Por Miguel Anxo Bastos Boubeta
Puede verse tambié la Parte I de este trabajo
Entiendo que el debate sobre el
anarcocapitalismo está viciado por la cuestión de la posibilidad o
imposibilidad del mismo. Es obvio que la anarquía es posible, como lo
demuestra la mayor parte de la historia humana (no creo que llegue al
10% de la historia el tiempo en el que hemos sido gobernados por algún
tipo de entidad dotada de poder político, y mucho menos por Estados,
cuya existencia como tales no será muy superior a 300 años) y la
pervivencia contemporánea de pueblos sin Estado, como algunas tribus
remotas en África, en América o en islas del Pacífico.
El debate debería ser otro: el de si
alguien podría decidir vivir al margen del Estado, asumiendo las
consecuencias; y si esto le sería o no permitido y con qué razones. Esto
es, que unos cuantos ancaps y yo decidamos comprar tierras en alguna
zona despoblada, española pongamos por caso, para vivir allí de forma
anarcocapitalista, asumiéndolo de forma consciente, conociendo sus
posibles ventajas y las hipotéticas desventajas que se darían,
incluyendo un descenso en el nivel de vida o la supuesta incapacidad de
establecer la justicia y la defensa por nuestra propia cuenta. Sería, en
cualquier caso, nuestro problema, pero ¿nos sería permitido?
Rápidamente dirían que eso no puede ser y
que tendríamos que someternos a las leyes comunes que nos dimos ¿a
nosotros mismos? O que en el marco de España no caben secesiones ancaps
dado que ésta es una e indivisible. Y se nos impediría por la fuerza.
Pero lo que estarían haciendo no es más que aplicar la violencia contra
un grupo de personas que a nadie molestan y que simplemente quieren
vivir en paz respetando el derecho de los demás a vivir gobernados por
la forma de Estado que ellos quisiesen. Y no lo podrían permitir porque
si se acepta la voluntariedad de las relaciones no podemos hablar de un
Estado, sino de una asociación voluntaria.
Este argumento se usó mucho en su tiempo
para mostrar la superioridad moral del capitalismo sobre el socialismo,
dado que el primero sí permitiría la existencia de comunidades
socialistas, mientras que el socialismo no podría permitirlas sin
derrumbarse a sí mismo. Idéntico argumento ético creo que puede ser
usado en el debate entre anarquismo y minarquismo. El minarquista nunca
podrá tolerar la existencia de comunidades o territorios anarquistas en
su seno sin descomponer su propio argumento.
La argumentación ética en el debate
entre ambas formas ideales de sociedad no ha sido nunca muy apreciada
por los minarquistas, dado que en esencia les llevaría a discutir la
legitimidad última del Estado, así como a cuestionar su propio origen y
esencia. Y en esta clave no saben defenderse muy bien, pues su razón
última es la de la fuerza contra aquellos que no compartan sus
principios. Están más cómodos en el debate utilitario, que centran en el
mejor funcionamiento del socialismo en algunos ámbitos de la vida
social, al menos en lo que ellos denominan seguridad y en lo que ellos
llaman justicia. Sus argumentos típicos son que un Estado que preste
servicios en monopolio en esos ámbitos es mejor que un sistema en el que esos ámbitos se presten en monopolio.
Pero aquí los minarquistas parecen de
repente volverse marxistas o ricardianos y olvidan la teoría del valor
subjetivo. La minarquía es buena o es mejor pero sólo para el
minarquista. El anarquista puede bien querer o preferir los costes y
beneficios de la anarquía a vivir dominado por personas a las que no les
reconoce ningún título de legitimidad para hacerlo. Y puede
perfectamente ser su preferencia y, por tanto, la minarquía no ser la
mejor opción para él. La cuestión es por qué el minarquista tiene que
obligar al anarquista por la fuerza a adoptar su gusto.
