Contrario a lo que muchos puedan creer tras
la divulgación de los papeles de Panamá, la normativa y fiscalización
tributarias han mejorado en un número significativo de países
latinoamericanos en los últimos años. Como consecuencia, ha disminuido
la evasión y -al menos hasta que el crecimiento de la región empezó a
sufrir por la baja en los precios de las materias primas que exporta-
aumentó la recaudación. México, por ejemplo, instauró en 2014 la
obligatoriedad de la factura electrónica, eliminando de un día para otro
la falsificación de facturas, que era un negocio paralelo para muchas
imprentas del país. Chile fue el pionero en e-facturas, hace más de una
década, y otros países de la región han hecho lo mismo, al punto que
América Latina es la región más desarrollada del mundo en facturación
electrónica y le están siguiendo los pasos desde países de la Unión
Europea hasta China.
Dado que una parte significativa de la actividad económica latinoamericana no aparece en los libros de contabilidad ni en las cuentas nacionales, los gobiernos de la región se han tomado muy en serio las declaraciones y el pago de impuestos de sus ciudadanos. En Ecuador, una ley del actual gobierno le ha hecho la guerra a las facturas falsas obligando a las imprentas a certificar sus actividades. En Paraguay, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la recaudación tributaria creció de 10,5% del PIB en 2006, a casi 13% del PIB en 2013.
Y prácticamente todos los países de la región han estado firmando recientemente más y mejores tratados de doble tributación, acción que hace más difícil evadir o eludir impuestos a quienes establecen sociedades en el extranjero para mantener sus ingresos fuera del alcance de la autoridad local.
Es en este contexto que hay que entender la filtración y divulgación de los papeles de Panamá, más de 11 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca sobre empresas offshore y paraísos fiscales de todo el mundo. Los documentos, que incluyen los nombres y apellidos de los propietarios de más de 240.000 empresas offshore, fueron filtrados a un diario alemán y luego procesados y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), que integran 190 periodistas de 65 países. Las revelaciones de los papeles de Panamá han causado tanta indignación en la opinión pública mundial que desde el primer ministro británico David Cameron, hasta el célebre chef peruano Gastón Acurio tuvieron que hacer declaraciones públicas explicando cuánta plata tienen, y qué porción de esa plata la tienen en sociedades offshore y por qué. Otros que no eran tan inocentes, como el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnalaugsson, y el ministro de industria español, José Manuel Soria, tuvieron que renunciar a sus cargos.
La confesión pública que hicieron Cameron y Acurio, al dar detallada cuenta de su vida financiera, sólo se entiende como una forma de apaciguar a la opinión pública. El fondo offshore en que es socio el premier británico fue creado por su padre y él heredó cerca de medio millón de dólares de esa sociedad. En el caso de Acurio, quien hizo público el estado de todas sus inversiones y cuentas bancarias, la empresa offshore está lejos de manejar millones de dólares y se creó para comprar dos catamaranes.
En América Latina, los documentos apuntan con el dedo a familiares, asociados o contratistas de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Ecuador, Rafael Correa, y de México, Enrique Peña Nieto, además de vincular a los dos contendores para la segunda vuelta presidencial en Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. En Brasil, aparecen mencionados más políticos de oposición que de gobierno y en Chile -ironía- hicieron renunciar al presidente de la rama local de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional, por gestionar empresas offshore vinculadas a un proyecto minero.
A nivel mundial, son 140 los dignatarios o altos dirigentes políticos mencionados en los papeles de Panamá debido a que sus familiares, amigos o socios crearon o usaron empresas offshore de la mano de Mossack Fonseca. Entre ellos hay doce jefes de Estado, incluyendo -además del británico David Cameron y el islandés Gunnlaugsson- al presidente de Rusia, Vladimir Putin; al presidente de China, Xi Jinping; al primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif; al presidente sirio Bashar Assad; al nuevo rey Salman Named de Arabia Saudita y al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
El número de presuntos implicados y la prominencia de sus nombres aseguraban una amplia cobertura periodística a la divulgación de los documentos. Pero pocos anticiparon la indignación ciudadana que provocarían las revelaciones. Al desatarse el escándalo, David Cameron reaccionó casi con ingenuidad, explicando que la empresa offshore familiar era asunto privado y que no había en ella nada ilegal. Esto no hizo otra cosa que aumentar la ira ciudadana, que identificó privacidad con secreto y empresa offshore con dinero sucio.
