Santos elude la Constitución
Por Mary Anastasia O'Grady
En su intento por asegurar un acuerdo de paz con los narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, ha dado marcha atrás en varios de sus compromisos de respeto a la democracia. Pero ninguna de sus promesas rotas es tan vergonzosa como su anuncio la semana pasada de que someterá al Congreso un acuerdo final con las FARC que es casi igual —aunque eso no lo dijo— al pacto repudiado en el plebiscito nacional del 2 de octubre.
Santos argumenta que su nuevo acuerdo, firmado por las dos partes en Bogotá el jueves pasado, contiene revisiones al texto original que responden a las objeciones planteadas por la oposición. Pero el mandatario no lo someterá a una consulta popular como lo prometió en repetidas ocasiones desde 2012.
El presidente colombiano sufrió una humillación internacional cuando perdió el plebiscito. El comité del Nobel le dio de todas maneras el premio de la paz unos pocos días después, presumiblemente para restaurar su dignidad. Pero no fue de mucha ayuda. Primero, porque parecía una noticia satírica del Día de los Inocentes: “El presidente polariza a la nación con ayuda de los terroristas y gana el premio Nobel de la Paz”.
Segundo, porque los colombianos reconocieron pronto el conflicto de intereses que tenía Noruega, uno de los países garantes del acuerdo de La Habana, al tratar de impulsar el nombre de Santos. De todas formas, el 10 de diciembre, Santos estará en Oslo para la ceremonia. El mandatario no se atreve a aparecer sin un acuerdo en las manos.
Santos dijo en una columna en este diario que el nuevo acuerdo es mejor porque, por ejemplo, les pide a los miembros de las FARC que declaren sus activos y deja de lado un plan de usar jueces extranjeros en sus casos.
Pero igual que el original, libra a las FARC de penas de cárcel, les proporciona elegibilidad política a los delincuentes de las FARC y les da escaños en el congreso a representantes de sus bastiones sin que tengan que someterse a elecciones. No está claro cómo pagará el grupo guerrillero las reparaciones a sus víctimas y convierte el tráfico de drogas de las FARC —pero no de otros capos— en un delito perdonable.
El nuevo acuerdo repite al original en la creación de algo llamado “justicia transicional”, que descarta la igualdad bajo la ley y crea un sistema de justicia paralelo hecho a la medida de los intereses de las FARC. El grupo guerrillero no tiene obligación de regresar los miles de niños soldados ni de responder por quienes que murieron como sus reclutas. Las FARC mantienen el control de unas 30 emisoras de radio a través de las cuales podrán difundir su propaganda.
Tal vez lo peor de todo sea la decisión unilateral del gobierno de dar al acuerdo una base constitucional, de modo que muchas concesiones a las FARC que violan la Constitución no pueden ser desafiadas ante los tribunales.
Una constitución es tanto un pacto social como un documento legal. En la mayoría de las democracias liberales modernas, incluyendo Colombia, cambiarla requiere de una conversación nacional inclusiva y aceptada por una amplia representación del país
Si Santos respetara la democracia, le pediría al Congreso que enmendara la Constitución. Pero una acción de ese tipo requiere de ocho debates y ocho votos en las cámaras alta y baja durante dos sesiones legislativas consecutivas. El presidente prefiere el decreto ejecutivo.
Este abuso de poder alarma a Jaime Castro, un político del Partido Liberal, ex alcalde de Bogotá y ex ministro de Justicia. Castro lideró el movimiento “Mejor no”, que se oponía al acuerdo con las FARC en el plebiscito. Según la revista Semana —que publicó una entrevista con él el 19 de noviembre— “Mejor no” incluía a “muchos de los más prestigiosos juristas del país” y ganó prominencia porque no tenía “ningún vínculo político ni electoral”.
Castro le dijo a Semana que el nuevo texto contenía protecciones constitucionales para el acuerdo que no estaban en el original. Las FARC insistieron en esto, explicó, porque el partido que creen “gozará de exorbitante ventaja” y quieren certeza legal. Esta evasión a la reforma o la reescritura de la Constitución hace que el nuevo acuerdo sea peor al pacto rechazado.
En una carta del 20 de noviembre a Santos, el general Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares de Colombia también se quejó del nuevo texto. El ex militar señaló que añade lenguaje que hace a los comandantes responsables de delitos cometidos por sus subordinados. Esto pone a los militares en el mismo nivel moral de los terroristas, expone al liderazgo del ejército a una guerra judicial y socava la seguridad nacional.
El ex presidente Andrés Pastrana tampoco está contento. Le escribió al presidente Santos el 20 de noviembre que el acuerdo modificado “retiene la esencia antidemocrática del pacto original”. El ex mandatario señaló que Santos “contraviene” un fallo de la Corte Constitucional que le ordena respetar el resultado de la consulta popular del 2 de octubre.
Buena parte de la rama judicial está de acuerdo. Para protestar contra las tácticas de intimidación de Santos, la presidenta de la Corte Suprema y sus salas Civil y Laboral se rehusaron a asistir a la ceremonia de firma del jueves. Es otra evidencia de que Santos ha sembrado conflicto, no paz.
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