Mary Anastasia O'Grady considera que el desenlace del proceso de paz en El Salvador podría aportar algunas lecciones al intento de lograr la paz en Colombia.
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Ahora, la iniciativa respaldada por el presidente estadounidense Barack Obama enfrenta un mayor escrutinio porque el modelo se basa en el pacto que El Salvador alcanzó en 1992 con el grupo guerrillero marxista conocido como FMLN, el cual se ha venido abajo.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano falló el 13 de julio que la amnistía general otorgada a las dos partes del conflicto negaba a las víctimas sus derechos. La Sala citó asesinatos específicos, secuestros y masacres que, dijo, podrían no estar cubiertos por la amnistía. Los grupos de derechos humanos se regocijaron. El fiscal general de El Salvador tiene ahora la tarea de investigar y procesar a los perpetradores y a los autores intelectuales.
Lo que se conoce hasta ahora del acuerdo de Colombia también viola su constitución al permitir que los criminales de guerra eviten la cárcel y se postulen a cargos de elección popular. Para el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el pacto equivale a un tratado internacional y, por ende, está por encima de la constitución. Pero como lo muestra el caso de El Salvador, se necesitan más que trucos políticos para apaciguar los fantasmas de las atrocidades de la guerra.
El acuerdo de El Salvador, que también fue respaldado por EE.UU., otorgó igualmente derechos políticos a los beneficiarios de la amnistía. Durante dos décadas, los guerrilleros trabajaron para rehabilitar el nombre del FMLN. Hoy, el partido está instalado en la presidencia, tiene una mayoría simple en el Congreso y controla varios cargos en el poder judicial.
Pero los líderes del FMLN, discípulos de Fidel Castro, nunca dejaron de lado sus sueños de tiranía tropical. Utilizaron a candidatos moderados para quedarse con una parte del poder gubernamental y luego debilitaron gradualmente las instituciones civiles y gubernamentales usando los métodos de los dictadores Hugo Chávez, de Venezuela, y Recep Erdogan, de Turquía. Un ejemplo de la represión insidiosa es la persecución política de los opositores de la izquierda populista.
A algunos salvadoreños les preocupa que la decisión de la Sala de lo Constitucional reactive el conflicto. Pero lo que más importa es que la independencia del poder judicial sea respetada y que las investigaciones se lleven a cabo en forma transparente sin la interferencia política. Todo esto está en riesgo ya que el gobierno del FMLN y la organización del partido son los que tendrían más que perder si una justicia independiente lleva a cabo sus funciones.
Como observó el economista salvadoreño Manuel Hinds en una columna que publicó 17 de julio en El Diario de Hoy, una investigación exhaustiva decapitará la estructura política del FMLN. Muchos miembros de su cúpula están presuntamente ligados a las masacres, asesinatos y secuestros en la lista de la Sala de lo Constitucional. Uno de los líderes guerrilleros más notorios fue Salvador Sánchez Cerén, el actual presidente salvadoreño. Además, la decisión de la Sala cubre los asesinatos que el FMLN perpetró contra sus propios miembros, una práctica en la que presuntamente se apoyó Sánchez Cerén para aterrorizar y controlar a sus subordinados.
Compare la situación del FMLN con la del opositor partido Arena y sus figuras elegidas por voto popular. Ninguno de ellos estaba siquiera en posiciones de poder durante los años 80 y comienzos de los 90, cuando los rebeldes libraban la guerra contra el Estado. De todas maneras, el FMLN es el partido en el poder y no saldrá de allí sin dar batalla. En reacción al fallo, Sánchez Cerén hizo un llamado a “todos los sectores comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”. En otras palabras, encontremos un arreglo político para ignorar la decisión.
Un partido Arena más seguro confiaría en el estado de derecho. Pero en lugar de ello, respondió pidiendo que una comisión bipartidista analice el fallo, sugiriendo que está procediendo con cautela.
Arena tiene razón en temer una investigación parcial debido al poder político del FMLN. Durante años, la izquierda ha amenazado con implicar al ex presidente de Arena, Alfredo Cristiani, en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de esta en 1989. La acusación es absurda puesto que los asesinatos casi descarrilan las conversaciones de paz que Cristiani encabezaba en ese entonces. De todas formas, el ex mandatario es vulnerable al acoso persistente del FMLN sobre el tema. Altos mandos de las fuerzas armadas pueden enfrentar suertes similares independientemente de si ordenaron cometer delitos o no.
A pesar de estos riegos, los demócratas de Arena estarían equivocados si ayudan al FMLN a disminuir la estatura de la Sala de lo Constitucional. Como lo señaló Hinds en su columna, es una de las pocas instituciones que quedan que protege a la democracia del despotismo. Los ex guerrilleros ya trataron de aniquilar la Sala de lo Constitucional en 2012. Si Arena les sigue el juego, equivaldría a rendirse, algo idéntico a lo que querían los guerrilleros hace 30 años.
Así que colombianos, tengan cuidado: es mucho más probable que una amnistía para los crímenes de guerra de las FARC lleve al grupo guerrillero al poder que antes que traer la paz al país.
