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Monday, September 26, 2016

¿Debería ser un crimen el lavado?

Ian Vásquez considera que las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos y recursos en perseguir los crímenenes que anteceden al lavado de dinero, cuya persecución deriva en la violación de la privacidad de ciudadanos inocentes.

Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
Una vez organicé una presentación en Washington, DC titulada “¿Debería el lavado de dinero ser considerado un crimen?”, a la que invité a Lawrence Lindsey, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de EE.UU. La respuesta del representante del Banco Central, el ente regulatorio financiero más importante del país, fue clara: no.
Según él y muchos expertos financieros, las regulaciones antilavado de activos están mal enfocadas, son altamente ineficientes y amenazan la privacidad de los ciudadanos, cosa de la que fácilmente pueden abusar los políticos inescrupulosos. A raíz de la hasta ahora negativa por parte del Congreso peruano de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, justamente para luchar contra el lavado, vale la pena tomar estas críticas en serio. No se trata pues de un tema tan simple en el que están los buenos de un lado y los malos corruptos del otro.



Las autoridades, según Lindsey, han fallado en una de sus tareas principales de frenar o prevenir actos criminales que dan origen al lavado, como el secuestro o el narcotráfico, por lo que obligan a los banqueros a escrudiñar actos que en sí no son criminales (como la transferencia de dinero). El enfoque está mal. No corresponde a los empresarios convertirse en policías. Si los delitos originales realmente están fuera de control, es hora de poner más esfuerzo en luchar contra ellos o reformar las leyes que los afectan.
Dado que el uso de dinero no es un delito por sí mismo, es sumamente difícil detectar y comprobar el lavado de activos, así como no es tan fácil definirlo —como sí es, por ejemplo, definir el robo o el homicidio—. ¿Comprar una pintura por encima del valor de lo que muchos estiman que vale es legítimo o es lavado de dinero? Y así como ya hay muchas regulaciones en contra del lavado, hay un sinnúmero de maneras de evadirlas.
Las regulaciones antilavado terminan siendo una carga sobre los individuos y el sector privado, pero además son extremadamente ineficientes. En EE.UU., por ejemplo, se requiere que los bancos reporten transacciones financieras superiores a ciertos montos. Lindsey documenta lo siguiente: “Entre 1987 y 1995, el gobierno recolectó 77 millones de informes sobre transacciones, o sea unas 62 toneladas de papel. Con todo eso logró llevar a juicio 3 mil casos de lavado. Más o menos un caso por cada 25 mil informes... y se lograron apenas 580 veredictos de culpabilidad. En otras palabras, más de 100 mil informes fueron presentados por gente inocente para lograr cada condena. Esa proporción de 99.999 a 1 normalmente no se toleraría como un equilibrio razonable entre la privacidad y el fallo de culpabilidad”.
Dada esa ineficiencia, difícilmente se podría decir que, a pesar de la multitud de nuevas regulaciones, hoy hay menos lavado de dinero en el mundo que hace 20 años. El experto Jason Sharman resume lo que encuentran los estudios al respecto: “La conclusión general es que la expansión del régimen de lucha contra el lavado de dinero se debe más al imperativo político de ‘hacer algo’ en respuesta a cuestiones candentes, como el crimen o el terrorismo, que a cualquier historial de éxito”.
La guerra contra el lavado de activos es como otras tantas iniciativas de organizaciones internacionales que miden su impacto por cuánto hacen en vez de por cuánto cumplen: lo gastado o incautado en la guerra contra las drogas, en vez de su impacto en el consumo o disponibilidad de las drogas; o la cantidad de ayuda externa otorgada en vez del desarrollo económico que se logra.
Es el caso también de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Según la ministra de Justicia, un motivo importante para fortalecer las leyes antilavado es poder acceder a esa organización. EE.UU. y otros países ricos no han podido controlar el lavado de dinero, por lo que quieren imponer sus reglas a los demás países. No debería ser una prioridad para el Perú. Viene con costos altos, especialmente si el plan consiste en que las autoridades compartan la información que recogen.
En vez de crear un sistema del que nuestros políticos fácilmente podrán abusar, el gobierno debería enfocar sus esfuerzos en combatir los crímenes reales que dan origen al lavado de dinero.

¿Debería ser un crimen el lavado?

Ian Vásquez considera que las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos y recursos en perseguir los crímenenes que anteceden al lavado de dinero, cuya persecución deriva en la violación de la privacidad de ciudadanos inocentes.

Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
Una vez organicé una presentación en Washington, DC titulada “¿Debería el lavado de dinero ser considerado un crimen?”, a la que invité a Lawrence Lindsey, uno de los gobernadores de la Reserva Federal de EE.UU. La respuesta del representante del Banco Central, el ente regulatorio financiero más importante del país, fue clara: no.
Según él y muchos expertos financieros, las regulaciones antilavado de activos están mal enfocadas, son altamente ineficientes y amenazan la privacidad de los ciudadanos, cosa de la que fácilmente pueden abusar los políticos inescrupulosos. A raíz de la hasta ahora negativa por parte del Congreso peruano de fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera, justamente para luchar contra el lavado, vale la pena tomar estas críticas en serio. No se trata pues de un tema tan simple en el que están los buenos de un lado y los malos corruptos del otro.