Esto tiene que ver con que bienes como
la defensa o la justicia son bienes claramente subjetivos. Y es que no
hay nada denominado defensa o justicia, sino que ambas son necesidades
subjetivas de las personas, que para ser satisfechas precisan de medios
humanos y materiales como cualquier otra necesidad humana. Las personas
valoramos nuestra seguridad de forma absolutamente subjetiva. Unas
personas la valoran muchísimo y se sienten inseguras en cualquier parte y
compran todo tipo de medios para satisfacerlas. Otras valoran el riesgo
y van voluntarios a guerras o practican deportes de alto peligro. Unas
consideran potencialmente peligrosos a unos u otros colectivos. Tampoco
hay acuerdo en cómo tratar el asunto de la seguridad, de ahí los
halcones que reclaman hierro y las palomas que predican paz y
negociación. Cualquier definición monopolista de la misma satisfará a
unos y dejará descontenta a buena parte de la población.
Lo mismo acontece en buena medida con la
justicia. Lo que es justo para unos no lo es para otros, ni tampoco lo
que es o debiera ser delito, ni la sanción a imponer. De tal modo, los
códigos de justicia, penal o civil, de los distintos países del mundo
pueden entender los mismos hechos de forma muy distinta: considerarlos o
no delito y tratarlos de forma muy diferente. Un código de justicia
monopolista solo podría conseguir la desigualdad ante la ley, que es lo
que realmente acontece (si la justicia fuera realmente igual ante la ley
sería indiferente disponer de un buen o un mal abogado y, por tanto, el
estudio serio del Derecho). Sólo un sistema de justicia en anarquía
podría, a través de la disputa entre jurisdicciones, coordinar el marco
legal y limitar, dentro de lo que cabe, la posible desigualdad en el
acceso a la misma, de la misma forma que las desigualdades en la
valoración de los bienes logran coordinación a través del sistema de
precios.
Otro aspecto que se acostumbra a eludir
en el debate es el de la escala en la prestación de los bienes o
servicios que requieren de acción colectiva. Estamos acostumbrados a la
prestación a escala estatal de muchos servicios, no sólo los de justicia
o seguridad, sino también los de transporte o, incluso, de servicios
como electricidad, teléfono o agua, por lo que se nos dice que serían de
muy difícil prestación en caso de inexistencia de alguna entidad
central que prestase o regulase su uso. Incluso estamos pensando en una
sociedad anárquica como en una sociedad a la escala de los actuales
Estados, sólo que sin gobierno. Lo cierto es que serían muchas
asociaciones plurales, con escalas distintas para la prestación de cada
servicio concreto. Nos asociaríamos de una forma para disponer de un
aeropuerto, de otra para escuelas, de otra para tiendas, de otra para
construir carreteras, etc. En la vida real esto ya sucede en infinidad
de aspectos e, incluso, existen organizaciones como Suiza con
administraciones solapadas por funciones. Sólo habría que extender el
modelo a todas las funciones. En algunos bienes nos asociaríamos a
escala planetaria, en otros a escala continental, en otros a nivel
regional, en otra local y en algunos a escala individual.
No habría lugar, eso sí, a los actuales
monopolios basados en la escala geográfica o demográfica de los Estados
existentes, que como podemos fácilmente intuir no cuentan con ninguna
escala racional, pues su forma y demografía dependen de azares
históricos y no de ningún diseño de escala especialmente racional para
la prestación de servicios. La prueba es que existen Estados
reconocidos como tales desde diez mil habitantes hasta 1.600 millones.
Los Estados pequeños simplemente subcontratan los servicios que no
pueden o quieren prestar a empresas u otros Estados. La escala de los
Estados no vale para garantizar todos los servicios y, de hecho, se
realizan tratados (en anarquía) con elementos externos para prestarlos
(incluidos tratados de defensa recíproca). ¿Qué impide entonces que
pequeñas comunidades sin gobierno puedan llevar a cabo acuerdos de este
tipo con otras comunidades, empresas o individuos externos? Me gustaría
saber la respuesta y también del interés que tienen algunos por que
dichas comunidades no puedan existir.
Huemer apunta muy bien que las primeras
comunidades anárquicas aparecerán de la forma que señalé al principio:
en lugares muy civilizados y pacíficos que permitirían la existencia de
organizaciones libres sin que sean agredidas. En principio, comunidades
anarquistas y Estados podrían convivir sin problema, cada una en su
sitio, y luego se vería cuál funciona mejor, con la consiguiente
imitación. No entiendo la lógica de querer impedir tal posible
convivencia y que cada uno elija. O sí. Pero el Estado desaparecería al
transformarse en algo optativo. Y eso es algo que los estatistas no creo
que estén dispuestos a permitir.
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