Por Jorge Millán
mdz online, Mendoza
Cuando el presidente Juan Manuel Santos
llegó a la presidencia en 2010 muy probablemente no se imaginó que
pasaría a la historia como el artífice de la paz en su país, cosa que
varios de sus predecesores intentaron sin éxito. En 1.981 Julio César
Turbay, en 1.982 Belisario Betancur, en 1.988 Virgilio Barco, en 1.991
César Gaviria y en 1.998 Andrés Pastrana, intentaron infructuosamente
acercamientos y acuerdos[1].
El acuerdo al que se ha arribado en La
Habana, luego de cuatro años de negociaciones, y a firmarse en Cartagena
de Indias el 26 de Setiembre, es tan complejo y completo como
ambicioso. Pretende revertir una situación de extrema desigualdad y
pobreza en extensas zonas del país en donde el estado ha estado ausente
prácticamente desde la independencia misma del país. Vastas zonas del
país carecen de infraestructura vial, escuelas, hospitales, presencia
policial, por dar unos ejemplos.
Quien haya visitado Cartagena de Indias y
visto la ciudad desde el cerro La Popa, habrá podido apreciar el gran
contraste entre la ciudad moderna, repleta de turistas de todo el mundo,
y las laderas del cerro abarrotadas de casas de una precariedad
inimaginable. Es en esa zona de Cartagena donde pululan las llamadas
‘ollas' de la droga y todo tipo de manifestación de marginalidad y
exclusión social. Esta imagen se repite en muchos lugares del país. Así,
el observador atento comprende, aunque de ningún modo tenga
justificación, la violencia en un país tan rico pero en el que la
inequidad es el pan de cada día. Son esas abismales diferencias entre la
población las que llaman poderosamente la atención. Según las
estadísticas oficiales, el 1 % de la población es dueña del 60% de la
tierra cultivable del país , y esas tierras fueron en gran parte,
obtenidas gracias al despojo de millones de campesinos obligados
violentamente a hacer abandono de sus tierras[2].
Según Carlos Altieri, sólo 9.200 personas de un total de 49 millones de
habitantes, son dueñas del 65 % de los depósitos bancarios del país; el
60 % de los trabajadores lo son en condiciones de informalidad y sólo
el 35 % de ellos tienen plan jubilatorio[3].
En suma, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y según
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), uno de
los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. Según dicho organismo
de la ONU, Colombia registra un coeficiente de Gini, que mide la
desigualdad, del 0,85 (la cota máxima es uno), de los más altos de
Latinoamérica[4].
Esta situación, que se prolonga desde casi el nacimiento mismo de la
república, se ha traducido en los conflictos sociales y violencia que
conocemos. Esta realidad, sumada a un estado ausente en vastas regiones
del país, como los departamentos aledaños al Pacífico o La Guajira, y a
un secular conflicto entre conservadores y liberales -las tendencias
políticas más antiguas y arraigadas del país-, dieron origen a este
sangriento y atroz conflicto que ha dejado ya más de 300.000 muertos y
alrededor de ocho millones de desplazados, convirtiendo a Colombia,
según el ACNUR, en uno de los países, junto con Siria, con mayor número
de desplazados del mundo[5].
Es a este conflicto armado, el único de
sus características aún subsistente en el continente, que los Acuerdos
de Paz, pretenden poner fin.
El diálogo entre el gobierno y las
FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del
Pueblo) comenzó oficialmente en La Habana, en 2012, aunque fue precedido
de contactos informales desde 2010, justo el año en que Juan Manuel
Santos asumió la presidencia. Noruega y Venezuela son países garantes
del acuerdo y Chile y Ecuador países acompañantes. El pasado 24 de
Agosto se anunció formalmente la finalización de los diálogos y se dio a
conocer el texto completo de los Acuerdos de Paz (el texto oficial
consta de 297 páginas). El próximo lunes 26 de Septiembre, en Cartagena
de Indias, con la presencia del Secretario General de la ONU, Ban
Ki-moon y presidentes y jefes de estado de todo el mundo, se firmarán
esos acuerdos, con la formalidad y solemnidad que el evento merece.
