Por Álvaro Vargas Llosa
El Mercosur es el escenario latinoamericano donde con más claridad se ha visto reflejado el cambio de orientación en el GPS de la política sudamericana. Con un Michel Temer ya afirmado en la Presidencia de Brasil y un Mauricio Macri que ve disminuir un tanto las posibilidades de que Susana Malcorra, su canciller, sea elegida secretaria general de la ONU, el camino está desbrozado para que ambos gobiernos empiecen a marcar la pauta democrática al resto de la región.
Los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay acaban de asumir de forma conjunta la presidencia del Mercosur que correspondía a Venezuela desde julio y han dado a Caracas menos de tres meses para adaptar su legislación a la normativa del bloque so pena de suspensión. Ninguna bravata ha logrado intimidar a los socios democráticos del Mercosur: ni la arremetida de Rafael Correa (que habla de un “nuevo Plan Cóndor” con insultante falta de respeto por las víctimas de las dictaduras militares de los 70), ni las protestas de un Evo Morales bastante cuestionado en casa, ni el esfuerzo de Nicolás Maduro por convertir la reciente cumbre de los países “no alineados” en una demostración de fuerza (acabó siéndolo más bien de orfandad internacional por la escasísima presencia de dignatarios foráneos).
Recordemos que Venezuela ingresó irregularmente al Mercosur. Pidió su ingreso, con el respaldo de sus compinches de entonces, Lula y Kirchner, en 2006. El Congreso de Paraguay no ratificó el ingreso, de modo que Caracas quedó en un limbo… hasta que en 2012, usando como pretexto la destitución del Presidente Lugo, los miembros del Mercosur suspendieron a Asunción y formalizaron el ingreso de Venezuela sin la ratificación parlamentaria paraguaya.
Desde entonces, Venezuela no sólo no ha adaptado su legislación a la normativa del bloque, sino que se ha dedicado a entorpecer todo intento por ampliar los lazos comerciales con el mundo, por ejemplo petardeando las negociaciones comerciales con la Unión Europea; también ha hecho uso y abuso del Mercosur para operaciones ideológicas contra gobiernos democráticos. Maduro llegó a exasperar incluso a Dilma Rousseff, que a regañadientes había llegado a la conclusión de que su país necesitaba un acuerdo comercial con Europa y hacer menos politiquería.
Las cosas, ahora, han cambiado. Tres países democráticos han decidido poner coto al hazmerreír en que la participación de Venezuela había convertido la cláusula democrática del Mercosur y al alto nivel de toxicidad que Caracas había introducido en ese bloque. De allí los anuncios y medidas recientes.
El caso de Uruguay, el cuarto miembro que comparte hoy la presidencia colectiva en sustitución de Venezuela, es interesante. El gobierno de Tabaré Vázquez, de impecables credenciales democráticas y orientación socialista razonable, ha tratado de evitar el enfrentamiento directo con Maduro. Pero Uruguay depende de Brasil y Argentina mucho más que de Venezuela; además, entiende la necesidad de que ese bloque se abra al mundo y luzca, y no sólo diga ser, democrático. En la práctica, Montevideo se ha sumado a las decisiones de los otros tres.
Todo esto es una buena noticia. En su existencia de un cuarto de siglo, el Mercosur ha sido en general un fracaso y una decepción, al punto que la Alianza del Pacífico, con muchos menos años de vida, lo ha desplazado ante los ojos del mundo. Pero en esto hay que decir que el Mercosur ha actuado con sentido de responsabilidad, como lo ha hecho, a su vez, Luis Almagro (uruguayo, por cierto, que fue ministro del Frente Amplio) a la cabeza de la OEA. Empieza -sólo empieza- a notarse el cambio en Sudamérica
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En el Mercosur, por supuesto, desde hace bastante tiempo no rigen los principios jurídicos que avalan las buenas relaciones internacionales. Manda el criterio político, una conducta típicamente del subdesarrollo cuando deja de lado la variable jurídica, entendida esta última como la establecida sobre valores y principios de justicia, igualdad ante la ley, así como el respeto irrestricto a la soberanía del individuo como poseedor de derechos inalienables de buscar su felicidad sin dañar a nadie.
