Hana Fischer indica que se está satanizando a los refugios fiscales y a las offshores sin considerar el rol positivo que juegan en una economía globalizada.
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Es relevante dejar asentado que este último término no es objetivo, sino que produce connotaciones negativas en el imaginario colectivo.
En adición, ha sido mal traducido y sin embargo ninguna autoridad ha hecho nada para corregir ese yerro. Por el contrario, han asentado esa mala interpretación. La expresión original es “tax haven” —que significa “refugio fiscal”— y no “tax heaven” (“paraíso fiscal”). Una desviación semántica que no puede ser considerada irrelevante, dado que cada uno de esos términos evoca situaciones muy diferentes. La gente busca un “refugio” cuando es perseguida o se siente insegura. Por lo tanto es una bendición que ellos existan.
En consecuencia, es posible apreciar los efectos provocados por la manipulación del lenguaje, porque una versión del vocablo dirige la ira de la opinión pública hacia un lado (los supuestos “paraísos”), mientras que la otra la encauza en la dirección correcta: hacia los gobernantes que erigen en sus naciones verdaderos “infiernos fiscales”.
El escándalo mencionado ha provocado que el hombre común se pregunte: ¿Qué son las sociedades offshore? ¿Por qué razón surgieron? ¿Para qué se las utilizan? ¿Quiénes las poseen?
Antes que nada hay que precisar, que las compañías “offshore” son legales. Tal como su nombre lo indica, fueron concebidas para permitir el funcionamiento de una economía globalizada, donde los límites territoriales no son más un impedimento para realizar inversiones o colocar nuestro dinero en otras naciones sin tener que emigrar.
Es errónea la idea de que siempre la creación de una offshore en “paraísos fiscales” tiene por finalidad la evasión tributaria o el lavado de activos. Por el contrario, para algunas transacciones de negocios internacionales suele ser una decisión frecuente y lógica. La razón es que este tipo de sociedades ofrece comodidad y seguridad para operar internacionalmente. Por ejemplo, a través de ellas los empresarios facturan servicios realizados en el exterior. Incluso para bienes personales ubicados fuera de fronteras —principalmente inmuebles— los asesores legales y financieros suelen aconsejarlas a sus clientes porque son de sencillo manejo, fácil contabilidad y tienen poco gasto de mantenimiento.
Además, son un medio para llevar nuestro dinero allí donde las condiciones sean más amigables. Es decir, para protegernos contra los excesos de gobernantes y autoridades de los bancos centrales. Suelen ser constituidas para realizar inversiones financieras o depósitos que queden a resguardo de la inestabilidad de instituciones bancarias, “corralitos” o como respaldo familiar.
Los individuos recurren a ellas para poder prosperar y desarrollar actividades económicas sin caer en el abuso de la doble imposición (criterio de “renta mundial” que aplican algunos gobiernos), o para salvaguardar —en la mayor medida posible— su patrimonio de regímenes opresivos como la Argentina kirchnerista o la Venezuela chavista, o para poder escapar de sanguinarias tiranías (obviamente para eso se necesita dinero porque de lo contrario, se pasa a engrosar la inhumana fila de los “refugiados”) como por ejemplo el Estado Islámico.
A este respecto, Daniel Lacalle señala que no es por casualidad que aquellos gobernantes que aplican políticas más intervencionistas, sean los mismos que insisten en utilizar la mal traducida expresión “paraísos fiscales”. Según la Universidad de Harvard, cuando se produce un aumento pronunciado de los activos de los bancos en los refugios fiscales, es porque doce meses antes hubo un incremento de la presión fiscal en alguna(s) parte(s) del mundo. O sea, tal como el sentido común lo indica, “el movimiento de capitales fuera de los infiernos fiscales se da tras las subidas de impuestos”.
