El sueño de la paz puede convertirse en una pesadilla
El sueño de la paz,
fervorosamente pregonado por la propaganda oficial y acatado por quienes
votarán el Sí en el plebiscito, se derrumbará cuando en remplazo de las
Farc y con el sustento del narcotráfico, el Eln, el Epl y las llamadas
Bacrim ocupen su lugar con las mismas acciones terroristas
Por Plinio Apuleyo Mendoza
El acuerdo final suscrito por el
Gobierno y las Farc será sometido a consideración de los colombianos en
un plebiscito que tendrá lugar el próximo 2 de octubre. Abarca 297
páginas que muy pocos han tenido la paciencia de leer. Son densas,
abordan temas muy complejos y a veces resultan nada claras para el
ciudadano común. No obstante, sin tener un real conocimiento del
acuerdo, el elector se encontrará a la hora de votar con una pregunta
para la cual solo existen dos opciones: un Sí o un No. Redactada con su
conocida astucia de hábil jugador de póker por el presidente Santos, la
pregunta dice así: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación
del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. A
cualquier observador extranjero el voto por el No debe resultarle
exótico, incomprensible, como si su depositario fuese amigo de la
guerra.
Por cierto, este es el camino que sigue
la estruendosa propaganda oficial. Su lema “sí a la paz, no a la guerra”
invade no solo todos los medios de comunicación, sino también ventanas y
edificios con carteles con la seráfica imagen de una paloma. En la
televisión y la radio se les pregunta a los colombianos si desean el fin
del secuestro, de la extorsión, de los atentados, del reclutamiento de
menores y de otras tantas acciones que desde hace más de cincuenta años
vienen asolando al país.
Sin duda, el acuerdo logrado en La
Habana ¬–y los alardes publicitarios que lo acompañan– puede alcanzar un
efecto positivo en el ámbito internacional y también en electores rasos
de Colombia, especialmente en las zonas rurales que por largo tiempo
han vivido bajo la constante amenaza de las Farc.
Ahora bien, ¿cuáles son las razones de
quienes se proponen votar No en el plebiscito? Conviene mirarlas con
detenimiento. De un lado, obedecen a una realidad que el Gobierno tuvo
que maquillar o pasar por alto para abrir el diálogo con las Farc y
aceptar sus exigencias. De otra parte, el sombrío porvenir que muchos de
los acuerdos tienen para el inmediato futuro de Colombia.
En busca de esa realidad escamoteada
debemos volver atrás, a los primeros años de este siglo, cuando el
entonces presidente Álvaro Uribe Vélez puso en marcha su política de
Seguridad Democrática para combatir, al fin con mano firme, a las
guerrillas y a las Autodefensas Campesinas o paramilitares. Dos
experiencias del gobierno de Andrés Pastrana le sirvieron para trazar
esta nueva ruta de acción. La primera fue el fracaso de los diálogos del
Caguán, que mostraron la manera cómo, gracias a la concesión de un
territorio, las Farc extendieron su poder militar en muchas zonas del
país. La segunda fue el apoyo logístico que obtuvo Pastrana de los
Estados Unidos con el Plan Colombia, apoyo que permitió un mejor acceso
aéreo a las regiones donde las Farc tenían sus campamentos.
Los resultados de Uribe fueron
innegables. Desalojadas de muchas zonas que antes controlaban, dados de
baja sus principales cabecillas (Raúl Reyes, el ‘Mono Jojoy’, Alfonso
Cano) o detenidos y extraditados como Simón Trinidad, liberada del
secuestro la famosa Íngrid Betancourt y desmovilizados 52 mil
integrantes de paramilitares y guerrillas, las Farc por primera vez
fueron diezmadas y obligadas a considerar imposible la toma del poder
por las armas. Ninguno de sus campamentos estaba seguro.
El objetivo último de Uribe Vélez era
lograr con ellas, como había ocurrido con los paramilitares, que
aceptaran un sometimiento a la justicia a cambio de que solo pagaran
ocho años de cárcel por los delitos cometidos. Pensaba que este último
objetivo iba a realizarlo Juan Manuel Santos, su ministro de Defensa,
quien logró ganar las elecciones presidenciales del 2010 gracias a su
apoyo.
