La quiebra, no un salvataje, es la respuesta correcta
Por Jeffrey A. MironCNN
CAMBRIDGE, Massachusetts – En el 2008 el Congreso rechazaba el rescate de Wall Street por 700 mil millones de dólares propuesto por la administración Bush. Conforme este plan, el Tesoro hubiese adquirido los "activos problemáticos" de las instituciones financieras en un intento por evitar la catástrofe económica.
El salvataje era una idea terrible, por las siguientes razones.
El descalabro actual nunca hubiese ocurrido en ausencia
de las mal concebidas políticas federales. El gobierno federal creó por
ley a Fannie Mae en 1938 y Freddie Mac en 1970; estos dos prestamistas
hipotecarios se encuentran en el centro de la crisis. El gobierno
implícitamente les prometió a estas instituciones que respaldaría sus
deudas, de modo tal que Fannie y Freddie incurrieron en enormes y
excesivos riesgos.
Peor todavía, comenzando en 1977 y sobre todo en los años 90 y comienzos de este siglo, el Congreso alentó a los prestamistas hipotecarios y a Fannie/Freddie a expandir los préstamos “subprime”. La industria estaba feliz, dada la promesa implícita del respaldo federal, y los prestamos “subprime” pulularon.
Estos prestamos “subprime” fueron más que un relajamiento menor de las pautas crediticias existentes. Estos prestamos fueron un abandono a gran escala de las practicas crediticias razonables y los tomadores de prestamos con pobres antecedentes crediticios obtuvieron hipotecas que no estaban en condiciones de poder cumplir.
Una vez que los precios de las viviendas declinaron y las condiciones económicas empeoraron, las cesaciones de pago y los incumplimientos aumentaron, dejando a la industria detentando grandes carteras de activos hipotecarios severamente depreciados.
El hecho de que el gobierno cargue con una enorme responsabilidad por la crisis actual implica que cualquier repuesta debería ante todo eliminar las condiciones que generaron esta situación, no intentar enmendar al mal gobierno con más gobierno.
La alternativa obvia al salvataje es dejar que las instituciones financieras en problemas se declaren en quiebra. La quiebra significa que los accionistas típicamente quedan a un lado y los acredores asumen la propiedad de la compañía.
La quiebra no significa que la compañía desaparece; tan solo es poseída por alguien nuevo (tal como ha ocurrido con varias aerolíneas). La quiebra castiga a aquellos que corrieron riesgos excesivos a la vez que preserva aquellos aspectos de una empresa que siguen siendo rentables.
En contraste, un salvataje transfiere una enorme riqueza de los contribuyentes a aquellos que a sabiendas se involucraron en riesgosos prestamos “subprime”. Así, el rescate alienta a las empresas a correr grandes e imprudentes riesgos, contando con que serán salvadas por el gobierno. Este "moral hazard" genera enormes distorsiones en la asignación de los recursos financieros de una economía.
Los defensores juiciosos del rescate deberían aceptar esta perspectiva, pero sostienen que el salvataje es necesario para evitar el colapso económico. Según esta opinión, los prestamistas no están otorgando créditos, ni siquiera para proyectos que lo merecen, debido a que no pueden conseguir capital. Esta visión tiene algo de verdad; si el salvataje no tiene lugar, son posibles más quiebras y las condiciones crediticias pueden empeorar durante un tiempo.
Sin embargo, hablar del Armageddon es un alarmismo ridículo. Si las instituciones financieras no pueden otorgar prestamos productivos, una oportunidad de ganancias existe para alguien más. Esto puede que no ocurra de manera instantánea, pero sucederá.
Además, el actual congelamiento del crédito probablemente se debe a la esperanza de Wall Street de un salvataje; los banqueros no venderán sus malogrados activos a 20 por cada dólar sí el gobierno podría llegar a pagarles 30, 50 u 80 centavos.
Al mismo tiempo, los costos del salvataje casi con certeza que se encuentran subestimados. La afirmación de la administración es que muchos activos hipotecarios son simplemente no líquidos, no realmente carentes de valor, implicando que los contribuyentes recuperarán gran parte de sus 700 mil millones de dólares.
Sin embargo, si estos activos valen algo, los privados deberían desear adquirirlos, y lo harán si los propietarios aceptan el precio justo del mercado. Es muy probable que los dueños actuales hayan ocultado bajo la alfombra lo poco que valen sus activos.
El salvataje presenta más problemas. La legislación final probablemente incluirá numerosas condiciones accesorias y negociaciones especiales que recompensen a los lobbistas de Washington y a sus clientes.
La anticipación del rescate engendrará un comportamiento estratégico por parte de las instituciones de Wall Street a medida que presenten sus activos y posicionen sus planillas contables para maximizar su ganancia.
El salvataje abrirá la puerta a un entrometimiento federal adicional en los mercados financieros.
Por lo tanto, ¿qué debería hacer el gobierno? Eliminar aquellas políticas que generaron el caos actual. Esto implica, a nivel general, el abandono del objetivo de conseguir la propiedad de una casa como algo independiente de la capacidad de pago. Esto significa, en particular, deshacerse de Fannie Mae y Freddie Mac, junto con políticas como la Ley de Reinversión Comunitaria que presionan a los bancos para que otorguen prestamos “subprime”.