Las explicaciones de algunos jefes de Estado latinoamericanos también fueron equivocadas. La reacción -algo matonesca- del presidente ecuatoriano Rafael Correa fue publicar en Twitter los nombres de los seis periodistas ecuatorianos que habían trabajado en la investigación. La declaración inicial del argentino Mauricio Macri fue parecida a la del británico Cameron, al explicar por qué no había incluido en su declaración tributaria de 2007 la participación que tiene en una firma offshore creada por su padre.
Todos insistieron en que habían actuado de acuerdo a la ley.
Cometieron un error. Es verdad que no hubo nada ilegal en las acciones de la gran mayoría de los jefes de Estado y sus asociados -una indignante excepción es el ruso Vladimir Putin-, pero usar ese argumento como defensa suena a ampararse en la legalidad para encubrir ganancias ilícitas. La lectura que hizo la opinión pública de las revelaciones fue que, una vez más, los ricos y poderosos encuentran forma de ganar dinero y no pagar impuestos mientras aprueban leyes que exigen austeridad a sus ciudadanos y los persiguen tributariamente. La gente creyó encontrar en los papeles de Panamá una prueba más de que gobernantes, legisladores y empresarios no son de fiar. Que además de no pagar los impuestos que les corresponde, no les importa que se quiebre la confianza pública. Que quienes pagan los impuestos que les corresponde son unos tontos.
Lo cierto es que las sociedades offshore tienen muchos usos completamente inocentes y, más que eso, beneficiosos para la inversión extranjera, el comercio y otras fuentes de crecimiento económico. Facilitan invertir en países más allá de las propias fronteras y establecer en territorio neutro nuevas empresas cuyos socios son ciudadanos de países diferentes.
Pero también se usan para evadir impuestos. Y en algunos casos permiten lavar dinero y financiar el terrorismo. De hecho, entre las empresas 240.000 empresas mencionadas en los papeles de Panamá hay 33 sociedades que están en la lista negra de Estados Unidos por la sospecha de que lavan dinero del narcotráfico o el contrabando de armas, o que financian el terrorismo.
La mera mención de un dignatario o dirigente político en un documento sobre empresas offshore confirma a la ciudadanía lo que siempre han pensado: que los políticos son más ricos de lo que dicen, que usan la privacidad como pretexto para ocultar secretos y que se aprovechan de la gente a quienes dicen representar. Y que si esos políticos son ricos, son más sospechosos todavía. Pero en muchos casos la ciudadanía está equivocada. En muchos casos, la reacción de la ciudadanía ante los Papeles de Panamá ha sido exagerada, fruto de la ligereza de juicio o de la ignorancia, y está haciendo pagar a justos, como David Cameron, por pecadores.
Ante la filtración de los papeles del bufete panameño, la gente no se pregunta si las acciones de sus gobernantes, dirigentes empresariales o legisladores fueron legales o no. No tiene sentido, si son precisamente los ricos y poderosos los que escriben las leyes. Lo que ofende de las compañía offshore es su opacidad, el hecho de que sus dueños pueden permanecer en el anonimato. Se preguntan cuáles son los trapos sucios que quieren mantener en la sombra. Lo que ofende del secreto bancario es que sea secreto.
La divulgación de los nombres ha dañado injustamente a muchos de los que son mencionados, como David Cameron o Acurio, sino también a Panamá, país que ha participado en todos los foros e iniciativas multilaterales sobre el tema, que ha reformado su legislación y hecho un esfuerzo meritorio por establecer normas y regulaciones financieras más estrictas y por aumentar la transparencia, a fin de eliminar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En Panamá, por ejemplo, ya no existen las acciones y bonos al portador, de modo que ahora siempre se sabrá quién es dueño de qué y en qué porcentaje. Las iniciativas de Panamá para hacer más transparente su sistema bancario fueron una de las razones por las cuales AméricaEconomía eligió a su ministro de Hacienda, Dulcidio de la Guardia, como el mejor de América Latina el año pasado. La indignación ciudadana ante los documentos filtrados socava su trabajo y hace daño al país.
Es injusto que los justos tengan que pagar por los injustos, como le sucede a Dulcidio de la Guardia. Ese es uno de los efectos negativos que ha tenido la divulgación de los papeles de Panamá.
