Monday, December 5, 2016

La maldición de la hipercorrección en América Latina

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CreditKiersten Essenpreis
BOGOTÁ — A finales de la década de los años 2000, los políticos de izquierda dominaban la política en América Latina. Hoy en día la mayoría de ellos se encuentran en retirada, desafiados por una nueva camada de líderes que prometen arreglar los problemas creados por la izquierda. En Argentina, Paraguay y Perú, estos adversarios han ganado elecciones. En Brasil, tomaron el poder este año como resultado de un juicio de destitución presidencial y, como en Chile, han ganado terreno en las elecciones municipales. En Colombia, México y Venezuela, están ganando fuerza electoral.


En Cuba, a pesar de que no hay elecciones, se dice que con la muerte de Fidel Castro se abre más espacio para los menos ortodoxos. Y hasta en los EE. UU., con el ascenso de Donald Trump, se vislumbra un desmantelamiento de las políticas de centro-izquierda impulsadas por Obama.
Puesto que estos nuevos líderes desafían a la izquierda, es tentador decir que pertenecen a la derecha. Algunos, como el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el de Brasil, Michel Temer, no necesariamente repudiarían dicha etiqueta. Sin embargo, otra forma de describirlos es llamarles hipercorrectores. Se ven a sí mismos inmersos en la misión de limpiar los desastres que sus predecesores dejaron atrás.
¿Tendrán éxito? Hay razones para sentirse optimista, pero también para preocuparse. En algunas zonas, podrían repetir los errores del pasado debido a que la hipercorrección, sin importar las políticas que se adopten, tiende a aspirar a demasiado. Concentrarse en las grandes crisis provoca que los políticos se vayan a los extremos, improvisen demasiado e ignoren otras cuestiones.
La hipercorrección ha sido la esencia de la política latinoamericana desde los ochenta. Entonces, América Latina transitaba hacia la democracia. Los presidentes asumieron el poder con el mandato de terminar con la crisis de violaciones a los derechos humanos y las prácticas autoritarias de sus predecesores. En respuesta, a menudo los presidentes fueron demasiado lejos en la descentralización de la autoridad gubernamental, lo que condujo a gobiernos inestables. Se obsesionaron con quitar poder al Ejército y no pusieron la suficiente atención a la economía, lo cual desembocó en inflaciones disparadas.
Luego vino la era neoliberal. Los defensores de este enfoque aparecieron a finales de los ochenta también con una ambiciosa agenda. Tuvieron sus aciertos: rectificaron los desequilibrios macroeconómicos. Pero también tuvieron sus excesos, tales como privatizaciones y liberalizaciones en extremo, que en algunos casos dejaron legados de monopolios, altos precios y fragilidad financiera. También pusieron poca atención a la pobreza, lo que llevó a una creciente desigualdad.
A finales de los noventa, llegaron líderes de izquierda dispuestos a corregir los problemas de la era neoliberal. También muchos de ellos respondieron pasándose de la raya. Para enfrentar la desigualdad de ingresos, expandieron el alcance del Estado y reforzaron la dependencia económica en la exportación de recursos naturales, lo que condujo a una corrupción rampante, poco ahorro y sectarismo político. En algunos casos hicieron de lado la disciplina fiscal, con lo cual provocaron endeudamientos y déficits fiscales.
Ahora le toca gobernar a los presidentes posizquierda. Me temo que nos encontramos ante la posibilidad de una repetición de compensaciones excesivas y negligencia.
Comencemos con la economía. Lo positivo es que los reformadores de hoy tienen menos razones que en el pasado para sobrecorregir. A excepción de Venezuela y Brasil, los países latinoamericanos no están frente a una caída económica brutal. Así que hay una menor necesidad de las llamadas reformas big bang del pasado que tantos errores y dolores ocasionan.
El verdadero riesgo es errar el tiro: es decir, ir tras el objetivo equivocado. El problema económico clave de la región es la exagerada dependencia de sus recursos naturales, pero la mayoría de los nuevos hipercorrectores parece ignorar esta situación. En Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski fue a China en su primer viaje al extranjero, una rara elección si se toma en cuenta la contribución de China para mantener a Perú dependiente de la minería.
La solución que ofrecen los nuevos reformadores es atraer la inversión extrajera mediante el relajamiento de las reglas sobre exportaciones. Es posible que tal liberalización aumente la inversión, pero como política para minimizar la dependencia de la exportación de recursos naturales, sin duda, falla. Si acaso logra algo, es aumentar la dependencia de socios extranjeros.
Reducir tal dependencia requiere establecer fondos para la estabilización, mejorar la educación para que los trabajadores puedan adquirir más capacidades y crear una economía de servicio más diversificada. Tristemente, los presidentes de hoy en día casi nunca hablan de estas tareas.
Un segundo asunto importante de la agenda para la reforma es la corrupción. Ningún otro asunto parece movilizar mejor al electorado que el disgusto que les provoca la corrupción. Las acusaciones de corrupción destrozaron la fuerza electoral de los presidentes izquierdistas alguna vez populares, como Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Mauricio Funes en El Salvador y Evo Morales en Bolivia.
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El presidente de Brasil, Michel Temer, un conservador que remplazó a la izquierdista Dilma RousseffCreditCadu Gomes/European Pressphoto Agency
Sobre todo en la lucha contra la corrupción, los presidentes de América Latina tienen una larga historia de errar el tiro. Cuando imperaba el neoliberalismo, la estrategia preferida para enfrentar la corrupción era reducir el Estado pues se asumía que un sector público más pequeño ofrecía menos oportunidades para la corrupción. Con los presidentes de izquierda, la estrategia preferida fue castigar a los partidos y expandir la “democracia participativa”, con la esperanza de que dar al ciudadano común mayor poder para tomar decisiones lo convertiría en un guardián eficaz.