En consecuencia, las offshores y los refugios fiscales son medios que han permitido expandir la riqueza bien habida y la libertad en el mundo, porque protegen a los individuos de la rapacidad de la mayoría de los gobernantes. En los casos extremos de gobiernos despóticos, ellos podrían constituir la salvaguardia para impedir que alguien sea arbitrariamente hundido en la pobreza o que por el contrario, pueda vivir con dignidad. Incluso, pueden llegar a definir la vida o la muerte de una persona.
Se ha esparcido la versión de que a las offshore no las controla nadie y son una especie de “patente de corso”. Nada más alejado de la verdad. Hay normas que las regulan, que principalmente van en la dirección de obligar a los estudios que las administran a identificar el origen de los fondos que manejan y a los beneficiarios finales.
Sin embargo, todos sabemos que en ocasiones se las utiliza para disimular la procedencia de dinero sucio, escondiendo a sus verdaderos dueños, que suelen ser políticos corruptos, o integrantes de diferentes mafias, o para financiar al terrorismo. Cuando eso ocurre, no es por culpa de la herramienta sino por la complicidad de bancos, firmas legales y asesores financieros con los delincuentes, al no cumplir escrupulosamente con las normas anteriormente mencionadas. No obstante, los que las utilizan para “blanquear dinero” o financiar actividades terroristas son una minoría.
El Institute of Governance de la Universidad de Basilea, hizo un análisis muy detallado de los países con alto riesgo de permitir la financiación de actividades terroristas y blanqueo de activos. En 2014 analizó 152 países, y de acuerdo al peligro que cada uno de ellos tiene de permitir este tipo de prácticas, realizó su Basel AML Index 2015 Report. Al recurrir a este estudio surge de inmediato, que es completamente falsa la idea de que se utilizan los mal denominados "paraísos fiscales" para realizar este tipo de prácticas corruptas. En efecto, en la lista de los 50 países donde hay mayores riesgos de que sean utilizados su sistema bancario o sociedades anónimas para realizar ese tipo de operativas, ¡únicamente dos se ubican en la categoría de “paraísos fiscales”! Por lo tanto al esgrimir ese tipo de argumento para eliminarlos, los gobernantes sencillamente están mintiendo y aprovechando a su favor las pasiones humanas: el miedo que suscita el terrorismo y la indignación que provoca el lavado de dinero (porque se lo asocia con la corrupción política, narcotráfico y cosas por el estilo).
Realmente, es una ironía que algunos de los gobiernos que más se “escandalizan” por la existencia de los “paraísos fiscales”, sean los mismos que más permeables son a la utilización de su sistema bancario o sociedades comerciales para realizar ese tipo de actividades. Como botón de muestra: la Argentina de los Kirchner se ubica en el puesto No. 36 del mencionado Index. Con respecto a este punto, los “Panamá Papers” han sacado a la luz la gran hipocresía y cinismo de muchos gobernantes o personalidades, que defienden ideologías supuestamente humanistas, que proclaman sentir “empatía” por los pobres, o se presentan a sí mismos como paladines contra la corrupción. Entre ellos podemos mencionar a la familia de Xi Jinping —presidente de la República Popular China y Secretario General del Partido Comunista de ese país— que posee varias compañías offshore; al presidente ruso Vladimir Putin, que formó una red constituida por bancos, compañías y personas allegadas, para realizar maniobras encubiertas con el objetivo de mover en secreto hasta $2.000 millones; ardides en torno a la llamada “ruta del dinero K”, una trama para blanquear activos producto de corrupción, perpetuada por el matrimonio Kirchner y sus cómplices, para lo que contaron con la cooperación de sectores argentinos y uruguayos; o Gonzalo Delaveau —presidente de la ONG “Chile Transparente”— cuyo nombre apareció vinculado a operaciones en paraísos fiscales.
Sin embargo, por contraste, los “Panamá Papers” también demuestran que la inmensa mayoría de las personas que poseen sociedades offshore en los refugios fiscales, son gente honesta, cuyo dinero es fruto de actividades limpias. Esa información debería ser considerada como una de las grandes revelaciones de los “Panamá Papers”. Dan Mitchell señala que de la atenta lectura de un artículo publicado por el Washington Post —fruto de un trabajo de investigación sobre este mismo tema— se deduce que “los individuos que utilizan a los refugios fiscales suelen ser por lejos, mucho más honestos que los políticos”.