Pero en definitiva, la filtración de los documentos será beneficiosa para todo el mundo. La transparencia de los mercados financieros permite tomar mejores decisiones a personas, empresas y países. Y la transparencia instantánea que producen los papeles de Panamá se suma a la transparencia más gradual que está surgiendo en América Latina y en el mundo con las reformas tributarias, los tratados de doble tributación entre países y las restricciones al secreto bancario. Esas reformas, ya vigentes en varios países de la región -Brasil, México y Chile son algunos de los ejemplos-, hacen más conveniente desde el punto de vista tributario establecer filiales dentro de las propias fronteras o abrir directamente oficinas en los países donde quieren iniciar negocios en vez de hacerlo a través de un paraíso fiscal.
El escándalo mundial que han causado los papeles de Panamá ya ha dado inicio a conversaciones sobre las formas en que deben confluir los sistemas tributarios nacionales con vistas a desarrollar un estándar mundial. Barack Obama y los gobernantes de varios países de la Unión Europea, Japón y América Latina han hecho llamados a hacer más tratados de doble tributación, a aumentar la transparencia, a compartir información. La filtración de los 11 millones de documentos de Mossack ha ayudado a acelerar ese proceso. Con el tiempo, de mantenerse la tendencia, será innecesario y hasta inconveniente para una empresa legítima establecer una sociedad offshore. En ese momento, sólo quedarán ahí las empresas que no tienen cómo explicar el origen de su dinero. En ese momento, los paraísos fiscales serán un asunto policial y no político.
El resultado final de este huracán de transparencia que son los Papeles de Panamá será una redefinición de las reglas internacionales que rigen a las empresas offshore. En estos años en que la privacidad se bate en retirada por obra y gracia de internet, y en que la big data ayuda a tomar decisiones mejor informadas a personas, empresas y países, hay que abrazar el fin del secreto financiero, felicitarse por la filtración de documentos confidenciales. Y esperar que vengan más.
Dado que una parte significativa de la actividad económica latinoamericana no aparece en los libros de contabilidad ni en las cuentas nacionales, los gobiernos de la región se han tomado muy en serio las declaraciones y el pago de impuestos de sus ciudadanos. En Ecuador, una ley del actual gobierno le ha hecho la guerra a las facturas falsas obligando a las imprentas a certificar sus actividades. En Paraguay, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la recaudación tributaria creció de 10,5% del PIB en 2006, a casi 13% del PIB en 2013.
El resultado final de este huracán de transparencia que son los Papeles de Panamá será una redefinición de las reglas internacionales que rigen a las empresas offshore. En estos años en que la privacidad se bate en retirada por obra y gracia de internet, y en que la big data ayuda a tomar decisiones mejor informadas a personas, empresas y países, hay que abrazar el fin del secreto financiero, felicitarse por la filtración de documentos confidenciales. Y esperar que vengan más.La lista suma y sigue. Chile ha afinado su legislación tributaria tres veces en los últimos 20 años, mejorando la fiscalización y aumentando la recaudación de impuestos, además de buscar una mejor distribución de la carga tributaria entre los distintos tramos de ingresos y tipos de contribuyente. La reforma tributaria de 2015 en Perú tuvo como objetivo principal estimular la inversión y el crecimiento, pero al bajar los impuestos a las utilidades de las empresas y subírselos a los dividendos que reciben los accionistas, facilitó la fiscalización impositiva y redujo la evasión. Brasil, que tiene el sistema tributario más engorroso del mundo, tiene también la oficina de recaudación de impuestos más eficiente de América Latina.
Y prácticamente todos los países de la región han estado firmando recientemente más y mejores tratados de doble tributación, acción que hace más difícil evadir o eludir impuestos a quienes establecen sociedades en el extranjero para mantener sus ingresos fuera del alcance de la autoridad local.
Es en este contexto que hay que entender la filtración y divulgación de los papeles de Panamá, más de 11 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca sobre empresas offshore y paraísos fiscales de todo el mundo. Los documentos, que incluyen los nombres y apellidos de los propietarios de más de 240.000 empresas offshore, fueron filtrados a un diario alemán y luego procesados y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), que integran 190 periodistas de 65 países. Las revelaciones de los papeles de Panamá han causado tanta indignación en la opinión pública mundial que desde el primer ministro británico David Cameron, hasta el célebre chef peruano Gastón Acurio tuvieron que hacer declaraciones públicas explicando cuánta plata tienen, y qué porción de esa plata la tienen en sociedades offshore y por qué. Otros que no eran tan inocentes, como el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnalaugsson, y el ministro de industria español, José Manuel Soria, tuvieron que renunciar a sus cargos.
