Por Roberto Cachanosky
El 24 de marzo de 2001 se sancionaba la
ley 25.413, conocida como ley de competitividad, que incluía el impuesto
el impuesto a los créditos y débitos bancarios, más conocido como
impuesto al cheque.
En su artículo 7 decía textualmente:
“Los artículos 1º a 6º de la presente ley entrarán en vigor desde el día
siguiente al de su publicación y tendrán efecto para los créditos y
débitos efectuados hasta el 31 de diciembre de 2002”. Es decir, el
impuesto al cheque iba a durar hasta el 31 de diciembre de 2002. Las
sucesivas prórrogas han hecho que la ley ya esté por cumplir 15 años de
emergencia. Como sabemos, no hay nada más permanente en Argentina que
las leyes impositivas transitorias.
La semana pasada, los legisladores
peronistas unieron fuerzas para pedir que, entre otras cosas, el
impuesto al cheque sea coparticipable, con lo cual este impuesto es
candidato a ser eterno. No lo saca nadie más, porque en Argentina ningún
político tiene la más mínima intención de bajar el gasto público. Solo
saben aumentar impuestos y por eso están ahogando al sector privado que
es el que mantiene al sector público.
El empleo público se disparó en la era
k, partiendo ya de un punto muy alto, en los tres niveles de gobierno,
pero sin duda las provincias y los municipios son los que llevan la
delantera en mantener empleados en los que sobran más de la mitad de lo
que se necesita para administrar la provincia o el municipio. El
argumento para no reducir la planta de personal en municipios y
administraciones provinciales es que al no crearse nuevos puestos de
trabajo la gente quedaría desocupada y habría conflictos sociales. Pero,
al mismo tiempo, como para mantener esa legión de empleados públicos
hay que lograr inversiones y las inversiones no vienen con esta carga
impositiva, estamos en un círculo vicioso que no puede resolverse. En
todo caso, la situación irá empeorando cada vez más hasta que el peso
del estado sea tan grande sobre el sector privado y lo haya reducido a
su mínima expresión, que todo termine igual en una crisis social, la
misma crisis social que hoy se quiere evitar no reduciendo la planta de
empleados públicos. Es que va a llegar un punto en que el sector privado
no generará la riqueza suficiente como para bancar al sector público.
Me parece que el gobierno está enredado
en este lío, con el agravante que a medida que va pasando el tiempo
siguen cayendo los puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, el
que ajusta es, como siempre, el sector privado porque el sector público
es la vaca sagrada que nadie puede tocar, lo que no quiere decir que,
finalmente, no terminemos en una crisis social por desocupación en el
sector privado. Así nunca van a poder resolver el problema. Si el sector
privado se achica y no pueden reducir los impuestos porque hay que
bancar a los empleados estatales, entonces estamos en el horno.
Tampoco es solución la obra pública
financiada con deuda pública, porque si bien puede ser que en el corto
plazo la actividad económica aumente transitoriamente, absorberá gente
que quedó desocupada del sector privado, seguirá el mismo plantel
insostenible de empleados públicos y cuando se acabe el financiamiento
volveremos al punto de partida con el agravante que quedó la deuda más
los interés a pagar. Es decir, vamos de cabeza a otro default.
Si no quieren asumir el costo político
de llevar a cabo una verdadera reforma del sector público que lo
transforme en algo útil para la gente y eliminar su
sobredimensionamiento, la opción es la que propuse un par de lunes
atrás. Que el BCRA se retire del mercado de LEBACs, baje la tasa de
interés, deje flotar libremente el tipo de cambio y buscar la salida por
el lado de las exportaciones. Puede ser que, transitoriamente, se
escondan las ineficiencias de la economía detrás de un tipo de cambio
más alto, pero si aprovechan ese tiempo para realizar reformas del
estado y del sistema tributario, pueden lograr algún flujo de
inversiones que cambie la situación y permita una mejora en el sector
privado.
De todas maneras, me parece que acá va a
haber que hacer algo heroico en materia de reformas estructurales. Por
un lado hay que bajar la desocupación en el sector privado. Por otro
lado hay que absorber a todos los jóvenes que se incorporan al mercado
laboral anualmente. En tercer lugar, los que viven de planes sociales
tienen que encontrar trabajo y, finalmente, pasar a gran parte de los
empleados públicos del sector público al sector privado. Eso requiere de
un fenomenal flujo de inversiones para crear miles y miles de puestos
de trabajo a lo largo de los años para solucionar la herencia recibida.
El sistema no da para más parches.
Por ahora lo único que saben hacer los
políticos es cobrar más impuestos. La pregunta es: ¿qué quieren, cobrar
más impuestos o crear puestos de trabajo vía inversiones?
Si lo que se quiere es lo segundo, hay
que cambiar el eje de lo que se está haciendo, implementar un plan
económico consistente y saber comunicarlo para hacerle entender a la
población el enorme problema laboral que hoy tenemos y que, de continuar
por este camino, seguirá agravándose.
La herencia k es lo suficientemente letal como para no tomarla en serio y querer arreglarla con parches.
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