Monday, October 31, 2016

Falacias del Estado empresario

Ian Vásquez considera que la idea de Mariana Mazzucato de que el Estado y su política industrial están detrás de importante invenciones como el iPhone o el Internet ignora la importancia del ingenio individual.

Ian Vásquez es Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.
¿Quién inventó el iPhone o el Internet? ¿Quiénes merecen el crédito por esas y otras innovaciones que han revolucionado nuestras vidas? Si su respuesta es empresarios como Steve Jobs, científicos y otros individuos con visión y esfuerzo propio, estaría usted gravemente equivocado, según la economista italiana Mariana Mazzucato.
Ella sostiene que la política industrial está detrás de tales hallazgos y que las empresas privadas como Google y Apple deben su éxito al Estado. Mazzucato se ha ganado adeptos alrededor del mundo con su concepto del Estado empresario. En este Diario, el ex ministro de la Producción Piero Ghezzi recientemente celebró esta visión de la política industrial. Dijo que los ejemplos que apoyan la tesis de la economista “son interminables”.



El problema es que los ejemplos que se suelen usar contradicen la propuesta de Mazzucato de que la investigación y el desarrollo (I&D) financiados con dinero público tienen que tener un propósito preconcebido. En un buen número de los casos que la economista ofrece (todos de EE.UU.), el gobierno repartió dinero para ciertos fines que terminó siendo usado para otros fines no predecibles.
El presidente Barack Obama cayó en esa falacia en la última campaña electoral cuando dijo: “Alguien invirtió en carreteras y puentes. Si tienes un negocio, tú no construiste eso. Alguien más lo hizo posible. Internet no se inventó por sí solo. La investigación gubernamental creó Internet para que todas las compañías pudieran ganar dinero del Internet”. Eso es como decir que el gobierno hizo el comercio de naranjas ya que construyó la carretera. Pero Mazzacuto va más allá y propone que el Estado empresario cree nuevos mercados, como supuestamente fue el caso con el Internet.
El Internet, sin embargo, empezó como un proyecto del Pentágono conocido como el Arpanet y con propósitos militares. El escritor de ciencia Matt Ridley, por eso, observa: “Si usted realmente quiere ver a Arpanet como el origen del Internet, por favor, explique por qué el gobierno permaneció sentado sobre este durante 30 años e hizo casi nada hasta que efectivamente fue privatizado en los noventa, con resultados explosivos. En efecto, es peor que eso. Hasta 1989 el gobierno en realidad prohibió el uso de Arpanet con propósitos privados o comerciales. Un manual para usuarios de Arpanet en el MIT en los ochenta les recordaba que ‘enviar mensajes electrónicos con Arpanet para beneficio comercial o razones políticas es tanto antisocial como ilegal’. La revolución del Internet debería haber ocurrido diez años antes si los académicos no hubiesen dependido de una red gubernamental reacia al uso comercial”.
De la misma manera, el politólogo italiano Alberto Mingardi pone a prueba otros ejemplos que ofrece la ideóloga de la nueva política industrial. La economista afirma que un programa oficial de EE.UU. enfocado en empresas pequeñas ha creado nuevas compañías y “la comercialización de cientos de nuevas tecnologías”. Pero no ofrece ningún ejemplo de una tecnología nueva que se deba a dicho programa. También afirma que las pantallas táctiles se deben al financiamiento estatal que recibió un estudiante universitario que luego de graduarse fundó una empresa que revolucionó el mercado de aparatos que usan dicha tecnología. Bajo esa interpretación, el financiamiento público de las universidades califica como política industrial exitosa si algún graduado termina inventando algo útil.
Esta visión de política industrial significa que las ganancias de las empresas privadas innovadoras se deben en gran parte a inversiones del Estado en vez de al emprendimiento propio y a la búsqueda de cómo mejor satisfacer la demanda de los consumidores. Por eso, parte esencial de las propuestas de Mazzucato, además de un mayor papel para bancos estatales, es un alza de los impuestos corporativos —algo que no menciona Ghezzi—.
Ausente en las propuestas de la nueva política industrial es alguna mención del costo de tales programas, de usos alternativos a los recursos que consumen esos programas, o de los interminables ejemplos de políticas industriales en que los políticos y los burócratas apostaron mal y produjeron pérdidas multimillonarias.
Es llamativo que los ejemplos de Mazzucato sean de EE.UU., que tradicionalmente ha mantenido una de las economías más libres del mundo. Sin duda ese ambiente ha sido clave para la innovación que produce ese país. Si el Perú quiere imitar dicho éxito, sería óptimo que primero libere muchísimo más su economía.
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