Alex Nowrasteh dice que "los inmigrantes no vienen a EE.UU. para obtener beneficios del Estado, vienen a trabajar. Uno solo tiene que observar la alta tasa de iniciativa empresarial —que duplica aquella de los estadounidenses nacidos en EE.UU.— y la tasa de participación laboral que es generalmente más alta".
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Los partidarios de la reforma migratoria continúan aguantándose la respiración conforme esperan ver qué decisión, si es que alguna, tomará el congreso. Si los analistas políticos tienen razón, los prospectos son sombríos. Una razón para esto es la preocupación de que un flujo entrante de inmigrantes sobrecargará al Estado de Bienestar.
El congresista Steve King (Republicano de Iowa) recientemente dijo que una mayor inmigración “y un sistema de bienestar desde la cuna hasta la tumba no pueden coexistir” y él no es el único que piensa así. Pero en lugar de dedicar su energía a detener la reforma migratoria, King y otros deberían enfocarse en reformar el sistema de bienestar. Mientras que la ley aprobada por el senado si excluye con algunas barreras a los inmigrantes de los programas de prestaciones sociales, como por ejemplo la prohibición de que reciban los subsidios de Obamacare, estas barreras no han bastado para calmar las preocupaciones. Aquí es donde conviene considerar un nuevo análisis de política pública del Cato Institute.
Este análisis, “Construyendo una muralla alrededor del Estado de Bienestar, no del país” (en inglés), muestra cómo grandes porciones del Estado de Bienestar, desde los subsidios a los alimentos hasta Medicaid, podrían ser restringidas a los ciudadanos. Esto no solo ahorraría aproximadamente $29.000 millones de dólares al año al contribuyente, también separaría a aquellos que están honestamente preocupados acerca del uso de las prestaciones sociales por parte de los inmigrantes de aquellos que lo utilizan como una excusa para oponerse a la reforma.
Observando los números, el uso de los inmigrantes de las prestaciones sociales es un problema pequeño comparado con el tamaño del Estado de Bienestar. De hecho, estudios recientes han descubierto que es menos probable que los inmigrantes pobres utilicen los programas de prestaciones sociales que los ciudadanos pobres, y cuando lo hacen, los utilizan en un menor grado. Además, cuando consideramos el costo fiscal de la reforma, la porción de las prestaciones sociales es una cantidad mínima comparada con otros costos, como aquel de militarizar nuestra frontera.
Sin importar estos datos, el uso de las prestaciones sociales por parte de los inmigrantes es una preocupación real para muchos estadounidenses. Una encuesta reciente determinó que un 77 por ciento de los estadounidenses no cree que los inmigrantes deberían calificar para recibir prestaciones sociales. Otra encuesta concluyó que 44 por ciento de los estadounidenses estaban preocupados de que los inmigrantes sobrecarguen a los servicios estatales. El plan de Cato está diseñado para abordar estas preocupaciones mostrando cómo se puede excluir de importantes programas del Estado de Bienestar a los inmigrantes que no son ciudadanos.
Algunas de las potenciales reformas son relativamente pequeñas, como hacer cumplir los requisitos de documentos para los solicitantes de Medicaid. Otras van mucho más allá, como prevenir que los que no son ciudadanos reciban beneficios en efectivo a través del programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas y mediante las estampillas para alimentos, así como también reformar el Crédito por el Ingreso del Trabajo.
La legislación actual desde ya impide que los inmigrantes reciban muchas de las prestaciones sociales, pero la noción de todavía mayores limitaciones molestaría a muchos de los partidarios de la reforma. Probablemente citando las mismas investigaciones de Cato, dirán que los inmigrantes no constituyen una carga importante sobre estos programas. No están equivocados. Los no-ciudadanos constituyen 7,1 por ciento de la población, pero solamente consumen 6,7 por ciento de lo gastado por los programas importantes de prestaciones sociales.
Pero hay algo más importante que considerar: los inmigrantes no vienen a EE.UU. para obtener beneficios del Estado, vienen a trabajar. Uno solo tiene que observar la alta tasa de iniciativa empresarial —que duplica aquella de los estadounidenses nacidos en EE.UU.— y la tasa de participación laboral que es generalmente más alta. Estas no son señales de una población dependiente de las prestaciones sociales, razón por la cual excluirla de los beneficios no debería ser visto como algo negativo.
Los beneficios concedidos por el Estado son un lujo innecesario en el mejor de los casos y un costoso freno al progreso económico de los inmigrantes en el peor de los casos.
Los partidarios de la reforma migratoria deberían sacrificar el acceso a las prestaciones sociales para este grupo productivo de personas como una forma de obtener un programa de legalización más favorable. Sería una pena si a millones de personas no se les permite convertirse en ciudadanos estadounidenses por un miedo irracional de que privarlos de subsidios para los alimentos les arruinará sus vidas. Las leyes inmigratorias existentes ya lo están logrando.
Lo que los analistas políticos deberían estar diciendo es que el Estado de Bienestar y la inmigración relativamente libre no serán capaces de coexistir por razones políticas. Prevenir que los no-ciudadanos tengan acceso a las prestaciones sociales ahorraría dinero al contribuyente, calmaría las ansiedades de muchos estadounidenses y garantizaría que los inmigrantes continúen llegando a nuestro país con el propósito de lograr el sueño americano, no de obtener un cheque del Estado.
William Niskanen, quien fue un distinguido académico del Cato Institute una vez dijo, “construyan una muralla alrededor del Estado de Bienestar, no alrededor del país”. Si se lo puede hacer, todos podríamos ganar.
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