Por Mary Anastasia O'Grady
La historia de Andrés Felipe Arias es un recordatorio desalentador de las maquinaciones políticas que a menudo pasan por justicia en Colombia. Su arresto el mes pasado en Estados Unidos es un intento por terminar el trabajo.
Arias fue ministro de Agricultura hasta febrero de 2009, cuando renunció para lanzarse como precandidato del Partido Conservador con miras a las elecciones presidenciales de 2010. El economista graduado de la Universidad de California en Los Ángeles era considerado ampliamente como el favorito del presidente saliente, Álvaro Uribe Vélez, para sucederlo. Eso hacía que sus probabilidades en las elecciones generales fueran muy buenas.
Sin embargo, no sucedió así. Arias fue sacado de la carrera electoral por acusaciones de corrupción inventadas, primero en los medios de comunicación y luego presentadas por dos fiscales generales notoriamente de línea izquierdista. El ex funcionario pasó tres años en el kafkiano sistema judicial colombiano luchando contra esas acusaciones. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. En 2014, huyó a EE.UU. para pedir asilo. Subsecuentemente, el máximo tribunal lo condenó en ausencia, lo multó con el equivalente a más de US$8 millones y lo sentenció a 17 años de cárcel.
La solicitud de asilo de Arias está aún pendiente pero, el 24 de agosto, alguaciles estadounidenses lo detuvieron en Miami respondiendo a un pedido de extradición de Colombia, a pesar del dudoso proceso que llevó a su condena. La votación de la Corte Suprema de Justicia fue 8-1 contra Arias, y el único voto disidente citó una ausencia del debido proceso.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) odian a Uribe y en 2009 un potencial presidente Arias no era una posibilidad bienvenida por el grupo terrorista, el cartel de cocaína más grande del hemisferio. Tras bambalinas, las FARC ya tenían influencia en asuntos legales y políticos como lo he delineado en columnas anteriores. No obstante, si hubiese sido elegido como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Colombia, Arias probablemente habría continuado el programa de seguridad democrática de Uribe, el cual había debilitado severamente a los terroristas en el campo de batalla.
Juan Manuel Santos les ofreció a las FARC un futuro mejor. Aunque se había desempeñado como ministro de Defensa en la presidencia de Uribe, Santos no estaba comprometido a derrotar a la guerrilla. Su hermano de tendencia izquierdista Enrique Santos detalló esto en su libro Así empezó todo, sobre las negociaciones de “paz” entre Santos y las FARC en La Habana.
Enrique, quien ayudó a dar inicio a las conversaciones, escribe que desde el día de su posesión, Juan Manuel Santos buscó un acuerdo histórico con las FARC. De ser así, el nuevo mandatario tenía el tipo de perfil psicológico que los agentes entrenados por Cuba sueñan con manipular. Primero, sin embargo, había que sacar a Arias del camino.
Los problemas para Arias empezaron en septiembre de 2009, cuando la revista colombiana Cambio publicó acusaciones de que un puñado de familias adineradas había cometido fraude usando un programa de subsidios agrícolas diseñado para ayudar a campesinos de bajos recursos, conocido como Agro Ingreso Seguro. Según informes de prensa, Arias buscó limpiar su nombre al pedir que lo investigaran primero en cualquier caso penal.
Eso no pasó. En cambio, acusaciones sin fundamento continuaron a cuentagotas en la prensa y la campaña de Arias colapsó. Santos lanzó luego su candidatura y, aprovechando el impulso del legado de Uribe, ganó la presidencia en las elecciones de 2010.
En agosto de 2011, la entonces fiscal general de Colombia, Viviane Morales —quien estaba viviendo con un ex guerrillero— presentó cargos penales contra Arias. La funcionaria argumentó que Arias delinquió cuando firmó un contrato sin licitación con una filial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que suministraba asesoría técnica y asistencia sobre proyectos de irrigación a los países miembros. No importaba que los contratos con la unidad de la OEA para este tipo de trabajo hubieran sido una práctica estándar en Colombia por décadas.
Morales también acusó a Arias de la estratagema de fraude mencionada en la revista Cambio. La fiscal afirmó que el ex ministro recibió donaciones para su campaña de aquellos que habían defraudado al gobierno. Morales argumentó que Arias debía ser encarcelado para evitar que sobornara a testigos. Arias pasó dos años en prisión hasta que sus abogados lograron su libertad mientras el juicio continuaba por otro año más.
En mayo de 2014, un tribunal administrativo falló que el contrato de la OEA fue legal. En junio de 2014, el procurador general encontró a Arias inocente de todos los cargos en una investigación separada. En el proceso de la Corte Suprema de Justicia, el Estado no produjo evidencia de fraude, sobornos o enriquecimiento ilícito de Arias. En lugar de eso, los verdaderos defraudadores quedaron al descubierto por haberse inventado una trama para destruir a Arias.
En su nuevo libro, Cárcel o exilio, el periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza reporta que Juan Manuel Dávila, quien participó en el fraude, admitió bajo juramento en el juicio que ni siquiera conocía a Arias o a ningún otro funcionario del Ministerio. Dávila declaró luego de la revelación de un correo electrónico de 2010 que le había escrito a su novia y en el que había dicho que, desde el principio, el ardid fue algo “netamente, solo político”. El “escándalo”, continúa, “solo tuvo un propósito, JODER A ANDRES (sic) FELIPE ARIAS”, explicó.
Eso es lo que se ha hecho, y el esfuerzo de extradición fortalece ese mismo objetivo. Mientras tanto, Santos se prepara para conceder un poder político sin precedentes a las FARC.
Corrección
En junio de 2014, el procurador general encontró a Arias inocente de todos los cargos en una investigación separada. En una versión previa se decía que el contralor general encontró a Arias inocente.
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