El mito de que los inmigrantes son atraídos por las prestaciones sociales en EE.UU.

Alex Nowrasteh afirma que "aún cuando los inmigrantes son legalmente calificados para recibir prestaciones sociales, pocos de ellos se aprovechan de estas. Los inmigrantes son atraídos a los mercados laborales de EE.UU., no a su sistema de prestaciones sociales".

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Alex Nowrasteh es analista de políticas de inmigración del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute.

Una queja común de los conservadores es que los inmigrantes, una vez que ingresan a EE.UU., “inmediatamente empiezan a depender de los beneficios estatales”, como lo dijo recientemente el senador Jeff Sessions (Alabama).
Eso simplemente no es cierto, de acuerdo a un estudio del Cato Institute realizado por el profesor Leighton Ku y el académico Brian Bruen (en inglés), ambos del departamento de políticas de salud de la Universidad de George Washington.



Ku y Bruen analizaron los programas de prestaciones sociales, incluyendo Medicaid, el programa de estampas para alimentos y el Programa para Seguro de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés). Sus conclusiones: Los inmigrantes pobres consistentemente utilizan los programas de bienestar menos que sus contrapartes nacidos en EE.UU. Además, cuando los inmigrantes pobres participan en los programas de prestaciones sociales, el costo es menor, resultando en un costo más bajo para el contribuyente.
Consideremos el caso de Medicaid. Los adultos y los niños inmigrantes que no son ciudadanos tienen una probabilidad un 25 por ciento menor de ser registrados en Medicaid que sus contrapartes nacidos en EE.UU. Cuando si se registran, los adultos inmigrantes pobres consumen en promedio $941 menos al año que los adultos nativos pobres. La historia se repite para los niños inmigrantes pobres. Mirando a los datos de CHIP, el estudio descubre que los niños inmigrantes pobres consumen $565 dólares menos que los niños pobres nativos.
Cien adultos nativos que califican para Medicaid le costarán a los contribuyentes aproximadamente $98.000 al año. Una cantidad comparable de adultos pobres que no son ciudadanos —inmigrantes que no se han naturalizado— le cuestan alrededor de $57.000 al año —un 42 por ciento menos que los nativos. En el caso de los niños, los ciudadanos cuestan $67.000 y los no-ciudadanos $22.700 al año —un impresionante 66 por ciento menos.
El uso promedio de las estampas para alimentos nos revela un comportamiento similar. Un adulto nativo pobre y enrolado para recibir estampas de alimentos recibe alrededor de $1.091 al año en beneficios mientras que un no-ciudadano recibe $825 —un ahorro de 24 por ciento. Los niños inmigrantes también son mucho menos proclives a recibir estampas de alimentos: un niño no-ciudadano tiene una probabilidad de recibir estampas de alimentos menor en un 37 por ciento que aquella de un niño nativo pobre.
Sin duda, es cierto que los inmigrantes utilizan menos beneficios porque no califican para recibirlos. Los inmigrantes legales no pueden recibir prestaciones sociales durante los primeros cinco años de residencia, con pocas excepciones. Los inmigrantes no autorizados, por supuesto, no califican para recibir prestaciones sociales. Pero esto no socava por sí solo la noción de que los nuevos inmigrantes “inmediatamente” se vuelven dependientes del gobierno, como dijo el senador Sessions y como lo piensan otros como él.
Además, aún cuando los inmigrantes son legalmente calificados para recibir prestaciones sociales, pocos de ellos se aprovechan de estas. Los inmigrantes son atraídos a los mercados laborales de EE.UU., no a su sistema de prestaciones sociales. La inmigración no autorizada en 2013 fue menos de un cuarto de la que hubo en 2007, el último año de desempleo bajo. Desde ese entonces, el número de inmigrantes mexicanos no autorizados que se fueron del país es casi igual al de aquellos que inmigraron. Las estampas de alimentos y los beneficios del programa Ayuda Temporal para Familia en Apuros han aumentado considerablemente desde el inicio de la Gran Recesión, pero los inmigrantes se han mantenido alejados porque los empleos ya no están ahí.
Milton Friedman, el economista de libre mercado adorado por los conservadores tenía una perspectiva interesante acerca de la inmigración: “Es algo bueno para EE.UU…siempre y cuando sea ilegal”. Traducción: Friedman creía que la inmigración libre era beneficiosa para la economía, si es que los trabajadores baratos no tenían acceso a los programas de prestaciones sociales.
Las conclusiones del nuevo estudio de Cato deberían atizar los miedos de los partidarios de libre mercado que respaldarían una mayor inmigración legal si no fuese por aquella preocupación relacionada a los beneficios estatales.
Pero incluso si uno está de acuerdo con que los costos en prestaciones sociales de la inmigración deben ser controlados, hay mejores maneras de hacer eso que con un cumplimiento de la ley más severo, que varias veces ha demostrado ser fútil. Construir paredes más altas alrededor del sistema —por ejemplo, haciendo que los inmigrantes no califiquen hasta que se conviertan en ciudadanos— es preferible a cerrar los mercados laborales de EE.UU. al resto del mundo. Pero la buena noticia es que, incluso sin esas barreras, los inmigrantes pobres le salen baratos al contribuyente estadounidense comparados con los nativos pobres