Como antídotos contra la corrupción, ninguno de estos enfoques funcionó. Reducir la presencia del Estado a través de privatizaciones produjo nuevas oportunidades para coludirse con el sector privado y hacer que la vigilancia fuera más difícil. La democracia participativa tampoco dio el resultado esperado: muchos grupos que se sumaron terminaron siendo cooptados y se coludieron con funcionarios corruptos. En la Venezuela de Hugo Chávez se crearon más de 70.000 consejos comunales para ayudar con proyectos para las comunidades, y recibieron cerca de ocho mil millones de dólares por parte del Estado, según Reuters. Hoy en día hay muy poco que mostrar como resultado de todo este dinero gastado.
Ahora, más que reducir el tamaño del Estado, los presidentes deben construir Estados basados en reglas. En lugar de confiar solo en la participación ciudadana, deben dar más poder a una circunscripción más estrecha: la de los tribunales.
Hay obstáculos. Hacer que el Estado se rija más por reglas y dar más poder a los tribunales limita el poder de decisión del ejecutivo, lo que desagrada a los presidentes. A veces, como en Brasil, los partidos que apoyan esos cambios están teñidos de escándalos de corrupción. Los hipercorrectores, en especial, piensan que las revisiones judiciales los atan de manos en su esfuerzo por reparar una situación disfuncional.
Por último, los reformadores de hoy en día también han heredado el problema del sectarismo político: la tendencia de los partidos en el poder a otorgar favores a quienes les son leales, mientras marginan a sus opositores. La izquierda radical latinoamericana mostró ser notablemente sectaria. Sus seguidores eran recompensados con una gran generosidad estatal, a menudo en la forma de prestaciones sociales; en cambio, se castigaba a los disidentes negándoles beneficios. Los oponentes sentían, y con razón, que el Estado usaba las políticas sociales para desfavorecerlos.
Este tipo de sectarismo es la razón de una de las paradojas latinoamericanas más notables desde finales de la década de los años 2000: la pobreza y la desigualdad se redujeron, pero las tensiones políticas aumentaron: no tanto porque los programas sociales se basaran en la redistribución (cuyos fondos de hecho provenían de las exportaciones más que de aumentos fiscales), sino por el favoritismo. Esto produjo un círculo vicioso: los programas sociales hacían que un presidente fuera popular, y su popularidad los empujaba a crear más oportunidades reglas y prácticas adversas para sus opositores, lo que llevaba a la polarización.
Los reformistas de hoy enfrentan el reto de cambiar esta dinámica para disminuir la polarización. Sin embargo, no está claro que los hipercorrectores actuales puedan hacerlo; sus coaliciones políticas quizá se lo impidan.
En algunos países, como Argentina o Perú, estas coaliciones consisten en un típico frente antipopulista: empresas, tecnócratas y votantes de clase media, todos alineados en contra del ineficiente gasto gubernamental. Exigen un enfoque exclusivo en la disciplina macroeconómica. Si estas coaliciones no se amplían para incluir otros sectores, terminarán también desembocando en sectarismo.
En otros casos, la coalición electoral detrás de los reformistas de hoy es más religiosa, como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos. Está tomando forma una alianza entre los evangélicos y los católicos en el continente americano, la cual busca adelantar una agenda muy conservadora en temas de sexualidad y seguridad.
Esta nueva coalición, que es más fuerte en Brasil, Colombia, México y Centroamérica, quiere que los presidentes se comprometan con políticas restrictivas en cuanto el aborto, los derechos de los homosexuales, la drogadicción y el crimen. Uno de sus últimos blancos es la “ideología de género”, la idea de que la identidad de género se construye socialmente en lugar de estar determinada por la biología. Estos grupos sostienen que la ideología de género va en contra de la Biblia y se oponen a las políticas que protegen a las personas homosexuales y transgénero, a los defensores de la planificación familiar y a las familias no tradicionales.
Coaliciones como esta ayudaron a dar el poder a Temer en Brasil y Jimmy Morales en Guatemala. En México presionaron al congreso para que diera carpetazo a un proyecto de ley de matrimonio entre parejas del mismo sexo. En Colombia ayudaron a la derecha a bloquear, mediante un plebiscito, el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc. En Nicaragua empujaron al presidente Daniel Ortega, un antiguo marxista, a adoptar una postura contraria al aborto. En Chile ayudaron a la elección de una cantidad importante de alcaldes en las elecciones municipales más recientes.
Al igual que los izquierdistas radicales de la década de los años 2000, estos grupos religiosos han adoptado posturas intransigentes en los asuntos que les interesan. Los presidentes que deben su victoria a los conservadores religiosos pueden sentirse en deuda con estos grupos, lo que constituye una receta para un mayor sectarismo. El reto para estos presidentes es establecer lo que podríamos llamar una separación de la Iglesia y el partido. Si insisten en excluir a los sectores siempre crecientes del electorado, que son más seculares, se arriesgan a incrementar la polarización.
Hay dos formas de interpretar este momento en América Latina. Una es verlo como un cambio en el péndulo ideológico de la izquierda hacia la derecha. La otra es verlo como un ciclo repetido de hipercorrección, crisis de gobierno que de nuevo producen megarreformistas. La hipercorrección se deriva de las crisis y tiende a las crisis.
Las posibilidades de romper con este desafortunado ciclo parecen desiguales. En cuanto a la economía, las oportunidades se ven mejor que en el pasado pero, en cuanto a corrupción y sectarismo, se avizoran problemas en el futuro
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