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Friday, September 23, 2016

Bahamas Leaks y los Panamá Papers: Una nueva investigación

Bahamas Leaks y los Panamá Papers: Una nueva investigación

Bahamas Leaks y los Panamá Papers: Una nueva investigación

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas?
Foto: Foto: Google Maps.

1. ¿Qué es BahamasLeaks?

Es el nombre con el que se conocen los cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas obtenidos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’. Incluyen información acerca de 175.888 compañías, trust y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 y 2016, y de sus cerca de 25.000 directores y secretarios. Las sociedades fueron incorporadas al registro por 539 intermediarios diferentes, siendo el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit Suisse los más activos.
Cerca de 100 periodistas, El Confidencial y La Sexta en España, han analizado estos datos —en total, 38 GB de información—, que serán publicados en su totalidad en una base de datos pública. Un trabajo que dará a cualquiera la posibilidad de bucear entre nombres de directores y dueños de las sociedades afincadas en esta opaca jurisdicción caribeña.



2. ¿Es Bahamas un ‘paraíso fiscal’?

Registrar una compañía en Nassau, la capital de Bahamas, permite disponer de más relajación en los controles sobre el origen del dinero, mayor libertad para disponer de fondos, opacidad y confidencialidad, según la opinión de todos los expertos consultados.
Para la Comisión Europea, la falta de transparencia y la ausencia de un impuesto de sociedades en las Bahamas suponen dos indicadores de riesgo para la evasión fiscal. De hecho, en 2015, la CE consideró Bahamas como uno de los países ‘no cooperadores’.
Entre España y la Commonwealth de las Bahamas está en vigor desde 2011 un acuerdo para que desde el país caribeño se facilite información tributaria a España cada vez que esta la requiera. No tiene Convenio de Doble Imposición ni ha firmado la convención sobre asistencia administrativa mutua en materia tributaria establecida por el Consejo de Europa-OCDE.
Las Bahamas son, además, uno de los pocos países que han rechazado, hasta la fecha, firmar el acuerdo global que impone el intercambio automático de información entre países establecido por la OCDE, aunque se han comprometido a rubricarlo en 2018. Más de 103 jurisdicciones comparten el Common Reporting Standard, gracias al cual, desde 2017, la información tributaria relevante pasará de país a país de forma automática.
El Gobierno de Nassau se ha limitado, por el momento, a firmar acuerdos directos con 28 países del mundo. En América Latina, Bahamas tiene acuerdos solo con México y Argentina. Su actual situación la coloca como “poco comprometida con el intercambio automático de información y los nuevos y vertiginosos avances que se están produciendo en esta materia en los últimos años”, resume.
Hasta el año 2001, Bahamas se encontraba en la ‘lista negra’ de paraísos fiscales elaborada por la OCDE. Salió de la misma tras eliminar las ‘acciones al portador’ (títulos cuya simple posesión física acredita la participación en una sociedad), pero en 2009 volvió a entrar en una ‘lista gris’ elaborada por el mismo organismo.
“Salió de la lista negra utilizando el enfoque cuantitativo, firmando convenios de acuerdos de intercambio de información bilateral con numerosos países”, explica Alfonso Martínez Giner, profesor de derecho financiero y tributario en la Universidad de Alicante en conversación con este periódico. “Bahamas podría ser un ejemplo de una jurisdicción que no ha seguido el otro enfoque, el cualitativo, preferido por la OCDE, puesto que el tiempo ha demostrado que no se ha comprometido con los instrumentos multilaterales actuales más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal”, añade.

3. ¿Qué personalidades relevantes aparecen en BahamasLeaks?

En Europa, la investigación desvela la sociedad ‘offshore’ de Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia hasta 2010 y para la Agenda Digital hasta 2014. Conocida por su mano dura con los impuestos a las multinacionales, nunca hizo pública su firma opaca. Tras abandonar las instituciones europeas, en julio de este año fichó por la multinacional Über.  Pero también hay políticos y personajes relevantes en otros países, como detallamos aquí.
En el caso de España, El Confidencial y La Sexta desvelarán en los próximos días nombres de relevantes empresarios nacionales que se han aprovechado de la opacidad de Bahamas para administrar parte de su fortuna.

4. ¿Por qué es importante BahamasLeaks?

