Alberto Benegas Lynch (h) señala que cada que se pide que el Estado haga algo, en realidad ese algo solamente se hace con el financiamiento compulsivo por parte de los miembros de la comunidad.
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Debe subrayarse con el mayor énfasis posible que cuando se dice que el Estado debe hacer tal o cual cosa son los miembros de la comunidad los que siempre y en toda circunstancia financian compulsivamente lo dicho con el fruto de sus respectivos trabajos. El elenco gobernante nunca pone nada de su peculio, más bien en no pocas oportunidades se lleva recursos públicos como si fueran de su pertenencia.
Hay una enorme hipocresía en todo esto, se parlotea como si el aparato estatal fuera un ente independiente y misterioso que genera recursos propios cuando en verdad todo lo que tiene lo ha succionado previamente de los bolsillos de la gente. Entonces, es más preciso, en lugar de insistir que el Estado debe financiar tal o cual cosa, decir que la gente debe hacerlo recurriendo a la fuerza para que lo lleve a cabo.
En la visión convencional desde Sidney y Locke hasta Robert Nozick, el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno está circunscripto a la protección de los derechos de todos y lo demás no le incumbe ya que no debe jugar a un falso paternalismo. En lugar de declamar que el gobierno debe dedicarse a sacar recursos de la gente para entregárselos a otros (y frecuentemente quedarse con algunas diferencias), debería publicarse una lista voluntaria con los nombres de quienes consideran que hay que recaudar fondos y aportarlos directamente. No es pertinente recurrir a la tercera persona del plural para endosar el tema a otros sino utilizar la primera persona del singular y proceder en consecuencia y si quien propone el asunto no dispone de recursos suficientes que se ocupe de recabarlos.
Despegados de la referida visión convencional, ahora resulta que el aparato estatal debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada y administrar las haciendas ajenas como les venga en gana dando lugar a que mayorías circunstanciales se apoderen sin más de los bienes pertenecientes a las minorías con lo que la democracia degenera en mera cleptocracia.
Ahora como nunca antes los gobernantes sedientos de mayores ingresos se ponen de acuerdo entre ellos para dar caza a los patrimonios de la gente que pretende defender el resultado de sus denodados y legítimos esfuerzos a través de investigar cuentas bancarias e intentar eliminar el efectivo al efecto de martirizar a los gobernados. Todo por la creciente voracidad fiscal que incurre en procedimientos salvajes que en siglos no se han adoptado ni siquiera los sátrapas más extremos.
Y no se trata de los dineros malhabidos para lo cual muchos gobernantes constituyen un lamentable ejemplo de malversaciones, puesto que los fondos producto de quienes han atentado contra el derecho de otros deben ser castigados con todo el rigor necesario por la Justicia, en cambio, como queda dicho, se trata de dar caza al fruto del trabajo ajeno en base al llamado principio de nacionalidad en materia fiscal y otras manifestaciones de voracidad ilimitada que no contemplan que el principio de territorialidad es lo que corresponde y con la menor presión tributaria para cumplir con las funciones específicas de un gobierno republicano. Por su parte, los funcionarios de bancos privados operan según las omnicomprensivas disposiciones de la banca central con lo que esos funcionarios terminan siendo de facto empleados públicos en abierto contraste con lo que tradicionalmente ocurría con la banca privada. Hoy hasta puede esperarse que los llamados bancos privados bajen la persiana para que el sistema se quede con los depósitos de sus clientes tal como ha ocurrido en varios lares.
Todo esto no es en modo alguno hoy para proteger los derechos de la gente sino para conculcarlos en el contexto de una máquina infernal de gasto estatal, impuestos astronómicos y deuda pública sideral. Un Leviatán que todo lo atropella a su paso. Es imperioso reaccionar contra esta operación pinzas contra las libertades individuales antes de que la antiutopía orwellinana cierre su círculo fatal.
En otros términos, resulta que la gente debe proteger sus patrimonios de los constantes manotazos de los gobiernos en lugar de sentirse cubiertos en sus haciendas por la entidad que teóricamente se ha establecido para garantizar los derechos de los gobernados. Nos hemos retrotraído a la época de los faraones. El poder político en lugar de estar estrictamente limitado en sus funciones para garantizar Justicia y seguridad (lo cual en general no hace), ha avanzado en terrenos y jurisdicciones impropias de una sociedad abierta con lo que se ha arrogado facultades ilimitadas para entrometerse en las vidas y las propiedades de quienes en verdad se han convertido en súbditos, al tiempo que abandonan aquellas funciones primordiales.
