Víctor Pavón indica que lo legal no significa
justicia y que hay que tener mucho cuidado cuando se trata de realizar
una reforma constitucional, de que esta no sirva para constituir una
nueva forma de gobierno que atente contra los derechos individuales.
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Se está hablando cada vez más de la reforma constitucional.
En caso de llevarse a cabo la misma, total o parcial, el electo poder
constituyente reunido en Convención deberá estar compuesto por
ciudadanos que no forman parte del poder constituido actual. Esto
significa que ninguna persona desde el presidente de la República y los
ministros de los demás poderes, pasando por los senadores, diputados,
intendentes, concejales municipales y departamentales, así como
gobernadores, no podrán forma parte como constituyentes.
Esta condición no solo es necesaria sino ineludible si se pretende hacer una genuina reforma de la ley fundamental. Porque de eso se trata al final de cuentas. De dar más poder o menos poder al Estado mediante sus órganos de ejecución, cualquiera sea. De lo que se delibera, en suma, consiste en hacer valer la libertad sobre el poder y no al contrario, puesto que tanto la libertad como el poder se encuentran en permanente enfrentamiento.
La libertad del ciudadano frente al poder de los gobernantes requiere de fundamentos sólidos, los cuales se encuentran en la filosofía liberal de los derechos individuales de la vida, la libertad y la propiedad. La vida ciertamente es el origen de todos los derechos, pero son la libertad y la propiedad los únicos modos de llevarla a la práctica. Si no se tiene derecho al resultado del esfuerzo no se podrá sustentar la vida y, el que no puede disfrutar de aquel esfuerzo no es más que un esclavo.
Se podrá discutir acerca de si la reforma será total o parcial. Estas dos situaciones, sin embargo, son apenas una anécdota si previamente no se visualiza la madre de las batallas: la libertad requiere ciertamente de un orden político, pero no cualquier orden, ni cualquier poder.
Desde el momento en que el ser humano se decidió hace miles de años a salir de su estado de naturaleza para vivir en la sociedad política, el poder se convirtió en el deseo de ambición más peligroso que haya existido sobre la faz de la tierra, ya sea para esclavizar o vivir a costa de los demás. En el presente, la esclavitud como se la practicaba no es posible; pero, el hecho de que algunos pretendan vivir a costa de los demás haciendo uso y abuso de sus privilegios también se ha convertido en el presente en una nueva forma de esclavitud, sólo que ahora se ha legalizado.
Pero ocurre que lo legal no significa justicia. La Constitución, entendida como un pacto de paz y respeto por los derechos individuales deberá tomar nota de ello. Tenían legalidad los reyes de antaño, así como la Inquisición, las cámaras de gas de la Alemania nazi y cuanto dictador haya existido, pero ninguno era de justicia. Esta diferencia es trascendental: la Constitución para que sea legal primero deberá ser justa.
Y para que sea justa, el poder deberá estar no solo controlado, sino también dividido y permanentemente vigilado, caso contrario, el poder se desborda sin contención. No es un error, por ende, hablar de una dictadura del Ejecutivo o del Parlamento y hasta de ambos en plenas democracias. De ahí que para evitar la destrucción de la libertad en manos del poder, el documento constitucional deberá ser confeccionado o reformado por personas que no forman parte del poder.
Ocurre que el poder constituido, el conformado por los que hoy fungen de gobernantes, se las tendrán que ver con aumentar sus poderes o disminuirlos, y clara está, la consecuencia no será más que legislar a favor de sus propios intereses y ambiciones. No fue en vano que Gunning Bedford de Delaware, en ocasión del estudio de la Constitución norteamericana, haya dicho al pararse frente a la Convención: “Caballeros, no confío en ustedes”.
Esta condición no solo es necesaria sino ineludible si se pretende hacer una genuina reforma de la ley fundamental. Porque de eso se trata al final de cuentas. De dar más poder o menos poder al Estado mediante sus órganos de ejecución, cualquiera sea. De lo que se delibera, en suma, consiste en hacer valer la libertad sobre el poder y no al contrario, puesto que tanto la libertad como el poder se encuentran en permanente enfrentamiento.
La libertad del ciudadano frente al poder de los gobernantes requiere de fundamentos sólidos, los cuales se encuentran en la filosofía liberal de los derechos individuales de la vida, la libertad y la propiedad. La vida ciertamente es el origen de todos los derechos, pero son la libertad y la propiedad los únicos modos de llevarla a la práctica. Si no se tiene derecho al resultado del esfuerzo no se podrá sustentar la vida y, el que no puede disfrutar de aquel esfuerzo no es más que un esclavo.
Se podrá discutir acerca de si la reforma será total o parcial. Estas dos situaciones, sin embargo, son apenas una anécdota si previamente no se visualiza la madre de las batallas: la libertad requiere ciertamente de un orden político, pero no cualquier orden, ni cualquier poder.
Desde el momento en que el ser humano se decidió hace miles de años a salir de su estado de naturaleza para vivir en la sociedad política, el poder se convirtió en el deseo de ambición más peligroso que haya existido sobre la faz de la tierra, ya sea para esclavizar o vivir a costa de los demás. En el presente, la esclavitud como se la practicaba no es posible; pero, el hecho de que algunos pretendan vivir a costa de los demás haciendo uso y abuso de sus privilegios también se ha convertido en el presente en una nueva forma de esclavitud, sólo que ahora se ha legalizado.
Pero ocurre que lo legal no significa justicia. La Constitución, entendida como un pacto de paz y respeto por los derechos individuales deberá tomar nota de ello. Tenían legalidad los reyes de antaño, así como la Inquisición, las cámaras de gas de la Alemania nazi y cuanto dictador haya existido, pero ninguno era de justicia. Esta diferencia es trascendental: la Constitución para que sea legal primero deberá ser justa.
Y para que sea justa, el poder deberá estar no solo controlado, sino también dividido y permanentemente vigilado, caso contrario, el poder se desborda sin contención. No es un error, por ende, hablar de una dictadura del Ejecutivo o del Parlamento y hasta de ambos en plenas democracias. De ahí que para evitar la destrucción de la libertad en manos del poder, el documento constitucional deberá ser confeccionado o reformado por personas que no forman parte del poder.
Ocurre que el poder constituido, el conformado por los que hoy fungen de gobernantes, se las tendrán que ver con aumentar sus poderes o disminuirlos, y clara está, la consecuencia no será más que legislar a favor de sus propios intereses y ambiciones. No fue en vano que Gunning Bedford de Delaware, en ocasión del estudio de la Constitución norteamericana, haya dicho al pararse frente a la Convención: “Caballeros, no confío en ustedes”.
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