El registro mercantil de Bahamas es público en internet. Sin embargo, incluye información residual y desactualizada sobre las sociedades, y en muchos casos no permite acceder a los nombres de los dueños de las mismas. Además, recabar información tiene un coste de unos 10 dólares por documento. Como ha podido comprobar un periodista del consorcio que acudió a las oficinas de Nassau, la cantidad de documentos a los que se puede acceder ‘online’ es una ínfima parte de la que se puede conseguir en persona.
A partir de hoy, se hará pública información sobre el nombre de cada sociedad, su fecha de creación y la de los directores de la compañías. Este contenido se publicará en una base de datos pública donde se cruzará con la información de los papeles de Panamá: en esta página web estará así disponible la información de cerca de medio millón de sociedades ‘offshore’.

5. ¿Qué es un paraíso fiscal?

‘Paraíso fiscal’ es una mala traducción del inglés ‘tax haven’, literalmente ‘refugio fiscal’. Pero el concepto es el mismo. Se trata de lugares donde la creación de sociedades mercantiles es una de las principales, cuando no la única, industria del país. Por ejemplo, en Islas Caimán hay dos sociedades registradas por cada habitante. Su éxito reside en las enormes ventajas fiscales que ciudadanos de otros países pueden obtener utilizando estas sociedades y en el secreto bancario, necesario para ocultar bienes o patrimonio a las autoridades fiscales de cada país.
No existe una lista global oficial de paraísos fiscales. Cada país decide por sí mismo con qué jurisdicciones firma acuerdos tributarios o de intercambio de información, lo que ha permitido a la OCDE eliminar a una treintena de países de su lista de estados ‘no cooperadores’ fiscalmente. En junio de 2015, la Comisión Europea publicó su propia lista de 30 países que considera paraísos fiscales. El requisito utilizado para confeccionar este listado es que estos estados sean considerados paraísos fiscales por al menos 10 países miembros.

6. ¿Qué relación tiene este caso con los papeles de Panamá?

El medio que decidió compartir la información con el consorcio, el alemán ‘Suddeütsche Zeitung’, es el mismo del caso de los papeles de Panamá. En ese caso, se trataba de la información interna del despacho de abogados Mossack Fonseca, uno de los mayores del mundo en la creación de sociedades ‘offshore’. Su actividad queda reflejada en BahamasLeaks, ya que el bufete panameño creó 15.915 entidades en Bahamas. Se trata de la tercera jurisdicción favorita del despacho para crear sociedades que ayudaran a sus clientes a ocultarse de las autoridades de cada país.
Los casos de los papeles de Panamá que tenían conexión con esta jurisdicción encuentran su confirmación en BahamasLeaks, incluyendo la sociedad UK Lines Limited que llevó a la dimisión del exministro José Manuel Soria.
Sin embargo, la información interna del despacho Mossack Fonseca era mucho más rica. Incluía documentos de creación de la sociedad y correos internos del banco. En el caso de BahamasLeaks, se trata de información básica que es clave para seguir la pista de una sociedad de la que, normalmente, no se podría saber nada. Es por ello que esta información básica se hará pública.

7. ¿Qué es y para qué se utiliza una sociedad ‘offshore’?

Se llama ‘offshore’ a cualquier sociedad creada según las leyes de un Estado extranjero y cuya actividad se realiza fuera de la jurisdicción en la que está registrada. Por esta razón, el término se utiliza para denominar a aquellas compañías creadas en un paraíso fiscal, donde no llevan a cabo ninguna actividad sino que aprovechan las ventajas fiscales y de secretismo de la jurisdicción.
Estas sociedades se pueden utilizar simplemente para acumular patrimonio, pero a menudo tienen otros fines, como comprar acciones, bienes o desviar beneficios personales o de una empresa. Además, como revelaron los papeles de Panamá y la lista Falciani, también publicada por El Confidencial hace más de un año, se utilizan a su vez para abrir cuentas bancarias en otros países —básicamente en Suiza, pero también en otras jurisdicciones con secreto bancario, como Andorra o Mónaco— a nombre de estas sociedades, para que los beneficiarios últimos puedan ocultar su identidad y eludir así el pago de impuestos.
Las nuevas leyes antiblanqueo obligaban a los bancos de estos países a informar de los titulares de cuentas a nombre de una persona, pero no si estaban a nombre de una sociedad, con lo que bastaba con crear una sociedad en Panamá, por ejemplo, para mantener oculta su identidad. De ahí la denominación de ‘sociedades pantalla’, puesto que su único fin era ocultar el verdadero dueño del patrimonio y no tenían ninguna actividad real mercantil.

8. ¿Es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal?