La visión correcta del desquicio financiero es que una enorme fracción de los créditos “subprime” nunca debería haberse otorgado en primer lugar. Alguien debe pagar por ello. Ese alguien no debería ser, y no precisa serlo, el contribuyente estadounidense.
Jeffrey A. Miron es disertante señor en economía en la Harvard University. Un libertario, fue uno de los 166 economistas académicos que suscribieron la semana pasada la carta dirigida a los líderes parlamentarios oponiéndose al plan de salvataje del gobierno.
Peor todavía, comenzando en 1977 y sobre todo en los años 90 y comienzos de este siglo, el Congreso alentó a los prestamistas hipotecarios y a Fannie/Freddie a expandir los préstamos “subprime”. La industria estaba feliz, dada la promesa implícita del respaldo federal, y los prestamos “subprime” pulularon.
Estos prestamos “subprime” fueron más que un relajamiento menor de las pautas crediticias existentes. Estos prestamos fueron un abandono a gran escala de las practicas crediticias razonables y los tomadores de prestamos con pobres antecedentes crediticios obtuvieron hipotecas que no estaban en condiciones de poder cumplir.
Una vez que los precios de las viviendas declinaron y las condiciones económicas empeoraron, las cesaciones de pago y los incumplimientos aumentaron, dejando a la industria detentando grandes carteras de activos hipotecarios severamente depreciados.
El hecho de que el gobierno cargue con una enorme responsabilidad por la crisis actual implica que cualquier repuesta debería ante todo eliminar las condiciones que generaron esta situación, no intentar enmendar al mal gobierno con más gobierno.
La alternativa obvia al salvataje es dejar que las instituciones financieras en problemas se declaren en quiebra. La quiebra significa que los accionistas típicamente quedan a un lado y los acredores asumen la propiedad de la compañía.
La quiebra no significa que la compañía desaparece; tan solo es poseída por alguien nuevo (tal como ha ocurrido con varias aerolíneas). La quiebra castiga a aquellos que corrieron riesgos excesivos a la vez que preserva aquellos aspectos de una empresa que siguen siendo rentables.
En contraste, un salvataje transfiere una enorme riqueza de los contribuyentes a aquellos que a sabiendas se involucraron en riesgosos prestamos “subprime”. Así, el rescate alienta a las empresas a correr grandes e imprudentes riesgos, contando con que serán salvadas por el gobierno. Este "moral hazard" genera enormes distorsiones en la asignación de los recursos financieros de una economía.
Los defensores juiciosos del rescate deberían aceptar esta perspectiva, pero sostienen que el salvataje es necesario para evitar el colapso económico. Según esta opinión, los prestamistas no están otorgando créditos, ni siquiera para proyectos que lo merecen, debido a que no pueden conseguir capital. Esta visión tiene algo de verdad; si el salvataje no tiene lugar, son posibles más quiebras y las condiciones crediticias pueden empeorar durante un tiempo.
Sin embargo, hablar del Armageddon es un alarmismo ridículo. Si las instituciones financieras no pueden otorgar prestamos productivos, una oportunidad de ganancias existe para alguien más. Esto puede que no ocurra de manera instantánea, pero sucederá.
Además, el actual congelamiento del crédito probablemente se debe a la esperanza de Wall Street de un salvataje; los banqueros no venderán sus malogrados activos a 20 por cada dólar sí el gobierno podría llegar a pagarles 30, 50 u 80 centavos.
Al mismo tiempo, los costos del salvataje casi con certeza que se encuentran subestimados. La afirmación de la administración es que muchos activos hipotecarios son simplemente no líquidos, no realmente carentes de valor, implicando que los contribuyentes recuperarán gran parte de sus 700 mil millones de dólares.
Sin embargo, si estos activos valen algo, los privados deberían desear adquirirlos, y lo harán si los propietarios aceptan el precio justo del mercado. Es muy probable que los dueños actuales hayan ocultado bajo la alfombra lo poco que valen sus activos.
El salvataje presenta más problemas. La legislación final probablemente incluirá numerosas condiciones accesorias y negociaciones especiales que recompensen a los lobbistas de Washington y a sus clientes.
La anticipación del rescate engendrará un comportamiento estratégico por parte de las instituciones de Wall Street a medida que presenten sus activos y posicionen sus planillas contables para maximizar su ganancia.
El salvataje abrirá la puerta a un entrometimiento federal adicional en los mercados financieros.
Por lo tanto, ¿qué debería hacer el gobierno? Eliminar aquellas políticas que generaron el caos actual. Esto implica, a nivel general, el abandono del objetivo de conseguir la propiedad de una casa como algo independiente de la capacidad de pago. Esto significa, en particular, deshacerse de Fannie Mae y Freddie Mac, junto con políticas como la Ley de Reinversión Comunitaria que presionan a los bancos para que otorguen prestamos “subprime”.
La visión correcta del desquicio financiero es que una enorme fracción de los créditos “subprime” nunca debería haberse otorgado en primer lugar. Alguien debe pagar por ello. Ese alguien no debería ser, y no precisa serlo, el contribuyente estadounidense.
Jeffrey A. Miron es disertante señor en economía en la Harvard University. Un libertario, fue uno de los 166 economistas académicos que suscribieron la semana pasada la carta dirigida a los líderes parlamentarios oponiéndose al plan de salvataje del gobierno.
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