Inmigración (XL): visión libertaria y gradualista
Por Francisco Moreno
“La solución definitiva a los problemas migratorios no surgirá mientras los presentes estados-naciones no se desmiembren en un número cada vez más pequeño de unidades políticas y el conjunto de bienes públicos que vaya quedando en los mismos no sea totalmente privatizado”. Jesús Huerta de Soto.
“Un individuo tiene derecho a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su propiedad, pero no tiene derecho alguno a decidir quién puede vivir, trabajar o comprar en su país”. Albert Esplugas y Manuel Lora.
“… si se deja libre a los hombres, consiguen más de lo que la razón humana individual podría jamás proyectar o prever”. Hayek.
La visión libertaria pone en tela de juicio la legitimidad de los gobiernos en proclamar un derecho para dejar fuera de su territorio a personas de otra procedencia. Solo bajo un sistema de libre mercado puro existiría verdadera legitimidad de los propietarios para excluir a terceros de permanecer en su propiedad en cualquiera de sus formas. El poder del Estado y de su brazo ejecutor, el gobierno, al prohibir o limitar excesivamente la inmigración actúa de facto como si fuese el dueño indirecto de todo el territorio que está bajo su jurisdicción.
En tanto en cuanto el territorio nacional ha sido estatizado, parece lógico que el propietario de ese territorio (el Estado) tenga la obligación de gestionarlo. A partir de ese momento, el Estado se convierte con toda “naturalidad’, como dice Pascal Salin, en aquél que define los derechos de exclusión respecto a un territorio que ha sido previamente estatizado en gran medida. La nación es fruto de un orden espontáneo pero los colectivistas la identifican automáticamente con un Estado-nación; la consecuencia lógica de ello y difícil de evitar es que se estatice su territorio, así como los servicios desplegados en él como la educación, la sanidad, los servicios en red o “bienes públicos” y, finalmente, se ponga también la propiedad de sus propios ciudadanos al servicio y dictado de la moderna estructura del Leviatán.
El Estado, a fin de cuentas, arrebata a los individuos el derecho a la discriminación en sus interrelaciones con los demás. Se arroga competencia exclusiva e indiscutida sobre la llamada política de inmigración y define quién cae en la categoría de extranjero o no, de residente legal o no. El Estado posee, así, la facultad de decidir sobre lo que concierne a las relaciones privadas entre las personas (por ejemplo, prohibiendo vender, contratar laboralmente o alquilar un inmueble a los señalados como extranjeros por el propio Estado según el criterio de nacionalidad o residencia legal). En estos casos, decide en lugar de los individuos.
Por ello, las restricciones a la inmigración suponen a la postre restricciones a la libertad de los nativos y demás residentes ya que en las actuales sociedades multi-raciales es imposible distinguir entre ambos grupos. Los controles no se limitan a las fronteras sino que alcanza a toda la actividad de las personas en el interior de las mismas. Regular la inmigración supone controlar no solo quiénes llegan sino también dónde residen, dónde viajan y lo que hacen o dejan de hacer; lo que necesariamente implica relacionarse con los demás nativos y residentes a los que necesariamente hay que controlar y monitorizar. Tal y como nos explica Chandran Kukathas, y pese a lo desagradable que nos resulte su conclusión, las restricciones a la inmigración erosionan la libertad de los nativos por los mismos motivos que lo hacía el apartheid de Sudáfrica pues implican grandes esfuerzos masivos para separar grupos, muchos de cuyos miembros desean interactuar entre sí.
Es un error dar por sentado que los vínculos sociales y laborales entre individuos de diferentes nacionalidades deban ser siempre centralmente racionados y reprimidos por los gobernantes de cada Estado. Las extremadas barreras a la inmigración establecidas por meros criterios burocráticos impiden o dificultan en gran medida dichos vínculos.
La visión libertaria postula que sólo el derecho de propiedad puede ejercer propia y legítimamente el derecho de exclusión. Por tanto, en un mundo que estuviera estructurado en millones de propiedades individuales o plurales, donde las relaciones humanas tuvieran una base totalmente contractual y, por tanto, hubiera también una miríada de agencias privadas de viaje y de seguridad que garantizasen el acceso a cada medio de transporte y una entrada y salida ordenada de dichas propiedades privadas, el fenómeno de la migración tendría un sentido completamente diferente al actual.
Se desplegaría en toda su extensión el teorema de Coase: si los derechos de propiedad son seguros y transferibles y los costes de transacción son bajos porque las instituciones así lo propician, las personas (tanto la que piensan que ganarían con la inmigración como la que pensasen lo contrario) intercambiarían sus propiedades de todo tipo para alcanzar incontables acuerdos que redujeran los costes de las externalidades negativas que trajera consigo la inmigración.