Thursday, July 28, 2016

México: Expresidente del PRI Humberto Moreira denunciado por lavado de dinero

Otros delitos que le imputan al también exgobernador de Coahuila son enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado

PRI
El expresidente del PRI es acusado también de enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. (Xalapa Noticias)
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) de México presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra el exgobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, así como contra quienes resulten responsables por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.
Luis Fernando Salazar Fernández acusó de complicidad a las autoridades federales mexicanas y coahuilenses, a las que tachó de omisas por negarse a investigar la mega deuda heredada por la administración de Humberto Moreira a los coahuilenses y dar seguimiento a la red de corrupción detectada por autoridades federales estadounidenses, cuyas investigaciones conectaron a cercanos excolaboradores del exgobernador con la delincuencia organizada.



“Hemos presentado una denuncia formal en la PGR en contra de los saqueadores de Coahuila. Como siempre, las autoridades de nuestro país siguen queriendo ser cómplices y omisas en investigar y en sancionar a quienes endeudaron a Coahuila. Estados Unidos ha condenado ya a un exfuncionario y empresarios, quienes han señalado la participación de Humberto Moreira en estos actos. A esto se le han sumado acusaciones a él y a su hermano, Rubén Moreira, por recibir sobornos millonarios del crimen organizado a cambio de protección y libertad para operar y cometer una serie de delitos en el estado”.
Recientemente, durante un juicio que la Corte de San Antonio, Texas, le seguía a un jefe de plaza del cártel de “Los Zetas”, testigos de los fiscales federales, antiguos miembros del grupo delictivo aseguraron haber pagado, a colaboradores cercanos de Humberto Moreira cuando este era gobernador de Coahuila, la cantidad de USD$ 2 millones de dólares para recibir protección y operar sin limitaciones en el norte del estado, donde luego se desarrollaron masacres.
Las declaraciones también involucraban al actual gobernador del estado y hermano de Humberto Moreira, Rubén Moreira, a quien señalaron de recibir una camioneta llena de maletas con dinero. Sin que hasta el momento haya una postura oficial del Gobierno de Coahuila sobre estas acusaciones.
Salazar Fernandez reprochó que mientras Estados Unidos, a través de la Agencia Federal Antidroga (DEA, por sus siglas en inglés), ha fichado al ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres, por el delito de conspiración para el lavado de dinero. En México, la Procuraduría del Estado declara que el enriquecimiento por 3 millones de dólares de este ex funcionario proviene de una donación millonaria que le hizo su padre.
“Mientras en otros países se investiga y se procura hacer justicia, en México, los responsables de la mega deuda y particularmente Humberto y Rubén Moreira, siguen siendo intocables. Cuando Moreira había sido detenido en España, la razón de la PGR para no abrir una investigación en contra del exgobernador fue decir que no habían denunciantes. Hoy, ya no hay pretextos”.

En la denuncia, los senadores le subrayan a la Procuraduría su facultad para solicitar a las autoridades de Estados Unidos documentos, registros, pruebas e intercambio de la información necesaria para iniciar una investigación.
“Lamentablemente, voluntad política es lo que falta”, consideró Salazar Fernández, quien enfatizó que no esperarán que la justicia llegue a México y a los coahuilenses desde el extranjero.
Fuente: Proceso

México: Expresidente del PRI Humberto Moreira denunciado por lavado de dinero

Otros delitos que le imputan al también exgobernador de Coahuila son enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado

PRI
El expresidente del PRI es acusado también de enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. (Xalapa Noticias)
Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) de México presentaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra el exgobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, así como contra quienes resulten responsables por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho, fraude y peculado.
Luis Fernando Salazar Fernández acusó de complicidad a las autoridades federales mexicanas y coahuilenses, a las que tachó de omisas por negarse a investigar la mega deuda heredada por la administración de Humberto Moreira a los coahuilenses y dar seguimiento a la red de corrupción detectada por autoridades federales estadounidenses, cuyas investigaciones conectaron a cercanos excolaboradores del exgobernador con la delincuencia organizada.


Friday, June 24, 2016

Delito fiscal: La nueva guerra fría


Tal vez fue una casualidad, pero coincidieron en el tiempo. En abril de 1990, durante el gobierno de George Bush (padre), pocos meses después del derribo del Muro de Berlín, cuando era evidente que la URSS y el comunismo se hundían, Washington comenzó a planear su próxima batalla en nombre de la seguridad nacional.
Fue entonces cuando se creó el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), una dependencia del Departamento del Tesoro que habitualmente contrasta y complementa sus informaciones y actividades con el FBI, la DEA, la CIA, la NSA y otras agencias de inteligencia.