Se torna insoportable una sociedad que se constituye como un inmenso círculo donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del prójimo a través de los permanentes subsidios cruzados que disponen los gobiernos.
Resulta trascendental comprender que es un peligroso espejismo el sostener que puede atacarse impositivamente la inversión sin que eso afecte el nivel de vida de los más necesitados. Hay una conexión directa entre uno y otro plano de ingresos. Los salarios en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización , es decir, de la inversión per capita. No es para nada el resultado de algún voluntarismo propuesto por un decreto gubernamental ni por el deseo de tal o cual empleador, todo lo cual resulta del todo irrelevante a los efectos del referido salario.
Cuando aumentan las tasas de capitalización se incrementa la productividad con lo que el mercado laboral está obligado a subir salarios si se quiere mantener el trabajo manual e intelectual en operaciones. Esta es la diferencia central entre países que progresan y países que se estancan o retroceden: maximizar el ahorro interno y el externo para lo cual se requiere contar con marcos institucionales que respeten el derecho de cada cual.
En la media en que se establezcan impuestos que gravan la capacidad contributiva de modo directo como los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a la trasmisión gratuita de bienes y similares se está amputando el volumen de inversiones con lo cual se está, simultáneamente, reduciendo salarios en términos reales. Paradójicamente, esta política nefasta se ejecuta en nombre de los pobres cuando, precisamente, se los está esquilmando.
Empeora la situación cuando los aparatos estatales se empeñan en redistribuir ingresos, esto es, volver a distribuir por la fuerza lo que se realizó previamente de modo voluntario en el supermercado y afines. La política redistribucionista intensifica el derroche de capital puesto que inexorablemente se dirige a campos distintos de los que se hubieran asignado si los arreglos contractuales se hubieran respetado.
A este cuadro de situación se agrega la manía de la guadaña que apunta al igualitarismo que aniquila todos los incentivos para contribuir al mejoramiento de las estructuras de capital y se exterminan las ventajas de la división del trabajo y la consecuente cooperación social. En lugar de aprovechar la bendición de que cada persona es diferente con lo cual se saca partida recíproca de diversos talentos y conocimientos, se pretende uniformar en la miseria, proyecto que de llevarse a cabo convierte hasta la simple conversación en un aburrimiento colosal.
En general no se comprende el significado del mercado y se lo asimila a una cosa lejana a la vida de las personas en lugar de percatarse que todos somos el mercado puesto que se trata ni más ni menos de las millones de transacciones que diariamente tienen lugar desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche (y durante la noche puesto que la cama, las sábanas y las frazadas han sido objeto de transacciones, para no decir nada del propio domicilio sea fruto de un contrato de alquiler o de compra-venta). Por eso, cuando se alude peyorativamente al “fundamentalismo de mercado” no se percibe que es lo mismo que hablar del “fundamentalismo de lo que la gente desea”.
Probablemente nada haya más peligroso y contraproducente que las llamadas “conquistas sociales” que apunan (por lo menos en la articulación de discursos en campañas electorales) a mejorar los ingresos de la gente por una simple resolución gubernamental. Si esto fuera posible, sin duda que habría que lanzar un jugoso decreto para hacernos a todos multimillonarios y no andarse con timideces. Lamentablemente las cosas no son de esta manera y los aumentos por decreto barren del mercado laboral a los que más necesitan el empleo. No hay coartadas posibles, como queda dicho, la inversión es lo que permite elevar salarios.
Y no se trata de alegar sobre la “desigualdad en el poder de contratación” puesto que lo abultada o lo debilitada de las respectivas cuentas corrientes no cambian el resultado de los ingresos percibidos ya que, nuevamente reiteramos, se debe a las tasas de capitalización. No se trata tampoco de “estimular el consumo” ya que no puede consumirse lo que no se produjo y la mayor producción proviene en gran escala de abstenerse de consumir para ahorrar e invertir. No es posible poner el carro delante de los caballos. No se puede comenzar por el final.
No se diga tampoco que el Estado debe proceder en esta o aquella situación para demostrar “solidaridad”, lo cual es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la muy encomiable actitud solidaria se sustenta en actos voluntarios realizados con recursos propios. El que le arranca la billetera a un vecino para entregársela a un menesteroso no ha llevado a cabo un acto caritativo sino que ha perpetrado un atraco.