Otro de los argumentos que se emplean para tratar de destruir a los “paraísos fiscales” y las sociedades offshore, es que ellos son utilizados para eludir impuestos. En ese sentido, el presidente estadounidense Barack Obama expresó que la mayoría de las operaciones reveladas en los “Panamá Papers” son legales, y que ése es “precisamente el problema”. Por eso considera que el asunto de la elusión fiscal “debe ser atacado a escala mundial de manera coordinada”.1
Postura que concuerda con la mantenida por los países de la OCDE y el G20, que presionan para que exista una especie de “cartel” entre todos los gobiernos del mundo, con el fin de aumentar al unísono y sin ningún tipo de restricción los impuestos, y que el ciudadano común no tenga dónde recurrir para protegerse.
Con respecto a este punto también es posible observar que en gran medida, la huida de los capitales hacia los “refugios fiscales”, es la consecuencia lógica del derroche desmesurado de los gobiernos. Gasto que frecuentemente, se realiza con el fin de construir una hegemonía y perpetuación en el poder de los partidos gobernantes.
Como prueba de lo que estamos afirmando, mencionaremos algunos de los países que tienen la mayor carga impositiva sobre las empresas, de acuerdo al Global Competitiveness Report 2015-2016 elaborado por el World Economic Forum.
Se analizaron 140 países. Entre ellos, la peor ubicación la tiene Argentina. En esa nación la carga impositiva a las empresas es de… ¡137, 3%! ¡Lo cual significa que ninguna podría operar en forma legal! De lo que se deduce, que existe un gran espacio para la arbitrariedad de las autoridades para señalar con la impositiva a sus oponentes políticos o a los disidentes.
Entre los veinte países con mayor peso impositivo a las empresas están: Bolivia (No. 139, 83,7%); Colombia (No. 137, 75,4%); Brasil (No. 134, 69%); Francia (No. 132, 66,6%); Venezuela (No. 130, 65,5%); Italia (No. 129, 65,4%); China (No. 128, 64,6%); y España (No. 122, 58,2%).
La OCDE y los G20 —en una especie de neoimperialismo descarado— utilizando las falaces excusas de la existencia de “malsanos paraísos fiscales”, impedir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la evasión impositiva, están presionando en forma indebida a los gobiernos de todo el mundo para que coarten la libertad y el derecho a la intimidad de los individuos. O sea, para que desconozcan derechos humanos fundamentales: la libertad, la privacidad y la propiedad privada.
Los refugios fiscales son positivos porque obligan a la competencia fiscal, un camino que algunos gobernantes no son proclives a transitar. Esto es esencial para el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, porque al igual que ocurre en cualquier otra área de actividad económica, la competencia es lo que constriñe a realizar un uso eficiente de los recursos —que por definición son escasos— ofreciendo productos y servicios cada vez más baratos y de mejor calidad.
La lucha contra los “paraísos fiscales” busca socavar la competencia fiscal entre los estados (lo que los volvería más prudentes en el uso de los dineros públicos), la privacidad financiera y la soberanía de las naciones.
El escritor ruso Fedor Dostoyevski señaló con agudeza, que “la moneda es libertad acuñada”. Por lo tanto, al defender el libre uso de nuestra plata, exigiendo que quede fuera de la mirada y codicia de los gobernantes, estamos amparando simultáneamente, la existencia de las sociedades abiertas.
Los “Panamá Papers” lo que en definitiva expusieron, es que son los propios políticos los que en mayor medida hacen un mal uso de las offshores. Asimismo, revelan su gran cinismo porque mientras vociferan contra los “paraísos fiscales”, muchos los utilizan para esconder dinero que, por cierto, no siempre es bien habido.
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