Originalmente, el nuevo enemigo era mucho más difuso, extendido y, al mismo tiempo, limitado: los traficantes de drogas. La estrategia era seguirle la pista al dinero por los vericuetos financieros hasta descubrir y asfixiar a los grandes capos. Al fin y al cabo, una masa de plata de ese volumen no se podía esconder en el colchón. Había que invertirla.
La vieja y sabia expresión de los investigadores anglo-norteamericanos se convertía en el plan de batalla: Follow the money (Siganle la pista al dinero). Mientras los franceses aseguraban que, tras el delito, siempre había una mujer (Cherchez la femme), para los estadounidenses la clave estaba en la plata. Acertaban.
Inmediatamente comparecieron en el radar los “lavadores” o “blanqueadores” que esta actividad generaba. Sólo que nada de esto podía ser posible sin cierta complicidad pasiva de los bancos, así que se dictaron medidas obligando a las instituciones financieras a “conocer” a sus clientes, a rechazarlos, y a comunicar cualquier depósito sospechoso.
El secreto bancario, en consecuencia, dejó de ser efectivo y la lupa policiaca norteamericana se colocó sobre los trusts suizos, las cuentas de Andorra o las compañías de Uruguay en donde los argentinos protegían sus ahorros en dólares, razonablemente aterrorizados por los corralitos con los que el Estado les robaba impunemente su patrimonio.
Como los “criminales” no solían actuar con sus nombres, sino escudados en empresas deliberadamente confusas, legalmente constituidas por bufetes de abogados fuera de las fronteras norteamericanas o, incluso, en los espacios opacos de Estados Unidos (Delaware, Nevada, Wyoming, South Dakota), era importante revelar los nombres de las compañías non sanctas y prohibirles hacer negocios en Estados Unidos. Así surgieron, primero, la Lista Clinton en 1995 y ahora, presumiblemente, los misteriosos Papeles de Panamá, en los que se mezclan indistintamente justos y pecadores.
Como suele ocurrir con los organismos burocráticos, las responsabilidades, el alcance, los presupuestos y el tamaño de FinCen fue extendiéndose inevitablemente. En el 2001 se produjo el ataque islamista a las Torres Gemelas y al año siguiente fue aprobada la llamada “Ley Patriota” que puso fin a numerosos mecanismos de protección de los derechos individuales.
El terrorismo pasó a ocupar la preocupación central de las autoridades norteamericanas, desplazando al narcotráfico, y se autorizó la investigación casi ilimitada en busca de enemigos encubiertos, lo que explica, aunque no justifica, el espionaje de la National Security Agency (NSA) a personas como la alemana Ángela Merkel o al francés François Hollande.
Pero en las redes tendidas para capturar terroristas y narcotraficantes, caían, además, los violadores del fisco, los funcionarios y políticos corruptos que vendían favores y cobraban coimas, las personas que escondían su patrimonio en medio de pleitos familiares, y un sinfín de individuos o entidades que trataban de proteger sus propiedades o su dinero (fueran éstos bien o mal ganados), de Estados voraces, de socios implacables o de familiares codiciosos.
Este volumen de información le abrió el apetito a Washington y dio inicio a una cruzada internacional en defensa de la moralidad pública que ha tenido su expresión más vistosa en la persecución de los directivos de la FIFA, coadyuvando la previa labor de otras manifestaciones similares, como la del fiscal Antonio di Pietro en Italia (Operación Manos Limpias), que liquidó por corruptas a casi todas las estructuras políticas del país.
Esta nueva Guerra Fría es más difícil que la que Estados Unidos libró y ganó contra la URSS. Al fin y al cabo, los comunistas pertenecían a una pintoresca secta surgida en el siglo XIX que sostenía ciertas supersticiones que llevaron a la ruina a las sociedades que las sufrieron, previa la cruel eliminación de decenas de millones de personas.
Para oponerse a Moscú, Washington podía reclutar a medio planeta tras la consigna de defender la libertad amenazada, pero ahora sus gobernantes están empeñados en imponer en el mundo the rule of law (El Estado de Derecho), algo realmente admirable, pero que contradice una antiquísima y muy extendida tradición planetaria que acompaña a la civilización desde sus inicios. Ojalá tengan éxito, pero será una batalla tremenda de muy difícil pronóstico.

Delito fiscal: La nueva guerra fría


Tal vez fue una casualidad, pero coincidieron en el tiempo. En abril de 1990, durante el gobierno de George Bush (padre), pocos meses después del derribo del Muro de Berlín, cuando era evidente que la URSS y el comunismo se hundían, Washington comenzó a planear su próxima batalla en nombre de la seguridad nacional.
Fue entonces cuando se creó el Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), una dependencia del Departamento del Tesoro que habitualmente contrasta y complementa sus informaciones y actividades con el FBI, la DEA, la CIA, la NSA y otras agencias de inteligencia.