El gobierno de Bogotá y los narcoguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las tristemente célebres FARC, han llegado a un acuerdo de paz tras 52 años de violenta insurgencia por parte de este brazo armado del Partido Comunista.
Hay otras
guerrillas igualmente comunistas, como el Ejército de Liberación
Nacional o ELN, auspiciadas por Cuba en los años sesenta, pero las más
fuertes y destructivas han sido las de las FARC.
Las FARC creían en
el marxismo-leninismo y trataron denodadamente de construir en el país
una sociedad semejante a la cubana o a la soviética, comenzando su labor
de demolición de la democracia liberal en medio de la Guerra Fría.
Debo aclarar para los colombianos, y acaso para los que no lo son, que la expresión democracia liberal nada
tiene que ver con el partido que lleva esa palabra en el nombre, sino
con un modelo político que incluye el pluripartidismo, la alternancia en
el gobierno, el respeto por las libertades y los derechos humanos,
incluida la propiedad privada, la separación de poderes, la
transparencia en los actos de gobierno y la existencia de un mercado
abierto en el que las personas y las empresas realicen sus transacciones
económicas. Es decir, el Estado que los comunistas califican de burgués
y que las FARC se empeñaron en destruir.
Para lograr ese
objetivo, y como una forma de aterrorizar a la población, las FARC
asaltaron, secuestraron y vendieron rehenes, o los asesinaron, violaron
muchachas campesinas, convirtieron por la fuerza a niños en
guerrilleros, obligándolos a matar, colocaron bombas en lugares públicos
y cometieron toda clase de crímenes atroces, incluyendo el cultivo,
venta y exportación de cocaína, hasta convertirse en uno de los cárteles
más poderosos del mundo. Exportaban la droga, fundamentalmente hacia
territorio de Estados Unidos, el más odiado de los enemigos.
Obviamente, con
ese sanguinario prontuario delictivo las FARC no podían evitar que la
justicia persiguiera y castigara severamente a sus miembros de acuerdo
con la Constitución, las leyes y el Código Penal colombianos. De manera
que en las conversaciones de paz suspendieron el Estado de Derecho
aprobado por el país anteriormente y se acogieron a una justicia
provisional transitoria que garantizara a los insurgentes penas muy
leves o impunidad, y hasta costosísimos recursos económicos, para
incorporarse a otro género de vida.
En todo momento en
las conversaciones estuvo presente un último chantaje: si no se pactaba
lo que convenía a los delincuentes, estos seguirían matando, violando y
traficando con drogas, como habían hecho hasta entonces.
El Estado, que
representaba a 45 millones de colombianos, aceptó las humillantes
condiciones de las FARC, apenas siete mil guerrilleros, y firmó un
acuerdo con los cabecillas, liderados por un truculento señor que se
hace llamar Timochenko.
Los pactos, como
se sabe, deberán ser legitimados por los electores colombianos en un
plebiscito que se puede ganar con sólo el 13% de los sufragios, una
cantidad mínima de votos. Algo muy peligroso, dado que afectará a la
nación por varias generaciones. Esto sucederá el 2 de octubre próximo.
¿Qué pasará a
partir de ese momento? Esa es la pregunta que se debieron hacer el
presidente Juan Manuel Santos y los miembros del gobierno que sirvieron
como negociadores.
Esa es la pregunta
que se hubiera hecho un verdadero estadista y no un político
convencional preocupado por los efectos inmediatos de la maniobra.
Quizás la gran
diferencia entre un estadista y un político convencional sea ésa: los
estadistas se basan en principios y en una visión del Estado que los
lleva a ponderar sus acciones a largo plazo. Saben que los actos que hoy
parecen útiles y buenos en el futuro pueden convertirse en errores
tremendos que afecten negativamente a la sociedad.
Tan importante
como exigir a los narcoguerrilleros de las FARC que dejaran sus armas
era que abandonaran expresamente su pretensión de destruir el modelo de
Estado que los colombianos han escogido libremente para vivir.
¿Qué pasará a partir del momento en que la mayoría de los electores, ingenuamente, apoyen los acuerdos firmados en La Habana?
Pasará que las FARC comenzarán a utilizar la estrategia chavista.
Ocurrirá que las
FARC se insertarán en la vida política del país y comenzarán a desmontar
la democracia, como hicieron en Cuba y en Venezuela, porque han
renunciado a la guerra armada, pero no a establecer un régimen
comunista, sencillamente porque son el brazo armado de un partido
marxista-leninista que cree en unas supersticiones que les llevó a
cometer toda clase de crímenes durante más de medio sigo.
A Colombia le
espera un futuro atroz, infinitamente peor y más negro que este presente
incómodo y, a veces, sangriento que hoy padece. Será la consecuencia
de no tener un verdadero estadista en el Palacio de Nariño.
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