No, es legal siempre y cuando el beneficiario declare la sociedad a las autoridades fiscales del país en el que reside. La Agencia Tributaria española hizo público que, según los últimos datos disponibles (2012), los contribuyentes han aprovechado la amnistía fiscal para repatriar patrimonio procedente en su mayoría de paraísos fiscales.
De acuerdo con los estándares internacionales y los expertos consultados, la presencia de un paraíso fiscal en una transacción o en un procedimiento legal suele suponer una señal de alerta para un posible caso de blanqueo de capitales. Según un análisis realizado por el Sepblac, entre 2009 y 2013, el 10% de los casos de riesgo de blanqueo detectados en los bancos españoles se debía a la presencia de un paraíso fiscal en la transacción.

Bahamas Leaks y los Panamá Papers: Una nueva investigación

Bahamas Leaks y los Panamá Papers: Una nueva investigación

Bahamas Leaks y los Panamá Papers: Una nueva investigación

¿Es legal tener una sociedad en un paraíso fiscal? ¿Qué impuestos se pagan en Bahamas?
Foto: Foto: Google Maps.

1. ¿Qué es BahamasLeaks?

Es el nombre con el que se conocen los cerca de 1,3 millones de documentos del registro mercantil de Bahamas obtenidos por el diario alemán ‘Süddeutsche Zeitung’. Incluyen información acerca de 175.888 compañías, trust y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 y 2016, y de sus cerca de 25.000 directores y secretarios. Las sociedades fueron incorporadas al registro por 539 intermediarios diferentes, siendo el despacho Mossack Fonseca y los bancos UBS y Credit Suisse los más activos.
Cerca de 100 periodistas, El Confidencial y La Sexta en España, han analizado estos datos —en total, 38 GB de información—, que serán publicados en su totalidad en una base de datos pública. Un trabajo que dará a cualquiera la posibilidad de bucear entre nombres de directores y dueños de las sociedades afincadas en esta opaca jurisdicción caribeña.


Monday, June 27, 2016

La policía tributaria internacional y los Panamá Papers

Daniel J. Mitchell explica que la controversia alrededor de los "Panama Papers" tiene una solución pro-crecimiento: que los países con impuestos altos reformen sus sistemas tributarios de tal forma que se de una competencia global por el capital.

Daniel J. Mitchell es Académico Distinguido del Cato Institute.
Muchas naciones en Europa Occidental ya no pueden costear sus grandes estados de bienestar. Países como Grecia, España, e Italia ya han necesitado rescates, mientras que es solo cuestión de tiempo antes de que muchas otras naciones europeas se enfrenten a un día de ajuste de cuentas fiscales. Pero el problema no está restringido a Europa. Países como EE.UU. y Japón también tienen serios problemas a largo plazo debido a sus cambios demográficos y al mal diseño de sus programas de prestaciones sociales.