Como es bien sabido, desde el primer día
de su gobierno Santos no quiso aparecer como el continuador de la
política de Uribe. Al contrario, marcó rotundas diferencias con quien
había facilitado su triunfo. Se acercó a Chávez llamándolo su “nuevo
mejor amigo”. Y en vez de continuar asediando a las Farc con fuertes
operaciones militares, abrió secretas conversaciones con sus
comandantes. Dos factores lo movieron a ello. El primero, las vanidades
de su ego. El segundo, un cambio en la estrategia de las Farc.
Chávez convenció al entonces comandante
supremo de las Farc, Alfonso Cano, que ya no era viable en el continente
llegar al poder por las armas como lo consagraba la cartilla castrista.
Era factible aprovechar el descontento de las clases marginales para
lograr un triunfo electoral y una vez en el poder poner en marcha su
proyecto revolucionario identificado con el socialismo del siglo XXI.
Sin dudarlo, bajo esta sugerencia, Cano
creó varias iniciativas: el llamado Plan Renacer que implicaba un
regreso a la guerra de guerrillas, la disminución del número de
efectivos, la suspensión de combates abiertos con las Fuerzas Militares,
la formación de un movimiento político y la infiltración de milicianos
clandestinos en la justicia, los sindicatos, las universidades, las
comunidades indígenas y afrodescendientes y, algo de suma importancia,
en los medios de comunicación. Dentro de esta nueva estrategia buscó
contactos confidenciales con Juan Manuel Santos para iniciar
negociaciones.
Para hacer efectiva esta propuesta,
Santos no tuvo inconveniente en bautizar como conflicto armado lo que
bajo el gobierno de Álvaro Uribe era una abierta lucha contra el
terrorismo. Pasó por alto con esta denominación el prontuario criminal
de las Farc que condenaba a sus máximos líderes a un total de 1.629 años
de prisión por cuenta de 27 mil secuestros, 25 mil desaparecidos y seis
millones de desplazados. De igual manera, pasó por alto también que las
Farc se habían convertido en el tercer cartel mundial del narcotráfico
con ingresos de 600 millones de dólares al año. Escogió como
intermediarios en este proceso de negociación a los gobiernos de Cuba y
Venezuela que comparten la ideología marxista de las Farc y no vaciló en
elegir como sede de los diálogos La Habana.
En síntesis, el hecho de haber definido a
las Farc como uno de los actores del conflicto, colocándolas en pie de
igualdad con el Estado, es una de las primeras razones que han movido a
un creciente número de colombianos a votar No en el plebiscito. Las
primeras, pero no las únicas.
Peligrosas concesiones. Luego
de cuatro años de negociaciones, muchos de los puntos contenidos en el
Acuerdo Final representan para las Farc concesiones inaceptables y
riesgos muy grandes que ensombrecen el futuro del país. El primero de
ellos es la impunidad, pues el acuerdo admite que los miembros de la
guerrilla quedan eximidos del pago de cárcel por los delitos cometidos.
Solo tendrán una temporal restricción de la libertad en zonas
previamente acordadas donde realizarán “trabajos, obras o actividades
reparadoras y restaurativas, programas de protección del medio ambiente,
de desarrollo rural, de eliminación de residuos o reparación de
infraestructura”. La supuesta restricción de la libertad a que serán
sometidas las Farc, no les impedirá ocupar curules en el Congreso de la
República. No sobra señalar que mientras las Farc reciben este
beneficioso trato, los militares retirados que están siendo investigados
o ya fueron condenados (muchos de ellos injustamente), se mantienen en
centros de reclusión militar.
La aplicación de la justicia
transicional convenida con las Farc plantea varias dudas sobre su
funcionamiento y la selección de jueces que tendrán fueros no
contemplados en la Constitución. La denominada Jurisdicción Especial
para la Paz (JEP) será conformada por instancias extranjeras y tendrá
facultades y poderes que sobrepasan los de las Altas Cortes, juzgados y
tribunales del país. La Fiscalía General, la Procuraduría y la
Contraloría pierden sus atribuciones penales, y sus decisiones en
cualquier época pueden ser revisadas e incluso anuladas. Los fallos de
la Jurisdicción Especial para la Paz serán inapelables y no admitirán
doble instancia. Hay, pues, muchas inquietudes y temores de que esta
clase de justicia proceda con abierta parcialidad.
