grandes empresarios como el expresidente del banco GyT Continental y Álvaro Mayorga, propietario de Conasa, una de las empresas constructoras más grandes del país, figuran entre los detenidos. José Carlos Sanabria, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, afirma que es importante que también estén saliendo a luz no solo los nombres de los corruptos, sino también de los corruptores.
"Es importante que se haya podido encontrar el otro lado de la moneda. Acá, la contraparte fueron ciertos representantes del sector empresarial que se beneficiaban de los actos que realizaban estas estructuras paralelas. Se están alcanzando a muchos sectores que anteriormente no se podían alcanzar y que tenían la esperanza de vivir bajo un manto de impunidad", afirma Sanabria.
Ropa, joyas y mansiones
Durante las audiencias que se llevaron a cabo esta semana, el MP detalló cómo Baldetti y Pérez Molina gastaron el dinero. Baldetti pagó USD 27.120 por una lipoescultura que se realizó en un centro estético ubicado en Miami, procedimiento a raíz del cual ahora padece de un absceso en la cadera, producto de una infección; USD 116.522 en ropa de Channel, Alexander McQueen y otros diseñadores de lujo; USD 29.327 en zapatos de Louis Vuitton, USD 22.000 en perfumes, joyas, vinos y comidas en restaurantes de lujo; USD 8.700 en viajes; y USD 57.974 en estadías en hoteles de cinco estrellas de las cadenas Marriott y Mandarin Oriental en Asia, Europa, Suiza y Estados Unidos.
Pérez Molina llegó a tener en sus cuentas bancarias USD 2,2 millones y con las comisiones que recibía compró una finca en Chimaltenango valorada en USD 700 mil; una finca en el departamento oriental de Izabal valorada en USD 158 mil; dos motocicletas Harley Davidson por un valor de USD 28 mil cada una; y un Jaguar y un Jeep por un valor total de USD 100 mil, entre otros lujos.
La CICIG reveló, además, la existencia de un círculo de exfuncionarios que hacían aportes provenientes del cobro de comisiones a contratistas para agasajar a Baldetti y a Pérez Molina con costosos regalos el día de sus respectivos cumpleaños. Este otro caso, que se desprende del caso "cooptación del estado" se conoce como el "caso cooperacha".
Cuando era el cumpleaños de Pérez Molina, Baldetti solicitaba el dinero a los funcionarios que participaban en la estructura criminal y cuando era el cumpleaños de Baldetti era Pérez Molina quien hacía la petición. Monzón recaudaba los fondos. Entre 2012 y 2014, "la cooperacha" recaudó un total de US$4.8 millones, fondos que fueron utilizados para regalarle a Pérez Molina una lancha de US$261 mil; una casa de playa en el departamento suroriental de Santa Rosa valorada en US$1 millón y un helicóptero valorado en US$3.5 millones. A Baldetti, le compraron una casa en el lujoso complejo hotelero de Roatán, Honduras, valorada en US$1.2 millones.
Por su participación en la "cooperacha" fueron detenidos el exministro de la Defensa, Manuel López Ambrosio, y el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, mientras que otros dos ex funcionarios señalados, el exministro de Energía y Minas, Erick Archila, y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se encuentran prófugos. Otro exfuncionario señalado, Juan de Dios Rodríguez, ex presidente del IGSS, ya guarda prisión por su involucramiento en la compra de medicinas sobrevaloradas, caso conocido como "IGSS Pisa".
Reforma del estado: la gran tarea pendiente
En 2015, el caso "La Línea", provocó una oleada de manifestaciones de rechazo a la clase política y sirvió de inspiración para un movimiento de protesta en Honduras, país vecino cuyo gobierno se vio involucrado en un escándalo de corrupción de la misma magnitud.
Se agotó el modelo existente. Ya no se puede pensar en el Estado como un gran bolsón de recursos para robar
La presión social fue de tal magnitud, que Baldetti se vio obligada a renunciar en mayo y el Congreso no tuvo más remedio que desaforar a Pérez Molina a inicios de septiembre. Antes de dejar el cargo, el exmandatario se vio obligado a solicitarle a Naciones Unidas que renovara el mandato de la CICIG por otros dos años. Abundaron las comparaciones con las manifestaciones en la Plaza Tahrir que condujeron al derrocamiento del exdictador egipcio Hosni Mubarak, y el movimiento ciudadano que sacudía a Guatemala y Honduras fue bautizado como una "primavera centroamericana".
Bajo el calor de las protestas, Jimmy Morales, un comediante que ni siquiera figuraba en las encuestas, logró capturar el voto "anti-sistema" con el eslógan "ni corrupto ni ladrón" y un discurso nacionalista-conservador que encontró eco entre la clase media. Sin embargo, el entusiasmo que despertó su llegada al poder fue de corta duración, ya que seis meses más tarde sigue sin presentar un plan de gobierno coherente y fue señalado por nombrar como Ministra de Comunicaciones a una contratista del estado.
Los analistas advierten que los cambios no se darán de la noche a la mañana y que la transición de la protesta a la formulación de una nueva propuesta que cambie las reglas del juego e impida que los gobiernos de turno conviertan al Estado en un botín, será una tarea larga y difícil.
A finales de 2015, se aprobó una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que establece controles mucho más estrictos sobre el financiamiento electoral. También se reformó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado para impedir que los financistas de campaña obtengan contratos millonarios una vez que el partido que apoyaron llegue al poder, pero el futuro de la reforma es incierto ya que los sectores afectados, principalmente la gremial de empresas farmacéuticas, está ejerciendo fuertes presiones para revertirla.
"Se agotó el modelo existente. Ya no se puede pensar en el Estado como un gran bolsón de recursos para robar. Hoy estamos entrando en una segunda etapa, la de efectuar reformas profundas para que pueda haber impactos transformadores. No basta con cambiar sólo pedacitos", afirma el politólogo Renzo Rosal. "Las fuerzas anti cambios, las mismas que están siendo tocadas por estos cambios, se sienten arrinconadas y se pueden reagrupar y rearticular para ponerle un alto a lo que está sucediendo".
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