En resumen, en lugar de embarcarse los gobiernos en reducir el astronómico gasto público, de abrogar regulaciones que asfixian a la gente, de eliminar y simplificar la maraña impositiva y reducir la presión tributaria y clausurar la posibilidad de la deuda pública externa al efecto de no comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda y solo contraer la deuda pública interna indispensable, en lugar de todo ello decimos, los gobiernos se alían para exprimir a los gobernados de todas las maneras posibles, mientras los distintos tipos de corrupciones gubernamentales están a la orden del día ya que constituye una corrupción alarmante el mero hecho de la extralimitación del poder puesto que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Hay una enorme hipocresía en todo esto, se parlotea como si el aparato estatal fuera un ente independiente y misterioso que genera recursos propios cuando en verdad todo lo que tiene lo ha succionado previamente de los bolsillos de la gente. Entonces, es más preciso, en lugar de insistir que el Estado debe financiar tal o cual cosa, decir que la gente debe hacerlo recurriendo a la fuerza para que lo lleve a cabo.
En la visión convencional desde Sidney y Locke hasta Robert Nozick, el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno está circunscripto a la protección de los derechos de todos y lo demás no le incumbe ya que no debe jugar a un falso paternalismo. En lugar de declamar que el gobierno debe dedicarse a sacar recursos de la gente para entregárselos a otros (y frecuentemente quedarse con algunas diferencias), debería publicarse una lista voluntaria con los nombres de quienes consideran que hay que recaudar fondos y aportarlos directamente. No es pertinente recurrir a la tercera persona del plural para endosar el tema a otros sino utilizar la primera persona del singular y proceder en consecuencia y si quien propone el asunto no dispone de recursos suficientes que se ocupe de recabarlos.
Despegados de la referida visión convencional, ahora resulta que el aparato estatal debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada y administrar las haciendas ajenas como les venga en gana dando lugar a que mayorías circunstanciales se apoderen sin más de los bienes pertenecientes a las minorías con lo que la democracia degenera en mera cleptocracia.
Ahora como nunca antes los gobernantes sedientos de mayores ingresos se ponen de acuerdo entre ellos para dar caza a los patrimonios de la gente que pretende defender el resultado de sus denodados y legítimos esfuerzos a través de investigar cuentas bancarias e intentar eliminar el efectivo al efecto de martirizar a los gobernados. Todo por la creciente voracidad fiscal que incurre en procedimientos salvajes que en siglos no se han adoptado ni siquiera los sátrapas más extremos.
Y no se trata de los dineros malhabidos para lo cual muchos gobernantes constituyen un lamentable ejemplo de malversaciones, puesto que los fondos producto de quienes han atentado contra el derecho de otros deben ser castigados con todo el rigor necesario por la Justicia, en cambio, como queda dicho, se trata de dar caza al fruto del trabajo ajeno en base al llamado principio de nacionalidad en materia fiscal y otras manifestaciones de voracidad ilimitada que no contemplan que el principio de territorialidad es lo que corresponde y con la menor presión tributaria para cumplir con las funciones específicas de un gobierno republicano. Por su parte, los funcionarios de bancos privados operan según las omnicomprensivas disposiciones de la banca central con lo que esos funcionarios terminan siendo de facto empleados públicos en abierto contraste con lo que tradicionalmente ocurría con la banca privada. Hoy hasta puede esperarse que los llamados bancos privados bajen la persiana para que el sistema se quede con los depósitos de sus clientes tal como ha ocurrido en varios lares.
Todo esto no es en modo alguno hoy para proteger los derechos de la gente sino para conculcarlos en el contexto de una máquina infernal de gasto estatal, impuestos astronómicos y deuda pública sideral. Un Leviatán que todo lo atropella a su paso. Es imperioso reaccionar contra esta operación pinzas contra las libertades individuales antes de que la antiutopía orwellinana cierre su círculo fatal.
En otros términos, resulta que la gente debe proteger sus patrimonios de los constantes manotazos de los gobiernos en lugar de sentirse cubiertos en sus haciendas por la entidad que teóricamente se ha establecido para garantizar los derechos de los gobernados. Nos hemos retrotraído a la época de los faraones. El poder político en lugar de estar estrictamente limitado en sus funciones para garantizar Justicia y seguridad (lo cual en general no hace), ha avanzado en terrenos y jurisdicciones impropias de una sociedad abierta con lo que se ha arrogado facultades ilimitadas para entrometerse en las vidas y las propiedades de quienes en verdad se han convertido en súbditos, al tiempo que abandonan aquellas funciones primordiales.
Se torna insoportable una sociedad que se constituye como un inmenso círculo donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del prójimo a través de los permanentes subsidios cruzados que disponen los gobiernos.