Pero, aunque parezca obvio decirlo, la sola firma no es garantía de
nada. A partir de ese momento comenzará el verdadero desafío, un proceso
que llevará años. ¿Y si en el ínterin cambia el signo político del
gobierno? Es por eso que dicho acuerdo necesita de una refrendación la
que tendrá lugar el próximo 2 de Octubre mediante un plebiscito y la
introducción de cláusulas constitucionales con lo cual se pretende dar
el marco legal a fin de garantizar que los futuros gobiernos sean
continuadores de este gran acuerdo, que no es el mejor ni el más
perfecto, pero sí el único posible que llevará nada más y nada menos a
que la guerrilla marxista abandone las armas y la violencia. ¿Existen
riesgos? Claro que sí. Pero, como dijo Mario Vargas Llosa, de la única
forma que sabremos si el acuerdo funciona es poniéndolo en práctica[6].
Entrando al análisis del acuerdo, aunque no en profundidad, lo cual
excedería en mucho el propósito de este trabajo, digamos que el texto de
lo acordado está dividido en un preámbulo y seis partes. Llama
gratamente la atención lo ambicioso de los términos y objetivos que se
persiguen y, además, el espíritu de inclusión y unión nacional que
impregna cada una de sus cláusulas. Es destacable también la perspectiva
de género del acuerdo, ya que se pone a hombres y mujeres expresamente
en igualdad de condiciones para la obtención de créditos, la compra de
tierras, acceso a salud, trabajo, etc. Tan ambiciosos son sus objetivos
que yo diría que estamos ante casi una refundación de la república. Sin
duda, estamos ante un momento histórico del país caribeño.
Teniendo en consideración la situación del campo, las partes acordaron en primer lugar una "reforma rural integral".
Se pondrán a la venta en condiciones muy ventajosas para los
campesinos, subsidios mediante, parcelas en superficies cultivables
alcanzando la extensión de tres millones de hectáreas. Por otro lado,
diez millones de hectáreas en manos de campesinos sin títulos de
propiedad, serán regularizadas. También se otorgarán planes sociales a
fin de reducir la pobreza rural en el corto plazo y eliminarla por
completo en el término de diez años. Pero no se trata solamente de
entregarle tierra al que no tiene, sino de darle "acceso integral", esto
es, que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica
y apoyo para la comercialización (de lo producido), entre otros", como
dijo Humberto de la Calle, el representante del gobierno colombiano en
los diálogos de paz de La Habana, en su discurso de presentación del
texto acordado[7] El segundo punto de lo acordado se refiere a la participación política
que significará la incorporación de las FARC a la vida política del
país mediante la creación de nuevos partidos políticos. Desde 2018, año
en que se renueva el actual congreso, serán incorporados representantes
de la guerrilla, cinco escaños en la Cámara de Senadores y cinco en la
Cámara de Representantes, con voz, pero sin voto, durante dos mandatos.
Luego dichos escaños serán sometidos a votación, como los representantes
de cualquier otro partido político.
El tercer punto es el referido al Cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y "dejación" de las armas.
De hecho ya existe un cese al fuego bilateral, y ese es ya un resultado
plausible y concreto de los diálogos de paz. En este punto, altamente
sensible, las partes han acordado intercambio de información de manera
gradual, mecanismos de monitoreo en el terreno y la participación en el
control del desarme y cese de hostilidades de la ONU con efectivos
proporcionados mayormente por los países latinoamericanos. A partir de
la firma del acuerdo, el día 26 de setiembre, y en el supuesto caso de
que en el plebiscito fijado para el 2 de octubre, ganara el "sí", se
abre un período de seis meses, plazo durante el cual los guerrilleros
que adhieran al proceso de paz (lo deseable es que todos lo hagan) se
desmovilizarán y concurrirán a las llamadas "zonas veredales" donde
permanecerán el tiempo que sea necesario para verificar estado de salud,
entrega de documentación personal, y aspectos prácticos como vivienda,
ropa y todo lo necesario para su reincorporación a la vida civil. Al
ingresar a esas zonas de concentración los guerrilleros harán entrega a
miembros de la ONU del armamento y municiones que dispongan. Las zonas
de concentración son 23 y están repartidas por todo el territorio
nacional.
El cuarto punto es el referido a las drogas ilícitas.
