Gato encerrado

Alfredo Bullard explica cómo una regulación que exige determinado tipo de información a los consumidores ni es libre de costos para el Estado y acaba siendo una barrera al comercio.

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Alfredo Bullard es un reconocido arbitrador latinoamericano y autor de Derecho y economía: El análisis económico de las instituciones legales. Bullard es socio del estudio Bullard Falla y Ezcurra Abogados.

Sara, una señora estadounidense bastante mayor, tenía la curiosa costumbre, luego de bañar a su gato, de colocarlo en una canasta en el horno eléctrico de su cocina a muy baja temperatura para secarlo.
Un buen día su yerno le regaló un horno de microondas. En su ignorancia tecnológica, Sara creyó que el microondas era como su horno eléctrico original, pero más moderno. Introdujo a su gato, colocó el horno bajito y lo encendió.



El gato falleció chamuscado al instante, la señora quedó traumatizada y nunca le volvió a dirigir la palabra a su yerno por regalarle un artefacto demoníaco.
A los pocos días, el congresista peruano Jaime Adelgazado, enterado por las noticias del incidente, presenta un proyecto de ley para evitar que se repita algo tan espantoso. Propone que todos los manuales de instrucciones de hornos de microondas incluyan la siguiente advertencia: “No colocar gatos, perros u otras mascotas al interior de un horno de microondas en funcionamiento”. Para asegurar el cumplimiento de la norma, se encarga a la aduana que impida el ingreso al país de hornos que no cumplan con esta exigencia.
Pero para presentar su proyecto tiene que cumplir con lo que establece el artículo 75 del reglamento del Congreso que exige, para iniciar el trámite de una ley, que venga acompañado de un análisis costo-beneficio.
Adelgazado recurre entonces a una técnica muy común en el Congreso: el ‘corta y pega’. Copió el mismo análisis costo beneficio que se incluye, palabras más, palabras menos, en todos los proyectos de ley: “El presente proyecto no irrogará gastos al Estado y generará evidentes beneficios a la población”.
El proyecto es aprobado con el aplauso unánime de asociaciones de consumidores y sociedades protectoras de animales. “Ya era hora de que se ponga coto a las prácticas abusivas de las empresas de desinformar a los consumidores”, se lee y escucha en la noticias.
Pero allí no acaba la historia. Nadie había pensado que en el Perú los microondas son importados. Y representamos una parte ínfima de la demanda de estos aparatos en el mundo. El cumplimiento del requisito se convierte en una barrera pararancelaria, pues para un importador peruano conseguir que el fabricante cambie el manual es una verdadera odisea. Los precios de los hornos crecen no solo por los costos adicionales de cumplir con el requisito, sino porque se reduce la competencia al quedar excluidas varias marcas de microondas. Lo interesante es que el costo de la norma era para evitar gatos vivos cocinados en un microondas, pero no existe ningún caso reportado en el Perú de algo parecido.
A nuestros congresistas les encanta llenarnos de leyes donde se obliga a los productores a brindar información a los consumidores. Pero se niegan a cumplir las normas que tienen para obligar a los congresistas a informarnos sobre las leyes que dan. No están dispuestos a cumplir lo que exigen.
El análisis efectuado por el hipotético Adelgazado es una cantinflada (cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia). Pero además, la frase: “El presente proyecto no irrogará gastos al Estado y generará evidentes beneficios a la población” es una mentira, un vulgar engaño por donde se le mire.
Primero, porque sí irroga gastos al Estado. Cumplir una norma significa acciones de fiscalización y ejecución. Las aduanas, los jueces y en general las autoridades incurrirán en costos para salvar a los gatos de su hipotético achicharramiento.
Segundo, porque los del Estado no son los únicos relevantes. El análisis debe incluir los costos para los privados (que son los más significativos), como elevaciones de precios, reducción de competencia, aumento de costos de producción, etc.
Tercero, porque no basta decir que habrán beneficios a la población para que los hayan: ¿cuántos gatos se salvarían con la advertencia? Posiblemente ninguno porque lo que hizo Sara es tan absurdo que no podemos sacar leyes para evitar que la gente haga tonterías tan inusuales.
En épocas en que estamos preguntándonos qué tiene que hacer Pedro Pablo Kuczynski y su nuevo gobierno, debemos ser conscientes de que también el Congreso debe hacerse la pregunta sobre su futura gestión. Y la verdad, antes de seguir dando leyes tiene que ver la forma de cumplir con las normas que ya existen y cuyo incumplimiento nos cuesta tanto a los peruanos.