Relatividad tributaria

Alfredo Bullard explica que la Constitución existe para proteger al ciudadano del Estado, y no al revés. Esto debería ser así en el caso de los impuestos también.

Imprimir

Alfredo Bullard es un reconocido arbitrador latinoamericano y autor de Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales. Bullard es socio del estudio Bullard Falla y Ezcurra Abogados.

“Lo más difícil de entender en este mundo es el impuesto a la renta”. La frase no pertenece a un pobre contribuyente luego de recibir una acotación de la Sunat por un error en la indescifrable declaración jurada de impuestos. Tampoco es de un estudiante de Derecho que luego de salir de su clase de tributario decidió que se dedicará al más comprensible derecho laboral. La frase pertenece a Albert Einstein, quizás el genio más grande de la historia, que desentrañó muchos de los misterios más complejos del universo con su teoría de la relatividad.



Y no le falta razón. Soy un convencido de que el impuesto a la renta es una creación intencionalmente diabólica y confusa, un laberinto lleno de trampas en las que el pobre ciudadano cae fácilmente y, para escapar, tiene que entregarle su dinero a la Sunat.
Pero hay un principio sencillo: si los impuestos no son claros, quien debe pagar los platos rotos no es el pobre contribuyente sino el Estado que los hizo confusos. Y esto se sustenta, a su vez, en una razón clara: los impuestos son el ejercicio excepcional y limitado de una potestad del Estado para tomar lo ajeno: nuestra propiedad. Literalmente, el Estado se apropia de riqueza que no ha producido. Y si va a afectar nuestro derecho de propiedad, tiene que ser muy predecible en cómo lo hace.
Una reciente sentencia del Tribunal Constitucional es clara expresión de la preocupación de Einstein. El caso (el beneficio tributario por reinversión de utilidades de las universidades) se ha hecho conocido por el lío de comadres (o de compadres, para no ser sexista) que se armó entre los magistrados. La magistrada Marianella Ledesma emitió un voto singular cuyo principal propósito fue agredir a sus colegas, deslizando que fueron arbitrarios para favorecer a las universidades privadas. Sus colegas le contestaron en el mismo tono y convirtieron el lío de sentencia en un pedido frustrado de que se vaque a la magistrada.
Pero lo importante está en el fondo. El Estado fue realmente arbitrario. Para fomentar la inversión en educación, concedió un beneficio a las instituciones educativas particulares, de manera que si reinvertían sus utilidades podían usar el 30% como un crédito tributario. El Estado, con sus actos, dio a entender claramente que el beneficio era permanente. Incluso dio leyes que así lo reconocían. Las universidades confiaron e invirtieron.
Pero a uno de esos tributaristas de la Sunat que creen que robar usando impuestos está autorizado, se le ocurrió que estábamos ante un beneficio tributario y que, de acuerdo con el Código Tributario, solo podía durar tres años y que, por tanto, había vencido. Pero como sabían que su posición era débil, consiguieron que el Congreso diera una ley por la que se declaraba retroactivamente que el crédito tributario ya no podía aplicarse. Un enredo legal creado por el propio Estado para que el contribuyente se pierda en la selva de las normas.
Usted ya intuye el problema: las universidades particulares reinvirtieron guiadas por el incentivo que les dio el Estado. Pero cuando ya habían hecho la inversión, el Estado les quitó el crédito. Es como ofrecerle a un niño una golosina si come toda su comida y cuando termina le sacas la lengua y no le das nada.
La magistrada Ledesma montó en cólera y dijo que las universidades, con la complicidad de sus colegas, se habían apropiado de millones de soles del Estado. La realidad es justamente la contraria: ese dinero es riqueza creada por las universidades que el Estado pretendió llevarse sin asco ni cargo de conciencia cambiando las reglas de juego.
Y es que la magistrada Ledesma ha confundido el rol del Tribunal Constitucional. La Constitución no está para proteger al Estado del ciudadano, sino al ciudadano del Estado. Si el Estado promete con leyes confusas y luego pretende liberarse de sus promesas, la Constitución está del lado de las personas. Si uno parte del prejuicio que los impuestos son legítimos solo porque el Estado dice que así es, la magistrada tendría razón. Por suerte está equivocada, y así se lo recordaron sus colegas. Y es que como dice el mismo Einstein: “¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”.