Desafortunadamente, en lugar de arreglar sus propios problemas fiscales, muchas de estas naciones están presionando a las burocracias internacionales como el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para que modifiquen las reglas y tradiciones del comercio global en un intento de extraer una mayor recaudación tributaria.
Por esta razón es que ha habido un ataque importante en contra de los llamados paraísos fiscales como parte de una campaña coordinada para socavar la soberanía fiscal y restringir el derecho humano a la privacidad financiera. Aparentemente a las jurisdicciones pequeñas no se les permite seguir la misma estrategia de impuestos bajos y gobierno limitado que le permitió a países como EE.UU. volverse rico.
Uno de los capítulos más bizarros en esta historia es la forma en la que los partidarios del estado de bienestar ahora están tratando de demonizar los proveedores de servicios financieros como los bufetes de abogados que son contratados para realizar trámites legales en nombre de inversores y empresarios que están estableciendo fideicomisos, empresas, y otras entidades.
Considere, por ejemplo, el caso de Mossack Fonseca, un bufete de servicios profesionales basada en Panamá. La BBC y otros medios con una agenda han buscado impugnar la reputación de este bufete, que ha estado en operación durante casi 40 años y ni una sola vez en su historia ha sido acusado de delito alguno o incluso formalmente investigado en conexión con un solo caso de delito penal. Pero este grupo de practicantes del derecho y astutos asesores de fideicomisos, de repente está siendo presentado como un sindicato internacional del crimen que está corrompiendo a la civilización occidental, una corporación a la vez.
La controversia, en gran medida, se deriva de un discutible y determinado malentendido de lo que los bufetes como Mossack Fonseca hacen —y no hacen— para sus clientes. En términos básicos, estos bufetes ayudan a las personas a crear nuevas empresas y fideicomisos. Estas entidades legales son creadas en jurisdicciones alrededor del mundo, y los bufetes como Mossack Fonseca están legalmente obligados a conducir una extensiva diligencia debida para asegurarse de que el “propietario beneficiario” de estas entidades —los clientes finales— esté operando de una manera legal, y de que cualquier dinero depositado en estas nuevas empresas sea legalmente obtenido. Los bancos realizan un proceso similar de diligencia debida, y los bufetes de abogados tradicionalmente trabajan con ellos en sus cuentas compartidas para asegurarse de un cumplimiento total con las leyes aplicables.
Pero a diferencia de los bancos, estos bufetes de abogados no toman posesión del dinero de sus clientes. Así que la noción de que están involucrados en “lavado de dinero” es risible. Una vez que los papeles de incorporación son entregados, el bufete no dirige de forma alguna la operación de las empresas. Cuando los problemas surgen y varias “banderas rojas” asoman su cabeza, estos bufetes deben contactar inmediatamente a los supervisores locales y a los órganos encargados de hacer cumplir la ley, y comunicarles a estos cualquier información que hayan obtenido, incluso información que de otra forma estuviera protegida. En otras palabras: para culpar a estos bufetes de los delitos del infinitamente pequeño número de personas que burlan al sistema sería como culpar a una empresa de autos por un conductor que conduce su sedan hasta que este se cae de un precipicio.
Los bufetes como Mossack Fonseca son simplemente el último ejemplo y chivo expiatorio de una campaña mucho más amplia que está siendo librada por parte de gobiernos izquierdistas y sus múltiples aliados y grupos de intereses. Esta campaña se erige alrededor de ataques agresivos contra cualquiera que, por cualquier razón, busca proteger legalmente de políticas tributarias confiscatorias sus activos obtenidos con esfuerzo.
Lo que hace de este asunto tan frustrante es que de hecho hay una forma pro-crecimiento de acabar con esta controversia. Los gobiernos de impuestos altos deberían reformar sus propios regímenes tributarios con miras a competir por el capital y atraer a nuevas empresas a sus territorios en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Eso es básicamente lo que pasó durante la década de 1980, empezando con los recortes de impuestos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y esto desató un periodo considerable de prosperidad global.
Desafortunadamente, una serie de gobiernos en los tiempos recientes han decidido no competir en ese terreno del todo —en cambio, simplemente buscan difamar o destruir a cualquier entidad, individuo o jurisdicción que exista que los prive de la recaudación tributaria, dineros sobre los que los políticos ambiciosamente sienten que tienen derecho.
Como suele suceder, los medios de comunicación que lideran estas perennes “revelaciones”, usualmente a pedido de los burócratas de la OCDE (quienes, irónicamente, obtienen sueldos libres de impuestos) y funcionarios de gobiernos en países con impuestos altos, están apuntando en la dirección equivocada.
Puede ser el caso de que los bufetes basados en el extranjero como Mossack Fonseca sean objetivos fáciles y sabrosos, sin importar lo mundanal del trabajo que hacen y el papel crítico que desempeñan ayudando a la economía global a operar de manera eficiente. Pero la narrativa siendo desplegada por la prensa internacional, que sugiere que estos bufetes están violando la ley o ayudando a otros a hacer lo mismo, se contradice con el hecho de que ninguno de ellos ha sido acusado de crimen alguno. Desafortunadamente, las historias acerca de los bufetes que cumplen con la ley no necesariamente venden muchos periódicos.

La policía tributaria internacional y los Panamá Papers

Daniel J. Mitchell explica que la controversia alrededor de los "Panama Papers" tiene una solución pro-crecimiento: que los países con impuestos altos reformen sus sistemas tributarios de tal forma que se de una competencia global por el capital.

Daniel J. Mitchell es Académico Distinguido del Cato Institute.
Muchas naciones en Europa Occidental ya no pueden costear sus grandes estados de bienestar. Países como Grecia, España, e Italia ya han necesitado rescates, mientras que es solo cuestión de tiempo antes de que muchas otras naciones europeas se enfrenten a un día de ajuste de cuentas fiscales. Pero el problema no está restringido a Europa. Países como EE.UU. y Japón también tienen serios problemas a largo plazo debido a sus cambios demográficos y al mal diseño de sus programas de prestaciones sociales.