La confesión pública que hicieron Cameron y Acurio, al dar detallada cuenta de su vida financiera, sólo se entiende como una forma de apaciguar a la opinión pública. El fondo offshore en que es socio el premier británico fue creado por su padre y él heredó cerca de medio millón de dólares de esa sociedad. En el caso de Acurio, quien hizo público el estado de todas sus inversiones y cuentas bancarias, la empresa offshore está lejos de manejar millones de dólares y se creó para comprar dos catamaranes.
En América Latina, los documentos apuntan con el dedo a familiares, asociados o contratistas de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Ecuador, Rafael Correa, y de México, Enrique Peña Nieto, además de vincular a los dos contendores para la segunda vuelta presidencial en Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. En Brasil, aparecen mencionados más políticos de oposición que de gobierno y en Chile -ironía- hicieron renunciar al presidente de la rama local de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional, por gestionar empresas offshore vinculadas a un proyecto minero.
A nivel mundial, son 140 los dignatarios o altos dirigentes políticos mencionados en los papeles de Panamá debido a que sus familiares, amigos o socios crearon o usaron empresas offshore de la mano de Mossack Fonseca. Entre ellos hay doce jefes de Estado, incluyendo -además del británico David Cameron y el islandés Gunnlaugsson- al presidente de Rusia, Vladimir Putin; al presidente de China, Xi Jinping; al primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif; al presidente sirio Bashar Assad; al nuevo rey Salman Named de Arabia Saudita y al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
El número de presuntos implicados y la prominencia de sus nombres aseguraban una amplia cobertura periodística a la divulgación de los documentos. Pero pocos anticiparon la indignación ciudadana que provocarían las revelaciones. Al desatarse el escándalo, David Cameron reaccionó casi con ingenuidad, explicando que la empresa offshore familiar era asunto privado y que no había en ella nada ilegal. Esto no hizo otra cosa que aumentar la ira ciudadana, que identificó privacidad con secreto y empresa offshore con dinero sucio.
Las explicaciones de algunos jefes de Estado latinoamericanos también fueron equivocadas. La reacción -algo matonesca- del presidente ecuatoriano Rafael Correa fue publicar en Twitter los nombres de los seis periodistas ecuatorianos que habían trabajado en la investigación. La declaración inicial del argentino Mauricio Macri fue parecida a la del británico Cameron, al explicar por qué no había incluido en su declaración tributaria de 2007 la participación que tiene en una firma offshore creada por su padre.
Todos insistieron en que habían actuado de acuerdo a la ley.
Cometieron un error. Es verdad que no hubo nada ilegal en las acciones de la gran mayoría de los jefes de Estado y sus asociados -una indignante excepción es el ruso Vladimir Putin-, pero usar ese argumento como defensa suena a ampararse en la legalidad para encubrir ganancias ilícitas. La lectura que hizo la opinión pública de las revelaciones fue que, una vez más, los ricos y poderosos encuentran forma de ganar dinero y no pagar impuestos mientras aprueban leyes que exigen austeridad a sus ciudadanos y los persiguen tributariamente. La gente creyó encontrar en los papeles de Panamá una prueba más de que gobernantes, legisladores y empresarios no son de fiar. Que además de no pagar los impuestos que les corresponde, no les importa que se quiebre la confianza pública. Que quienes pagan los impuestos que les corresponde son unos tontos.
Lo cierto es que las sociedades offshore tienen muchos usos completamente inocentes y, más que eso, beneficiosos para la inversión extranjera, el comercio y otras fuentes de crecimiento económico. Facilitan invertir en países más allá de las propias fronteras y establecer en territorio neutro nuevas empresas cuyos socios son ciudadanos de países diferentes.
Pero también se usan para evadir impuestos. Y en algunos casos permiten lavar dinero y financiar el terrorismo. De hecho, entre las empresas 240.000 empresas mencionadas en los papeles de Panamá hay 33 sociedades que están en la lista negra de Estados Unidos por la sospecha de que lavan dinero del narcotráfico o el contrabando de armas, o que financian el terrorismo.