Hasta aquí la teoría; pero como hemos visto en otro comentario anterior, no hace falta llegar a este desiderátum para dejar de hacer lo correcto en el mundo real de nuestros días o para proponer medidas innovadoras sin necesidad de abrir completamente las fronteras a los inmigrantes. Es pertinente tomar en consideración la advertencia de Anthony de Jasay de que en tanto en cuanto haya extensas parcelas apropiadas por el Estado (infraestructuras, servicios públicos, terreno o áreas públicas, etc.) es absurdo considerarlas como tierra de nadie y permitir alocadamente la irrestricta entrada y ocupación libre de las mismas por parte de los inmigrantes provenientes del exterior pese a que no invadan propiedad privada. Una cosa es abogar por flexibilizar las restricciones actuales a la inmigración y otra muy distinta es proponer la apertura total de fronteras sin tener en cuenta la situación híbrida (pública-privada) de la propiedad tal y como se da en nuestros días y, su corolario, la creciente presión y esfuerzo fiscales que recaen en el contribuyente para mantener y conservar el actual estado de cosas.
El liberalismo no podrá nunca hermanarse por completo con el conservadurismo, pues a este último le aterra el cambio o adentrarse en territorio desconocido.
Hay, sin embargo, objetores liberales a una inmigración más abierta o porosa a la actual aduciendo que, mientras no tengamos un libre mercado auténtico y mientras exista un generoso o dispendioso Estado de “bienestar”, dicha liberación de la movilidad de las personas en el mundo sería contraproducente. Pienso que es un error de enfoque porque las barreras habría que ponerlas en otro sitio (es decir, en el acceso a las prestaciones sociales). Otros liberales, por su parte, abogan por una mayor inversión y ayuda hacia los países en desarrollo o el desmantelamiento, incluso, de las barreras al comercio con la falsa impresión de que el desarrollo reducirá los flujos migratorios. Los que emigran son los que están por encima del nivel de pobreza absoluta. un mayor desarrollo incrementaría la inmigración, no la reduciría.
Incurren en contradicción aquellos que defienden el mercado libre y la propiedad privada y, al mismo tiempo, abogan por fuertes barreras a la inmigración. Conceden a los representantes del Estado una legitimidad absoluta en la gestión de la propiedad no solo de los aeropuertos, puertos, carreteras, plazas y calles sino de facto también en la de todo el territorio de la nación, prevaleciendo su poder y su criterio sobre el de los demás propietarios de haciendas, inmuebles y negocios particulares allí radicados. La disponibilidad del individuo sobre la propiedad que le corresponda está mediatizada por la expansión creciente de las funciones del Estado. Éste, ente otras muchas injerencias, la expropia parcialmente mediante la limitación en su propiedad o negocio a que pueda contratar, alquilar o pactar con extranjeros no autorizados.
La única manera de alcanzar una sociedad plenamente respetuosa con los derechos individuales es trabajar y persuadir para lograr avances incrementales y simultáneos en todas y cada una de las áreas en donde alguna liberación sea posible. A saber: suprimir aranceles y demás barreras a la importación de productos extranjeros, reducir impuestos y simplificar la normativa fiscal a empresas y particulares, alejar las pensiones de las decisiones políticas y capitalizar las cotizaciones, abrir por completo al sector privado la prestación de servicios en el área de la enseñanza y de la salud, abogar por la supresión de los privilegios sindicales y bancarios, defender una moneda sólida (“libertad acuñada” según la definía Dostoyevski), evitar unos tipos de interés permanentemente manipulados, un inflacionismo monetario y una represión financiera promovidos por los monopolios estatales de los bancos centrales, eliminar subvenciones y gasto público superfluo, mejorar el entorno legal para ofrecer mayor seguridad jurídica, exigir rendimiento de cuentas y mayor transparencia a los gobernantes, permitir un más amplio ejercicio del derecho a la autodefensa de los ciudadanos, derribar rigideces en la contratación laboral, revocar leyes antitrust que protegen empresas ineficientes, reducir la creciente intervención del Estado sobre la economía, exigir regulaciones más neutras y favorables a la actividad empresarial en general, dar la bienvenida a toda innovación disruptiva pese a que pueda ocasionar problemas a los ya establecidos… y promover una política más abierta y menos hostil hacia la inmigración.
Ninguna de estas medidas podrá alcanzarse probablemente nunca en su plenitud, pero no por ello se ha de cejar en el empeño de lograr una sociedad más libre y dinámica en su conjunto, no por parcelas estancas, y evitar el engrandecimiento continuo -hipertrofia ya- de los poderes del Estado. Esto también atañe a una mayor libertad en la movilidad laboral internacional, sin las tantísimas trabas ni cortapisas actuales.
Solo así podremos acoger lo imprevisto y abrazar el cambio con alguna garantía de éxito.