Resulta trascendental comprender que es un peligroso espejismo el sostener que puede atacarse impositivamente la inversión sin que eso afecte el nivel de vida de los más necesitados. Hay una conexión directa entre uno y otro plano de ingresos. Los salarios en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización , es decir, de la inversión per capita. No es para nada el resultado de algún voluntarismo propuesto por un decreto gubernamental ni por el deseo de tal o cual empleador, todo lo cual resulta del todo irrelevante a los efectos del referido salario.
Cuando aumentan las tasas de capitalización se incrementa la productividad con lo que el mercado laboral está obligado a subir salarios si se quiere mantener el trabajo manual e intelectual en operaciones. Esta es la diferencia central entre países que progresan y países que se estancan o retroceden: maximizar el ahorro interno y el externo para lo cual se requiere contar con marcos institucionales que respeten el derecho de cada cual.
En la media en que se establezcan impuestos que gravan la capacidad contributiva de modo directo como los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a la trasmisión gratuita de bienes y similares se está amputando el volumen de inversiones con lo cual se está, simultáneamente, reduciendo salarios en términos reales. Paradójicamente, esta política nefasta se ejecuta en nombre de los pobres cuando, precisamente, se los está esquilmando.
Empeora la situación cuando los aparatos estatales se empeñan en redistribuir ingresos, esto es, volver a distribuir por la fuerza lo que se realizó previamente de modo voluntario en el supermercado y afines. La política redistribucionista intensifica el derroche de capital puesto que inexorablemente se dirige a campos distintos de los que se hubieran asignado si los arreglos contractuales se hubieran respetado.
A este cuadro de situación se agrega la manía de la guadaña que apunta al igualitarismo que aniquila todos los incentivos para contribuir al mejoramiento de las estructuras de capital y se exterminan las ventajas de la división del trabajo y la consecuente cooperación social. En lugar de aprovechar la bendición de que cada persona es diferente con lo cual se saca partida recíproca de diversos talentos y conocimientos, se pretende uniformar en la miseria, proyecto que de llevarse a cabo convierte hasta la simple conversación en un aburrimiento colosal.
En general no se comprende el significado del mercado y se lo asimila a una cosa lejana a la vida de las personas en lugar de percatarse que todos somos el mercado puesto que se trata ni más ni menos de las millones de transacciones que diariamente tienen lugar desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche (y durante la noche puesto que la cama, las sábanas y las frazadas han sido objeto de transacciones, para no decir nada del propio domicilio sea fruto de un contrato de alquiler o de compra-venta). Por eso, cuando se alude peyorativamente al “fundamentalismo de mercado” no se percibe que es lo mismo que hablar del “fundamentalismo de lo que la gente desea”.
Probablemente nada haya más peligroso y contraproducente que las llamadas “conquistas sociales” que apunan (por lo menos en la articulación de discursos en campañas electorales) a mejorar los ingresos de la gente por una simple resolución gubernamental. Si esto fuera posible, sin duda que habría que lanzar un jugoso decreto para hacernos a todos multimillonarios y no andarse con timideces. Lamentablemente las cosas no son de esta manera y los aumentos por decreto barren del mercado laboral a los que más necesitan el empleo. No hay coartadas posibles, como queda dicho, la inversión es lo que permite elevar salarios.
Y no se trata de alegar sobre la “desigualdad en el poder de contratación” puesto que lo abultada o lo debilitada de las respectivas cuentas corrientes no cambian el resultado de los ingresos percibidos ya que, nuevamente reiteramos, se debe a las tasas de capitalización. No se trata tampoco de “estimular el consumo” ya que no puede consumirse lo que no se produjo y la mayor producción proviene en gran escala de abstenerse de consumir para ahorrar e invertir. No es posible poner el carro delante de los caballos. No se puede comenzar por el final.
No se diga tampoco que el Estado debe proceder en esta o aquella situación para demostrar “solidaridad”, lo cual es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la muy encomiable actitud solidaria se sustenta en actos voluntarios realizados con recursos propios. El que le arranca la billetera a un vecino para entregársela a un menesteroso no ha llevado a cabo un acto caritativo sino que ha perpetrado un atraco.
En resumen, en lugar de embarcarse los gobiernos en reducir el astronómico gasto público, de abrogar regulaciones que asfixian a la gente, de eliminar y simplificar la maraña impositiva y reducir la presión tributaria y clausurar la posibilidad de la deuda pública externa al efecto de no comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda y solo contraer la deuda pública interna indispensable, en lugar de todo ello decimos, los gobiernos se alían para exprimir a los gobernados de todas las maneras posibles, mientras los distintos tipos de corrupciones gubernamentales están a la orden del día ya que constituye una corrupción alarmante el mero hecho de la extralimitación del poder puesto que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
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