El narcotráfico, calificado como delito
conexo al de rebelión, seguirá convertido en un millonario recurso para
las Farc una vez se constituyan como partido político. En efecto, la
decisión del gobierno de Santos en suspender la fumigación con glifosato
de los extensos cultivos de coca ha producido un considerable aumento
de estos en los últimos dos años. Hoy cubren nada menos que 170 mil
hectáreas, ello sin contar que las Farc no confiesan ser
narcotraficantes y por tal motivo declaran no tener recursos para
resarcir a sus víctimas.
Sorprenden otros beneficios otorgados a
las Farc. El Acuerdo Final establece para sus líderes diez curules
directas en el Congreso durante ocho años sin necesidad de votos. Además
de las que ya tienen movimientos políticos de cercana orientación
ideológica, habrá 16 más en la Cámara de Representantes por cuenta de
unas circunscripciones especiales de paz ubicadas en áreas donde las
Farc han tenido una presencia dominante. El futuro partido político
creado por ellas recibirá el diez por ciento de los recursos que el
Estado destina a todos los partidos políticos. Además de un cinco por
ciento adicional para financiar la mejor difusión de su plataforma
ideológica, tendrán acceso a 31 emisoras de radio y a un nuevo canal de
televisión. Parece increíble que después de cincuenta años de acciones
terroristas las Farc recibirán estos beneficios nunca antes concedidos a
partido político alguno.
La reforma rural integral contemplada en
el acuerdo supone crear un fondo de tierras de distribución gratuita y
de carácter permanente. Solicitada por las Farc, suscita inquietudes por
varias razones. Se practica sobre las llamadas ‘tierras insuficientes’
sin que se explique el alcance de este término. Los expertos aseguran
que la creación de un fondo de tierras con subsidios y créditos va a
generar inmensos costos para la economía nacional. El otro tema que
inquieta es que muchas de estas tierras van a quedar en manos de
comunidades agrarias creadas o influenciadas por las Farc.
Lo que queda claro del Acuerdo Final es
que a las Farc se le han atendido todas sus exigencias con el chantaje
de que sin ellas no llegaría a buen término el proceso de paz. En
realidad, su aspiración no es la paz como tal, sino un nuevo punto de
partida para llegar al poder por la vía electoral y, una vez alcanzado,
consolidar el proyecto revolucionario tal como lo hicieron en el
continente Maduro, Correa, Evo Morales y Daniel Ortega con la
complicidad de los Castro.
Desde luego, para las elecciones
presidenciales de 2018 no van a postular un candidato propio, teniendo
en cuenta la baja favorabilidad que tienen en el país. Su nueva
estrategia está encaminada, como bien lo dice su asesor, el jurista
español Enrique Santiago, “a la reconformación de la izquierda y a la
unidad de los movimientos de progreso antineoliberales como ha pasado en
otros países de América Latina”. He aquí el riesgo que se nos presenta.
Aunque en este país la gran mayoría es consciente del terrible desastre
que produjo el chavismo en Venezuela, es cierto también que un fenómeno
como el vivido por el país hermano en 1998 se puede deslizar
sigilosamente en Colombia.
La corrupción que invade el mundo
político, el descontento que va a producir una voraz reforma tributaria
–que afectará a la mayoría de los colombianos–, la crisis en la salud y
la administración de justicia se harán sentir, y como como consecuencia
de todo ello pueden abrirle el paso a una opción totalmente diferente y
lograr que una izquierda, dentro de la cual se ubicará el partido
político de las Farc, recoja el creciente descontento que se empieza a
sentir en lo que podríamos llamar el elector raso.
Debe tenerse en cuenta que el sueño de
la paz, fervorosamente pregonado por la propaganda oficial y acatado por
quienes votarán el Sí en el plebiscito, se derrumbará cuando en
remplazo de las Farc y con el sustento del narcotráfico, el Eln, el Epl y
las llamadas Bacrim (bandas criminales) ocupen su lugar con las mismas
acciones terroristas. Dueños de las 29 vastas zonas de concentración,
comandantes de las Farc, libres de cualquier control y con mucho dinero
en su poder, tendrán a su cargo la movilización campesina por primera
vez con fines electorales.
Este es el inquietante panorama que se
advierte en Colombia a raíz del Acuerdo Final que se firmará en
Cartagena el 26 de septiembre. El engaño está sobre la mesa. El sueño de
la paz puede convertirse en una pesadilla.
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