El problema o, más bien, el debate, llega a la hora de determinar cómo nos aseguramos de que un individuo no haga uso de la falsa libertad de coartar la libertad o violar los derechos naturales de otro individuo. En este punto, el camino se bifurca en dos teorías básicas: el Estado mínimo como garante de protección contra el libertinaje; y el principio anarquista de la no-agresión.
En primer lugar, la teoría del Estado mínimo es la más aceptada actualmente. Planteada por los minarquistas, consiste en que el Estado abandona todas sus competencias actuales exceptuando las de Defensa, Seguridad y Justicia. De esta manera, se da paso al libre mercado y se mantiene una protección del individuo por parte del Estado en materia de defensa militar contra ataques externos, seguridad interna contra violaciones de derechos, y garantía de justicia a la hora de plantearse distintos pleitos.
Esta teoría resulta más viable que la teoría de la no-agresión en el mundo actual. Asumiendo que no vivimos en una sociedad plenamente pacífica y que va a haber distintos actores que van a tratar de violar los derechos y libertades del individuo, la existencia de un Estado que proteja al individuo de los distintos ataques que puede sufrir se convierte en una opción atractiva a la hora de superar un estado de naturaleza no pacifista.
La segunda teoría, la anarquista de la no-agresión, plantea la existencia de una sociedad totalmente pacifista, en la cual los individuos no tienen pensamientos belicosos contra otros, ni tratarán de violar la libertad y los derechos del resto, atendiendo a la validez del axioma planteado al principio de este artículo. Defiende, asimismo, el derecho a portar armas de los individuos para defenderse en caso de verse agredidos por otros, lo cual no sería, de hecho, necesario si viviésemos en una sociedad pacifista como la que evoca el anarquismo.
Ahora bien, ¿cuál sería, en este caso, el modelo correcto a seguir? A continuación expongo mi visión al respecto, que es, como cabría esperar, “ni lo uno, ni lo otro”.
Creo que ambas teorías plantean una solución muy atractiva si tenemos en cuenta su finalidad. Una defiende que sea el Estado el que garantice, sin privación, la defensa y la seguridad de los individuos; y otra plantea un escenario en el que esto ni siquiera es necesario, puesto que todos podríamos convivir en paz. De esta manera, tal vez la mejor opción sería un hibridaje entre las dos: un sistema en el cual el Estado conserve únicamente las funciones básicas de defensa, seguridad y justicia universales, a la vez que los individuos conservan el derecho a la autodefensa y a portar armas.
El sistema híbrido supone una garantía en dos sentidos. Dejando que el Estado ofrezca a todos los individuos los servicios de defensa, seguridad y justicia, nos aseguramos de que nadie quede privado de ellos, necesarios todos para garantizar la primacía de los derechos y libertades naturales del individuo. Todo individuo será defendido contra ataques, invasiones y violaciones de sus derechos, y amparado por la justicia en caso de que la necesite. El coste marginal de la defensa estatal tiende a cero, por lo que no supone un problema defender a un ciudadano más dentro de un mismo estado. Además, evitamos que cualquiera se tome la justicia por su mano, o viole la libertad y derechos de otro individuo que no pueda defenderse por sí mismo.
Permitiendo al individuo conservar el derecho a la legítima defensa y a portar armas, nos aseguramos de que el Estado no ejerza un monopolio total sobre la violencia, pudiendo abusar de su posición como ha hecho en múltiples ocasiones. Cuando el individuo puede oponer resistencia al abuso y a la coacción indiscriminada, el Estado deja de tener el poder supremo, y prevenimos situaciones embarazosas y liberticidas. Asimismo, resolvemos el conocido problema de la lentitud de las fuerzas de seguridad. Suele ocurrir que, cuando ocurre algún tipo de acción violenta que se cobra la vida o viola los derechos de un individuo, las fuerzas estatales que deberían evitar este suceso actúan tras ocurrir este, por lo que esa supuesta garantía de la que hablábamos no siempre se cumple. Si el individuo afectado puede hacer uso del derecho a la autodefensa, puede tratar de resolver la situación por sí mismo en caso de que quien debería hacerlo no llegue a tiempo, lo cual hace mucho más efectiva la defensa que si esta se encuentra centralizada en un Estado que tiene que ocuparse de todos los casos de violencia ilegítima.
Este sistema puede plantearse como un paso intermedio hacia una sociedad tolerante y pacífica que actúe bajo el principio de la no-agresión, en la cual no haga falta ceder parte de nuestra libertad al Estado para que nos proteja de aquellos que no respetan la libertad y los derechos del individuo. Al menos, es lo deseable, y hacia lo que deberíamos avanzar. No obstante, y mientras la situación actual sea la que prevalezca, lo racional es conjugar un modelo que garantice el mayor grado de defensa de la libertad posible.
