OCDE, una amenaza mundial al Estado de Derecho

Hana Fischer considera que la OCDE está degradando el Estado de Derecho a nivel mundial mediante presiones y amenazas de sanciones económicas que amenazan con dar por terminada la presunción de inocencia.

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Hana Fischer es analista política uruguaya.

En estos momentos los amantes de la libertad deberían estar más preocupados que nunca porque las amenazas que la acechan provienen de varios frentes, incluso, de los más insospechados.
Por un lado tenemos al islamismo radical —principalmente a ISIS— que viene sembrando el pánico y subyugando directa o indirectamente, a una porción cada vez mayor de la población mundial.
Directamente, en Irak y Siria; indirectamente, en los países occidentales porque sus ataques terroristas provocan que en aras de “seguridad”, la gente vaya aceptando que sus gobiernos les vayan recortando sus derechos individuales.



Pero por el otro está la OCDE que, quizás, sea más peligrosa. ¿Por qué? Porque el desprecio por el Estado de Derecho de los terroristas es algo que salta a la vista. Sin embargo, no sucede lo mismo con la conducta de la OCDE porque es más sinuosa y los medios de comunicación no filman a los muertos. En consecuencia, la gente no parece percibirlo. No obstante, mediante mecanismos y con fines diferentes, las autoridades de ambas organizaciones desean obtener un poder omnímodo. ISIS busca dominar a las personas mediante el terror; la OCDE mediante la vigilancia del dinero que cada individuo tenga. Ambas conductas son despóticas.
Estar alerta frente a ISIS es fácil porque sus intenciones son diáfanas. En cambio es mucho más difícil estarlo ante los “ogros filantrópicos”; es decir, los gobiernos democráticos. La gente suele creer que el hecho de que las autoridades sean electas mediante el voto popular en elecciones limpias, es garantía suficiente de que sus derechos serán respetados. Nada más alejado de la verdad. El medio más eficaz para que las libertades civiles, económicas y políticas estén resguardadas es mediante el fraccionamiento del poder, la descentralización administrativa y la igualdad ante la ley. En otras palabras, mediante la limitación de toda potestad, incluso la del llamado “pueblo”.
La experiencia histórica ha demostrado que sin libertad económica, sin el control de nuestros medios de subsistencia, sin privacidad, todos los demás “derechos” son pura ilusión. Además, es imprescindible la existencia de un Poder Judicial independiente, eficaz y preparado, que tutele a los ciudadanos de los abusos gubernamentales.
En Occidente el Estado de Derecho se está degradando a pasos agigantados a impulsos de los países más avanzados. Un nuevo zarpazo a las libertades y garantías ciudadanas lo acaba de dar la OCDE con su “Intercambio Automático de Información Financiera” (AEOI), que con presiones y amenazas de sanciones económicas está imponiendo en el mundo entero.
En su página oficial expresa que “Dando un paso importante hacia una mayor transparencia y poniendo fin al secreto bancario en materia fiscal, la OCDE dio a conocer hoy la versión completa de un nuevo estándar global para el intercambio de información entre jurisdicciones”. Allí se establece que “El estándar prevé el intercambio automático y anual de información financiera entre gobiernos, incluyendo balances, intereses, dividendos y ventas de activos financieros, transmitida a los gobiernos por las instituciones financieras y cubriendo cuentas mantenidas por individuos y entidades, incluyendo trusts y fundaciones (…) El G20 encargó a la OCDE que trabajáramos con países del  G20 y la OCDE y con las partes involucradas para desarrollar un ambicioso modelo de intercambio de información que ayudara a los gobiernos a combatir el fraude y la evasión fiscal”, dijo el Secretario General de la OCDE Ángel Gurría. “Esta publicación nos acerca a un mundo donde los defraudadores fiscales no tengan donde esconderse”.
En las repúblicas, el principio que rige al individuo es la libertad. Cada uno puede hacer con sus vidas lo que le plazca sin tener que ir dándole cuentas a nadie de sus acciones o bienes, siempre y cuando no le haga daño a otra persona. En cambio el principio que rige a las autoridades, es que únicamente pueden hacer aquello que los faculta la ley taxativamente. Sin embargo, vemos que estamos yendo hacia un orden social donde se está dando la situación inversa.
Alexis de Tocqueville advierte que siempre los mandatarios esgrimen “buenas razones” para coartar derechos pero que si cedemos, con el correr del tiempo, nos daremos cuenta de que estamos sumidos en el fango de la opresión. Y justamente, para prevenir la tiranía, es que las constituciones liberales han impuesto el sistema de los pesos y contrapesos. La AEOI con diversas excusas salta por encima de ellos. Las autoridades impositivas pasarán a ser una especie de “policía secreta”, de KGB, que sin ningún tipo de control meterán sus narices en los asuntos privados del hombre honesto. En forma “automática”, o sea, sin la supervisión o autorización de ningún juez.
¿Dónde va a para la presunción de inocencia? Los gobernantes y sus agentes impositivos han decretado que todo el mundo es culpable de defraudación tributaria o lavado de dinero hasta que demuestren lo contrario. Invierten la carga de la prueba.
Se sabe que uno de las maneras más sofisticadas de acallar voces críticas, es mediante el envío de inspecciones de las oficinas recaudadoras. ¿Qué garantías habrá para el contribuyente ahora? ¿Cómo se evitarán los abusos?
La OCDE impone sus decisiones pasando por encima de la soberanía de las naciones más débiles, creando “listas negras” o “grises” que hacen recordar al macarthismo y su caza de brujas. Es bien conocida la clase de “ética” que se oculta tras ese tipo de persecuciones. A su vez frecuentemente —como está ocurriendo en Uruguay— las autoridades locales aprovechan la “bolada” para acabar con el secreto bancario y la protección de los jueces ante los desmanes de la impositiva.
Con medidas como el AEOI y la eliminación del secreto bancario, los jerarcas de la OCDE y los gobernantes uruguayos delatan que para ellos los habitantes son meros súbditos. La inmoralidad de su conducta queda en evidencia al constatar que la mayoría de esos “expertos” y funcionarios internacionales que van perfeccionando los mecanismos para exprimir al máximo a cada contribuyente, perciben suculentos sueldos libres de impuestos.
En ancas de este gobierno mundial que pretende imponer la OCDE, estamos volviendo a la situación imperante en el Antiguo Régimen, con sectores privilegiados y el “tercer estado”. Los primeros no pagan impuestos pero los cobran y se benefician de tal situación; los segundos tienen que trabajar el doble o el triple para mantener a sus familias y a esos sectores privilegiados vía presión tributaria.
¿Cómo la gente no va a tratar de protegerse del expolio de los gobernantes cuando la presión impositiva sobre las empresas en algunos lados es brutal? Por ejemplo, en España es de 58,2%, en Italia de 65,4%, en Francia de 66,6%. Para colmo, nunca les alcanza y las deudas públicas suelen ser colosales. Es un despilfarro completo, un pozo sin fondo, al cual nadie le pone coto.
Medidas como el AEOI —que tanto alegran a gobernantes y funcionarios de organismos internacionales que no pagan impuestos sobre sus ingresos— son una preocupante noticia. Van a disminuir la riqueza de las naciones, las libertades menguarán, los individuos quedarán cada vez más sometidos a la arbitrariedad estatal sin posibilidades de defensa porque no contarán con los recursos —ni económicos ni judiciales— para hacerlo.
La OCDE es una amenaza para el hombre común porque como Lord Acton advierte, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.