No hay que confundir prisiones “privadas” con prisiones de libre mercado

Brittany Hunter

Este mismo mes, el Departamento de Justicia anunció que planea dejar de utilizar prisiones gestionadas privadamente después de que un informe descubriera que a menudo son menos seguras para los recursos que las instalaciones gestionadas federalmente. Aunque sea admirable que el gobierno federal empiece por fin a interesarse por el bienestar de su población reclusa, referirse a estas instalaciones como “privadas” puede resultar muy equívoco.
Una organización verdaderamente privada se caracteriza por la competencia en un mercado libre. Una organización privada no disfruta de ningún poder de monopolio concedido por el estado. Tampoco los contribuyentes se ven obligados a pagar por los servicios de ninguna organización privada mediante sus dólares fiscales. Las prisiones “privadas”, por tanto, no se parecen en nada a una verdadera organización privada.



En concreto, estas prisiones gestionadas privadamente contratan con el gobierno federal para actuar como agentes del estado y se les paga para crear más espacio para nuestra población reclusa ya masiva.
Aunque estas prisiones han tenido una terrible reputación de abuso de prisioneros y malas condiciones de vida, incluyendo reportajes sobre comida contaminada, es importante recordar que el problema no existe porque las prisiones sean de propiedad privada. El problema deriva del hecho de que el estado es la entidad responsable, por favorecer estas instalaciones y crear la demanda de más prisiones en primer lugar.

Por qué hay tantos prisioneros

Durante la época de “dureza con el delito” de las décadas de 1970 y 1980, la población reclusa en Estados Unidos empezó a crecer exponencialmente gracias a la recién declarada guerra contra las drogas y a las nuevas políticas de penas mínimas de obligatorio cumplimiento. Incapaces de seguir el ritmo del número de los estadounidenses encarcelados, el gobierno empezó a buscar soluciones a este problema.
En lugar de cambiar las terribles políticas que estaban creando nuevos prisioneros, el estado decidió mirar en el sector privado en busca de ayuda. Como todos sabemos, una vez una empresa privada se va a la cama con el gobierno, ya no funciona dentro de algo que podamos llamar “libre mercado”. Ningún acuerdo con el gobierno viene sin una serie de condiciones asociadas.
Prometiendo ofrecer servicios de calidad con costes menores, estas instalaciones gestionadas privadamente continuaron creciendo a lo largo de varias décadas. Para empeorar las cosas, muchas de estas instalaciones gestionadas privadamente se construyeron en comunidades rurales y empobrecidas, donde se usaba la promesa de crecimiento del empleo y auge económico para convencer a las ciudades para que accedieran a alojar las nuevas prisiones.
Con el paso del tiempo, la línea entre lo público y lo privado se difuminó aún más, al empezar el gobierno federal a vender las prisiones federales a empresas privadas, afirmando que esto beneficiaría financieramente al estado al corto plazo.
Aunque en teoría esta relación se pensaba que era una forma eficiente en costes de gestionar la creciente tasa de encarcelamiento, nunca ha habido ninguna indicación clara o definitiva de que haya sido así.

El problema del corporativismo

Lo que sí sabemos es que esta alianza corporativista entre el sector público y el sector privado ha hecho que empeoren las condiciones de los reclusos y que haya una menor responsabilidad tanto para el gobierno federal como para las prisiones privadas. A veces, uno señala al otro, dejando pocos o ningún recurso a los prisioneros que protestan por una conducta inapropiada y abusiva dentro de estas instalaciones.
Tal vez lo peor de todo sea el hecho de que el gobierno haya creado tanta demanda de estas prisiones para empezar. En 2014, aproximadamente el 50% de los reclusos en prisiones federales estaba condenado por delitos relacionados con drogas. En otras palabras, sin las guerras contra las drogas del gobierno federal, el sistema federal de prisiones sería una mera fracción de su tamaño actual.
¿Existirían siquiera instituciones como nuestro sistema de prisiones inflado por la guerra contra las drogas en un mundo del que existieran visiones verdaderamente privadas?
Aunque hay distintas opiniones respecto de cómo funcionarían las leyes privadas y las pensiones privadas en una sociedad libre, Robert Murphy hablado extensamente sobre este tema y ha ofrecido su opinión sobre cómo podría ser un sistema legal privado.
Las prisiones privadas podrían existir, pero no las confundamos con las prisiones corporativistas que se benefician de la guerra contra las drogas de la prodigalidad del estado.