No olvidemos que las Farc, como todo grupo insurrecto, se han
financiado durante todos estos años, principalmente, con el tráfico de
drogas ilícitas, su producción y comercialización. Es a esta actividad
que se pretende poner fin mediante la erradicación y sustitución de los
cultivos de hojas de coca. El programa incluye, además de diálogo con
los campesinos productores de cultivos ilícitos, políticas públicas de
asistencia a los consumidores de drogas.
El quinto punto se refiere a las víctimas del conflicto. Se trata de un verdadero "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", incluyendo la Jurisdicción Especial
para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos. Se
trata de uno de los aspectos más polémicos del acuerdo ya que sus
detractores (entre ellos el expresidente Álvaro Uribe) sostienen que se
trata de un verdadero pacto de impunidad para quienes cometieron
crímenes atroces. Para llegar a una solución satisfactoria para ambas
partes se ha tenido que recurrir a un mecanismo especial de justicia
llamado "justicia transicional". Era obvio que ante la mera posibilidad
de recibir penas severas que implicaran la pérdida de la libertad la
guerrilla no aceptaría ningún acuerdo. Pero al ser Colombia uno de los
países firmantes del Tratado de Roma, por el cual se crea la Corte Penal
Internacional, no podía dejar sin castigo alguno los delitos cometidos
durante el largo conflicto, so pena de quedar expuesta ante la comunidad
internacional y sin su fundamental apoyo. El gobierno colombiano ya
recibió un guiño por parte de la CPI pero fuertes críticas de Human
Rights Watch. "Noto con satisfacción que el texto final del acuerdo
de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma", dijo el Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda[8].
La justicia transicional a la que se
recurre para solucionar el conflicto consiste en la aplicación de penas
vistas por los críticos del acuerdo como muy leves; se trata de penas
alternativas sin restricción completa a la libertad de movimiento tales
como servicios a la comunidad y prisión domiciliaria. Dichas normas
alcanzan a los miembros del ejército y a los desmovilizados de las Farc.
Quienes reconozcan y confiesen sus delitos y colaboren con los
organismos de investigación (tribunales especiales) recibirán esas penas
morigeradas. Quienes no lo hagan se exponen a penas de cárcel de entre
cinco y ocho años. De no ser así, ¿las partes hubieran llegado a la
solución a la que se ha arribado? Human Rights Watch sostiene que "Castigar' a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado" y que "la comunidad internacional no debería hacer la vista gorda ante esta fachada de justicia en nombre de la paz" sostuvo José Miguel Vivanco, director para las américas de HRW[9].
Éste es el argumento más fuerte en contra de los acuerdos. Pero, como
sostuve anteriormente, de otro modo la guerrilla jamás se hubiera
avenido a entregar las armas y abandonar definitivamente la lucha
armada. Podrían haber transcurrido cincuenta años más de guerra,
atentados, muertes, desapariciones, desplazamientos forzados, etc. y la
guerrilla, por su propia estructura, jamás hubiera sido completamente
derrotada. Con todo, y a pesar de las penas leves con las que se los
amenaza, algunos "frentes" o células de las Farc ya han adelantado que
no se desmovilizarán. Y aún queda otro grupo subversivo, el ELN
(Ejército de Liberación Nacional), menos numeroso que las Farc, aunque
con gran poder de fuego. Este grupo se ha financiado también con el
narcotráfico aunque también ha recurrido a la extorsión y al secuestro.
En la actualidad cuenta con varios secuestrados en su poder. El
presidente Santos ha adelantado su intención de invitar formalmente al
ELN a negociar la paz, pero les ha puesto como condición sine qua non
la liberación total de las personas en situación de cautiverio. De modo
que para que en Colombia haya una paz completa y definitiva queda un
largo camino lleno de imprevisibles dificultades que se tendrán que ir
solucionando sobre la marcha. Pero para que haya una paz total, habrá
que desterrar además las causas que la originaron, es decir, la
inequidad y la desigualdad entre los colombianos y el estado ausente de
extensas zonas del territorio nacional sumidas en la pobreza. Es de
esperar que los ingentes recursos que hasta ahora fueron destinados al
financiamiento de armamento y logística para combatir a la guerrilla,
puedan de ahora en más ser destinados a salud, educación e
infraestructura[10]. Días históricos vive Colombia y la América Latina toda y el mundo tienen fundados motivos para celebrar.
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