La mera mención de un dignatario o dirigente político en un documento sobre empresas offshore confirma a la ciudadanía lo que siempre han pensado: que los políticos son más ricos de lo que dicen, que usan la privacidad como pretexto para ocultar secretos y que se aprovechan de la gente a quienes dicen representar. Y que si esos políticos son ricos, son más sospechosos todavía. Pero en muchos casos la ciudadanía está equivocada. En muchos casos, la reacción de la ciudadanía ante los Papeles de Panamá ha sido exagerada, fruto de la ligereza de juicio o de la ignorancia, y está haciendo pagar a justos, como David Cameron, por pecadores.
Ante la filtración de los papeles del bufete panameño, la gente no se pregunta si las acciones de sus gobernantes, dirigentes empresariales o legisladores fueron legales o no. No tiene sentido, si son precisamente los ricos y poderosos los que escriben las leyes. Lo que ofende de las compañía offshore es su opacidad, el hecho de que sus dueños pueden permanecer en el anonimato. Se preguntan cuáles son los trapos sucios que quieren mantener en la sombra. Lo que ofende del secreto bancario es que sea secreto.
La divulgación de los nombres ha dañado injustamente a muchos de los que son mencionados, como David Cameron o Acurio, sino también a Panamá, país que ha participado en todos los foros e iniciativas multilaterales sobre el tema, que ha reformado su legislación y hecho un esfuerzo meritorio por establecer normas y regulaciones financieras más estrictas y por aumentar la transparencia, a fin de eliminar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En Panamá, por ejemplo, ya no existen las acciones y bonos al portador, de modo que ahora siempre se sabrá quién es dueño de qué y en qué porcentaje. Las iniciativas de Panamá para hacer más transparente su sistema bancario fueron una de las razones por las cuales AméricaEconomía eligió a su ministro de Hacienda, Dulcidio de la Guardia, como el mejor de América Latina el año pasado. La indignación ciudadana ante los documentos filtrados socava su trabajo y hace daño al país.
Es injusto que los justos tengan que pagar por los injustos, como le sucede a Dulcidio de la Guardia. Ese es uno de los efectos negativos que ha tenido la divulgación de los papeles de Panamá.
Pero en definitiva, la filtración de los documentos será beneficiosa para todo el mundo. La transparencia de los mercados financieros permite tomar mejores decisiones a personas, empresas y países. Y la transparencia instantánea que producen los papeles de Panamá se suma a la transparencia más gradual que está surgiendo en América Latina y en el mundo con las reformas tributarias, los tratados de doble tributación entre países y las restricciones al secreto bancario. Esas reformas, ya vigentes en varios países de la región -Brasil, México y Chile son algunos de los ejemplos-, hacen más conveniente desde el punto de vista tributario establecer filiales dentro de las propias fronteras o abrir directamente oficinas en los países donde quieren iniciar negocios en vez de hacerlo a través de un paraíso fiscal.
El escándalo mundial que han causado los papeles de Panamá ya ha dado inicio a conversaciones sobre las formas en que deben confluir los sistemas tributarios nacionales con vistas a desarrollar un estándar mundial. Barack Obama y los gobernantes de varios países de la Unión Europea, Japón y América Latina han hecho llamados a hacer más tratados de doble tributación, a aumentar la transparencia, a compartir información. La filtración de los 11 millones de documentos de Mossack ha ayudado a acelerar ese proceso. Con el tiempo, de mantenerse la tendencia, será innecesario y hasta inconveniente para una empresa legítima establecer una sociedad offshore. En ese momento, sólo quedarán ahí las empresas que no tienen cómo explicar el origen de su dinero. En ese momento, los paraísos fiscales serán un asunto policial y no político.
El resultado final de este huracán de transparencia que son los Papeles de Panamá será una redefinición de las reglas internacionales que rigen a las empresas offshore. En estos años en que la privacidad se bate en retirada por obra y gracia de internet, y en que la big data ayuda a tomar decisiones mejor informadas a personas, empresas y países, hay que abrazar el fin del secreto financiero, felicitarse por la filtración de documentos confidenciales. Y esperar que vengan más.
No comments:
Post a Comment